de ANÁLISIS

La procuradora Adjunta y fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, actualmente suspendida en el cargo sostuvo que “la decisión de abrir este jury es una decisión política, no tiene nada de jurídico”. Adelantó que, tras el rechazo del recurso extraordinario federal interpuesto ante el Superior Tribunal de Justicia, irán en queja a la Corte Suprema: “Porque estamos esperando que alguien intervenga en esta causa desde la perspectiva de lo jurídico”, sentenció. Y dijo que aguardan la resolución del Jurado de Enjuiciamiento sobre su descargo a la acusación que formuló el fiscal ad-hoc Gastón Justet.

“Se está aproximando el momento del debate. La semana pasada contestamos la acusación que formuló el abogado Justet y ahora el jury tiene que resolver varios planteos que hicimos, entre ellos recusaciones. En primer término, recusamos al vocal del Superior Tribunal Juan Ramón Smaldone y al acusador ad-hoc que pusieron para este jury, que es señor Justet. Hemos considerado que ninguno de los dos garantiza las condiciones que tiene que satisfacer para estar en el jury. Luego, debe resolver un planteo de nulidad que hicimos, y por último qué pruebas se van a admitir para ese proceso, y luego la audiencia pública”, detalló al programa Fuera de Juego (Somos Gualeguaychú).

En esa línea, al ser consultada sobre cómo la información iba siendo publicada en los medios sin estar ella notificada, reiteró: “Este proceso es absolutamente irregular desde el inicio; mientras iba tomándose la decisión de la apertura del enjuiciamiento yo estaba como acusadora en este debate oral y público tan importante (N. de R: el megajuicio), y creo que fue un poco lo que motivó que fuera adelantándose esa información y se fuera difundiendo. El interés en ir erosionando lo antes que se pudiera esa actividad. Los primeros días de noviembre se estaba diciendo que ya estaban los votos necesarios para la apertura del jury, y terminaron resolviendo el 30 de noviembre”.

“Pero esa es una irregularidad”, advirtió, y continuó: “Después, con esa decisión de apertura del jury, deciden incumplir 3 leyes provinciales y la Constitución provincial que establecen que, como en todo juicio, hay personas que tienen que intervenir porque lo dice la ley. Entre ellas están los jueces, que son los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento, en este caso, pero también el fiscal. Las leyes dicen quién es el fiscal, no podemos importarlo de otra provincia o sacarlo de un listado que tengamos. Lo tenemos que resolver como dice la ley. Acá consideraron que eso no los satisfacía, que no les daba la garantía de que se produzca la acusación y entonces decidieron suplantar al Ministerio Público Fiscal como órgano interviniente en el jury y resolvieron designar a alguien de un listado que se hace todos los años para los casos en que se agota la lista de jueces del STJ y sea necesario nombrar un conjuez”.

Denegaron recurso federal a Goyeneche, en el marco del amparo contra el Gobierno

Además, dijo, “resolvieron la apertura del jury por una causal absolutamente inexistente y que no explican, y además de eso una suspensión en el ejercicio del cargo que no tiene ninguna motivación ni razonabilidad, no se da ninguno de los casos que prevé la normativa. Pero decidieron de todos modos suspenderme, evidentemente con otra intención, que tiene que ver con que había una causa de corrupción muy importante como no ha habido otro juicio en la provincia y ésta hacía que se hiciera todo lo necesario para tratar de perjudicar esta causa, algo en lo que finalmente fueron bastante ineficientes en lograrlo porque esta semana estamos esperando la sentencia”.

Sobre la causa por el megajuicio fue consultada también Goyeneche respecto a si consideraba que hay pruebas contundentes por parte de la Fiscalía: “Sí, si, absolutamente. Nunca podemos saber hasta que no sepamos cómo resolvieron los jueces, cómo interpretaron ellos, qué es lo que vieron y qué consideran realmente relevante. Desde la perspectiva de los fiscales, y hasta el momento en el que yo estuve en el juicio y luego lo que pude ver siguiéndolo, me parece que no hay ninguna duda, que las causas están muy probadas, con mucha cantidad y calidad de pruebas y esto es lo que preocupa tanto”.

Al respecto, recordó que “estas causas estaban remitidas a juicio desde 2018, y que existía esta prueba se sabía desde ese momento. Por eso había tanto interés de que el juicio no se realizara. Finalmente inició y pasó lo que iba a pasar, que es que se mostrara la prueba que la fiscalía había recogido en estos años de investigación. Creo que la hipótesis de la acusación quedó muy firmemente probada”.

Sobre si le había sorprendido que la defensa la haya mencionado, señaló: “A mí ya no me sorprende nada. Nosotros sabíamos que teníamos mucha prueba y que frente a una acusación con tantos elementos probatorios iba a ser difícil contrargumentar racionalmente, tratar de demostrar una inocencia donde no hay elementos para derribar lo que muestra la prueba. Y cuando no hay elementos se buscan otras cosas. Más que sorprendió me entristeció, porque uno quiere la profesión que eligió y me parece que siempre es bueno respetar y respetarse profesionalmente”.

Seguidamente, fue consultada sobre cuánto “creía que tiene que ver la política o poder político en el proceso”, a lo que respondió: “Todo, el cien por ciento. El poder político y a la vez el poder político interfiriendo en el sistema judicial también. Este proceso existe por la discusión sobre si yo tenía que estar o no en la causa contratos, y esa discusión podría haberse dado en tribunales a través de una recusación si los defensores hubieran querido cuestionar mi intervención, pasa cotidianamente en todos los procesos”. Y marcó: “Pasa que no podían plantearlo como recusación porque sabían que lo que estaban diciendo era falso y entonces optaron por generar todo un ruido mediático y esperar hasta el momento en el que consideraban oportuno usarlo, y esperaron dos años y pico”.

Jury: qué dice el descargo de Goyeneche

“La decisión de abrir este jury es una decisión política, no tiene nada de jurídico, por eso estamos ahora tratando de llegar a la Corte. Interpusimos un amparo en enero donde la jueza de feria hizo lugar y hoy de mañana (por ayer lunes) el Superior Tribunal nos notificó que no hacían lugar al recurso extraordinario que interpusimos en ese amparo. Porque el Superior Tribunal había obviamente revocado la sentencia de la jueza, ordenando que continuara el proceso irregular este de jury. Interpondremos ahora un recurso de queja ante la Corte porque estamos esperando que alguien intervenga en esta causa desde la perspectiva de lo jurídico y no desde la perspectiva de lo político, como está pasando hasta ahora”.

Detalló luego, ante la pregunta periodística, que del plazo de 6 meses desde el inicio del jury: “Estamos en los últimos dos meses para que concluya el tiempo que tienen para conseguir la destitución”.

Recordó, además, que 15 de los integrantes del listado de conjueces rechazaron ser fiscales ad-hoc, y apuntó a Justet: “Finalmente encontraron a alguien que asumiera esto, que es el abogado Justet, que tiene militancia política, que ha sido candidato a intendente, ha sido concejal, y han sido algunos de los motivos por los que lo recusamos. Y que además no tiene una trayectoria como jurista, pero sí tiene antecedentes de político y esto es lo que terminó pasando. Esta persona, con este perfil, fue la única que aceptó ese cargo ya cuando se les terminaba la lista de conjueces que habían elegido. Cualquiera que lo hubiera hecho hubiera estado en la misma situación de cometer un ilícito”.

Sobre el escrito de Justet, analizó: “Es muy lamentable y de muy baja calidad, jurídicamente hablando. Pero no me sorprende porque no es un fiscal, evidentemente es un escrito hecho por alguien que no sabe hacer una acusación y está plagado de irregularidades y errores, y eso es lo que planteamos en la respuesta a esa acusación: que es un escrito que tiene que anularse porque no tiene ningún valor jurídico, es imposible llevar a alguien a juicio en base a ese escrito. El Jurado tiene que decidir si tenemos algo de razón o si quieren darnos algo de razón en estos planteos que hemos realizado”.

En cuanto a la composición del Jurado de Enjuiciamiento y al apartamiento del letrado Luis Leissa del proceso, apuntó: “Nuestro jurado tiene un vicio de origen y es que no respeta la integración que dispone la Constitución de 2008, que establecía que debe tener 9 miembros y dos de ellos representantes de la sociedad civil. Hasta ahora nunca se dictó la ley para que eso se ponga en funciones, entonces ya es un Jurado de Enjuiciamiento empobrecido, donde hay una representación que no está, es uno de los planteos que también hemos hecho en la defensa. Y lo de Leissa entra en el marco de lo mismo, era lógico que no atendieran a los descargos que realizó. Así como todos los planteos recusatorios que yo realicé fueron desestimados por la mayoría del Jurado hicieron lugar al de Justet, dejando afuera de la posibilidad de ser Jurado de Enjuiciamiento al doctor Leissa”.

Por último, Goyeneche fue consultada respecto a si considera que hay posibilidad de destitución: “Sí, si, es la intención. Por supuesto es lo que va a ocurrir salvo que haya una intervención jurídica de la Corte. Creo que está todo encaminado a que ese sea el final de este proceso”. Pero subrayó: “Por supuesto que no es tan fácil que lo consigan. Porque cuando se da un debate oral y público esa discusión queda explícita, y así serán las decisiones que se tengan que tomar. Nosotros ejerceremos la defensa; cada uno tendrá que justificar la decisión que tome por la destitución o no, en base a lo que se va a ver en ese proceso oral y público que tiene la ventaja de dejar todo al descubierto”.