Incógnita sobre el cronograma de audiencias previstas tras la feria judicial en Entre Ríos

Tribunales

Edificio del Poder Judicial en Paraná.

De ANÁLISIS

En esta pieza se relatará el camino, sin resultados esperados, para intentar conseguir el cronograma de audiencias previstas tras la feria judicial en Entre Ríos. Se trata de una información de carácter público que no está disponible desde el Poder Judicial.

Sin intención de provocar enfados con personas particulares que están de turno y, de una u otra manera, responden a los requerimientos -este medio trabaja con personal del Poder Judicial durante todo el año-, se contarán a continuación las dificultades para conseguir formalmente información que debería estar disponible para todo público.   

El jueves 14 de enero, a las 7.40 de la mañana, ANÁLISIS hizo el primer contacto con un agente del Poder Judicial provincial para pedir la agenda pública de audiencias sobre corrupción en los meses de febrero y marzo. La solicitud fue respondida casi seis horas después. La persona se puso a disposición para facilitar la gestión de la información, e incluso, al día siguiente, se comunicó directamente con personal de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA).

En simultáneo, esa misma mañana del 14 de enero, este medio llamó en distintas oportunidades al teléfono de línea de la OGA y al teléfono de recepción del Poder Judicial, sin obtener respuesta.

Al día siguiente, el 15 de enero, el agente con quien se contactó este medio en primera instancia fue directamente a la oficina de OGA. “Hay un problema técnico con teléfonos, quizás por eso no pudiste comunicarte. Me sugieren que la semana que viene hables con la persona que estará a cargo de OGA. De todos modos mando un mail asentando tu pedido y te paso el teléfono de esa persona para que puedas comunicarte directamente el lunes”, se respondió.

El lunes siguiente, 17 de enero, ANÁLISIS llamó al número ofrecido y reiteró el pedido: conocer el cronograma de audiencias públicas en Paraná, sobre corrupción, previstas para febrero y marzo. “No puedo pasarte esa información ahora porque estamos en feria, atendiendo cuestiones urgentes que básicamente son amparos. Te recomiendo que llames la semana que viene que estará de turno la persona que tenía a cargo la agenda, de cualquier cosa te voy avisando cuando termine la tarea en la cual estoy”, se contestó.

La comunicación siguió vía whatsapp. Las respuestas fueron las siguientes: "Como te adelanté, en febrero no hay audiencias fijadas en causas de corrupción". Este medio ya estaba en conocimiento sobre algunas audiencias agendadas para ese mes. Se repreguntó por marzo y la contestación fue la siguiente: "Perdón, te informé mal, estaba en otro Lex, tenemos 5 Lex en el organismo. Dame un poco más de tiempo y te aviso".

Posteriormente se contó: "Hay 131 audiencias fijadas en febrero de Garantías, apelaciones y juicio. Tendría que ver de ahí las de corrupción. Me va a llevar tiempo, te pido paciencia porque estamos atendiendo cuestiones urgentes en feria y no cuento con personal para que me dé una mano con eso. Tenemos reducido el personal por la emergencia. Mañana si tengo más liberado voy avanzando".

La comunicación se retomó este jueves 21, a las 20. "Te expliqué las razones de lo que tuvimos esta semana. Ustedes hagan la nota que crean conveniente", se indicó, tras el anuncio de la publicación. La agenda de audiencias públicas debe estar cargada en la web del Poder Judicial entrerriano y disponible para el público general.

Con amabilidad, el empleado judicial continuó su explicación. "La directora me dijo que está cargado hasta diciembre porque la persona que se encarga de esa tarea tuvo un accidente laboral en diciembre, se vio afectada y no pudo hacerlo. Además, las cargas se hacen durante el mismo mes o mes anterior porque las audiencias se van suspendiendo y es una carga manual. De todas maneras a esa persona le dieron el alta. No trabajó en la feria pero le dieron el alta. Y se ofreció a hacer la carga mañana, al menos de las audiencias de corrupción, que es una carga manual. De todas maneras, si ustedes publican la nota háganlo como consideran. Expliqué que en feria no atendemos estas cuestiones, no tenemos personal y ese trabajo en mi caso no lo hacía, y tampoco sé cómo se hace. Tampoco pude revisar cada una de las sentencias para informar, y no tuve personal que me ayude con ello. Entraron amparos así que estuvimos avocados a eso", completó.

Treppo y Robles

El mismo 14 de enero, ANÁLISIS tuvo contacto con un agente fiscal que pudo adelantar algo de lo que vendrá en febrero. Si bien el Ministerio Público Fiscal (MPF) no es el organismo que sistematiza y hace pública la agenda de audiencias.

Se informó a este medio que el 11 de febrero, está previsto que se retome la audiencia de remisión a juicio -que actualmente está en cuarto intermedio por un planteo defensivo de incompetencia que el STJ ya rechazó-, por los sobreprecios en las cuadras de asfalto del plan nacional “Más Cerca”.

Foto ANÁLISIS

El intendente de Seguí está acusado de haber pagado más de $1.000.000 por cuadra asfaltada.

La causa que se está remitiendo a juicio inició en 2016, a raíz de la denuncia del bloque de concejales de Cambiemos de la localidad. La obra tuvo un presupuesto de más de $20 millones, cifra que para la Fiscalía estaría inflada entre los $9,5 millones y los $13 millones.

En el legajo de remisión de la causa a juicio, los fiscales sostienen que cuentan con “elementos de cargo suficientes de cara a sostener acusación penal en instancia de debate oral contra los imputados”.

Los acusados, además del ex intendente de Seguí y actual titular de la Unidad Ejecutora Provincial, Cristina Treppo, son: la ingeniera en construcciones Carina Zapata, que fue contratada por el municipio para proyectar la obra; el contador municipal Darío Alexis Monzón; el titular de la empresa Organización Industrial Construcciones SA (OICSA), a quien se adjudicó la obra, Daniel Aníbal Hereñú; al ingeniero de la firma, Hernán Roberto Barrera; el apoderado de la empresa constructora, Néstor Alejandro Hereñú; y al vicepresidente segundo de la delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, Néstor Iván Szczech.

Desde el miércoles 17 de febrero está agendada la audiencia de juicio en la causa que tiene como principal imputado al ex intendente de Crespo, Ariel Jesús Robles. El ex jefe comunal enfrenta una expectativa de pena de 4 años. Está imputado por el presunto delito de peculado en la causa en la que se investiga irregularidades en el uso de subsidios entre diciembre de 2014 y septiembre de 2015.

Junto a Robles, también fueron imputados en la misma causa y por el mismo delito el exsecretario de Gobierno, Jorge Jesús Waigel; y la exsecretaria de Hacienda y Economía, contadora Leonor Evangelina Winderholler. Los tres están acusados de haber manejado de forma irregular y discrecional los subsidios para personas de bajos recursos, tramitación en la que no se habrían respetado las Ordenanzas municipales que regulan su otorgamiento. La sospecha es que los aportes fueron entregados para “uso proselitista”.

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