Continúa el intercambio de fundamentos jurídicos contrapuestos entre el juez Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuán en la investigación que se abrió contra Victoria Donda, quien encabeza el Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) a raíz de que fuera denunciada por ofrecerle un cargo público a su empleada doméstica para solucionar un diferendo laboral privado.

Hoy por la tarde Casanello rechazó el segundo pedido de indagatoria hecho por Marijuán y reasumió la investigación que desde el comienzo había delegado en el fiscal. La decisión de Casanello fue acompañada de la orden para realizar dos medidas de prueba que considera necesarias para seguir con la investigación.

En diciembre pasado Donda fue denunciada por Fernando Zarabozo, abogado de Arminda Banda Oxa, una mujer de 62 años que trabajó en la casa de la funcionaria durante 14 años. En la denuncia se señalaba que “Oxa había sido empleada de la ex Diputada desde el 1° de marzo de 2007, cumpliendo tareas domésticas en el domicilio de aquélla. Que, una vez iniciada la cuarentena dispuesta por el Poder Ejecutivo como consecuencia de la pandemia del Covid-19, Donda pretendió desvincular su relación laboral, intentando que aquella renunciara por su propia voluntad y de manera unilateral, ofreciéndole en dicha oportunidad, en caso de acceder a ello, a la percepción de un subsidio o de un cargo en el INADI, siendo que tales circunstancias la eximirían de pagar la indemnización correspondiente por despido injustificado”. También se denunció que Donda registró a la empleada recién en 2014 a pesar de que la relación laboral había comenzado en 2007. Banda Oxa inició, por otra parte, una demanda laboral contra Donda.

Cuando impulsó la investigación penal sobre Donda, Marijuán había señalado que debía investigarse a Donda por “…haberse interesado ilícitamente, por fuera del interés estatal, y abusando de su carácter de Interventora del INADI, en la obtención de un plan social o contrato en el citado organismo en favor de la señora Arminda Banda Oxa, con el objeto de que ésta presentara la renuncia a la relación laboral que la vinculaba como empleada doméstica en su domicilio particular”.

Luego de tomar algunas declaraciones el fiscal pidió la indagatoria de Donda porque “resulta inequívoco el beneficio que la imputada pretendía obtener al ofrecer gestionar a la Sra. Banda Oxa un contrato en el INADI, organismo que se encontraba a su cargo, o un plan social, y esto es, tal como se viene sosteniendo, la posibilidad cierta y concreta de dar por finalizada toda pretensión de reclamo laboral por la deuda existente en cabeza de la imputada”.

Hace dos días Casanello rechazó aquel pedido de Marijuán y señaló no se podía encuadrar la investigación en ninguno de los tipos penales que había considerado el fiscal que se cumplían en el caso. El juez había concluido: “En definitiva, el problema que observamos es que no existe -o no se ha explicitado en el dictamen fiscal- un acto funcional que concrete el desvío de poder presuntamente adelantado en las conversaciones entre Donda Pérez y su ex empleada”. Casanello le devolvió la causa a Marijuán.

Luego de eso el fiscal insistió con el pedido y señaló: “Específicamente se estimó probado que la mencionada Donda Pérez abusando de su condición de funcionaria pública, como Interventora del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo -INADI- ofreció a la Sra. Arminda Banda Oxa un cargo en el citado organismo o un plan social, a cambio de su renuncia como empleada doméstica en el domicilio particular de la imputada, evitando con ello afrontar un reclamo indemnizatorio producto de ese vínculo laboral de carácter personal”. Y luego de recordar que la investigación había sido delegada y por ende era el fiscal el que tenía a su cargo investigar el caso, le envió el expediente a Casanello.

Casanello recibió el expediente y reasumió la investigación por lo tanto es quien la dirige ahora. En la misma resolución el juez emitió una orden de presentación para que el INADI informe si se ha registrado alguna “resolución, acto administrativo, contrato el comienzo de alguna gestión pública para contratar” a Banda Oxa. Hizo un pedido similar al ministerio de Desarrollo Social para saber si en algún momento se inició algún trámite para que Banda Oxa fuera favorecida con un plan social o con cualquier otro beneficio similar.

El juez considera que la investigación debe profundizarse y por eso ordenó las medidas de prueba.

Fuente y foto: Infobae