El expresidente de Sidecreer Juan José Canosa debe justificar un enriquecimiento patrimonial superior a los 500 mil dólares, de acuerdo con la imputación que le hicieron los fiscales en la indagatoria que tuvo lugar el viernes. La acusación se extiende a su esposa, la defensora pública Paula Montefiori en su calidad de partícipe del supuesto ilícito.

Según pudo reconstruir Página Judicial, en su exposición ante los fiscales Juan Francisco Malvasio y Santiago Brugo, el ex funcionario hizo una breve declaración en la que manifestó su voluntad de colaborar con la investigación, pero rechazó de plano la imputación y dijo ser víctima de una persecución política. Su esposa, en tanto, se abstuvo de declarar.

Sin embargo, la investigación entró en una especie de stand-by ya que está pendiente una pericia contable que determine fehacientemente el patrimonio del matrimonio. Los fiscales le atribuyen a Canosa y Montefiori un enriquecimiento patrimonial no justificado de alrededor de 512 mil dólares, que darían unos 567 millones de pesos a valores históricos. Pero esa cifra surge de un informe elaborado por un contador del Ministerio Público Fiscal y por eso ha sido objetado por los abogados defensores. Para saldar esa cuestión es que se ha encargado una pericia oficial a cargo de un contador del Superior Tribunal de Justicia (STJ). Eso aún está pendiente y ni siquiera se ha designado al perito que deberá analizar la información colectada en el legajo.

De hecho los abogados defensores habían solicitado que se declare la nulidad del llamado a prestar declaración de imputado de Canosa y Montefiori hasta que estuviera lista la pericia. Pero el planteo fue rechazado por la jueza de garantías.

El abogado Miguel Cullen, uno de los defensores de Canosa, cuestionó el llamado a indagatoria sin tener una pericia contable que determine el patrimonio, en medio de un proceso electoral, y aseguró que “constituye una clara vulneración al derecho de defensa porque ni siquiera sabemos si existe una analogía entre el patrimonio que se les atribuye y lo que ellos declaran en función de sus ingresos”. La suspensión que tendrá la causa, precisamente hasta la realización de la pericia, parece darle la razón en cierto punto.

Después el defensor, en línea con lo que declaró el propio Canosa ante los fiscales, sostuvo que “existe el lawfare, pero en este caso estamos ante un law-hunting, una verdadera cacería judicial”.

Enriquecimiento ilícito: está prevista la indagatoria a Canosa y su esposa

Lo que se investiga

Canosa ejerce como abogado desde el año 2000 e integró un estudio jurídico con Daniel Elías, ex presidente de la Caja de Jubilaciones; luego fue asesor legal del ex diputado provincial Raúl Taleb e ingresó a la administración pública en diciembre de 2003, como Secretario Legal y Técnico del Ministerio de Gobierno. Dio un salto cuando fue designado como interventor ad-honorem de Líneas Aéreas de Entre Ríos (LAER) desde 2004 hasta 2007 y luego fue presidente de Sidecreer desde 2007 hasta 2015.

En septiembre de 2018, fue condenado por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública por haber direccionado contrataciones con empresas que pertenecían a personas allegadas o parientes mientras era presidente de Sidecreer.

Esa condena y la investigación en curso por enriquecimiento ilícito motivaron el desplazamiento de su esposa, Paula Montefiori, que en ese momento se desempeñaba como defensora pública, cargo al que luego accedió nuevamente por concurso.

El delito de enriquecimiento ilícito castiga a aquel funcionario que “al ser debidamente requerido no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo”. Se trata de constatar si el patrimonio del funcionario, durante el período en que ejerció un cargo público y hasta dos años después, registró un incremento que no se condice con los ingresos que legítimamente haya percibido; y la investigación se extiende a determinar si los integrantes del grupo familiar intervinieron para disimular ese enriquecimiento.

Canosa fue denunciado en diciembre de 2016 por el entonces senador radical Raymundo Kisser y los diputados de Cambiemos Alberto Rotman, Esteban Vitor, Gabriela Lena y María Alejandra Viola. Señalaron que “posee una lujosa residencia en la zona del camino a la Toma Vieja de la ciudad de Paraná con pileta de invierno (calefaccionada) incluida” y “disfruta viajar mucho a lugares caros y lujosos. Veraneó en Buzios, en el Conrad de Punta del Este, en los centros de esquí de Las Leñas y Ushuaia, en compañía de su esposa, sus hijas y una niñera, todo en avión, en hoteles cómodos y lujosos o con todo incluido”.

La casa en la zona de la Toma Vieja está emplazada en un terreno de 1.430 metros cuadrados; la construcción se inició en 2006 y el matrimonio Canosa-Montefiori recibió un crédito de 140.000 pesos del Banco Hipotecario, según ha dicho el ex funcionario, aunque los fiscales creen que la inversión es varias veces superior a esa cifra.

Canosa ha reconocido además que es dueño de un departamento ubicado en calle Urquiza 1540 de Paraná, que adquirió con su esposa en el año 2004, en 220 cuotas, a través de un Plan Pilay.

Sin embargo, durante la investigación, los fiscales detectaron inversiones millonarias que Canosa habría realizado en mutuales y financieras y que no constaban en las declaraciones juradas que presentó mientras fue funcionario público. Por eso ampliaron la imputación a su esposa, que el último viernes se presentó a la indagatoria asistida por el abogado Andrés Bacigalupo y se abstuvo de declarar.

Por ejemplo, descubrieron un aporte de 920.000 pesos que habría realizado en la Mutual 10 de Abril mediante un cheque del Banco Santander Río y otro de 100.000 dólares con un interés del 15 por ciento anual a su favor. También se detectaron inversiones por sumas de entre 300.000 y 400.000 pesos en la Asociación Mutual del Personal del Club Atlético Pilar (Amcap), que habría realizado entre abril y noviembre de 2016, y otras cuyos montos no han trascendido; sumado a la adquisición de cuatro lotes de 1.424 metros cuadrados en el complejo turístico Interlagos, en María Grande.

Los defensores, sin embargo, han cuestionado esa prueba porque aseguran que no existen recibos ni documentos esa acusación, más allá de planillas de Excel que había en las computadoras secuestradas en las mutuales en cuestión.