Este miércoles se reanudaron las audiencias en la causa Los Charrúas, tras un impasse que comenzó el viernes, luego de más de 2 horas de debate. El Tribunal comunicó que aceptó como prueba unas 79 escuchas telefónicas, que se reproducirán en el debate pero no se darán a publicidad. De modo que se prohibió el ingreso de la prensa y el público en general.  

El juez Mariano Caprarulo, en nombre del Tribunal que integra junto a Eduardo Degano y Silvina Gallo, comunicó la decisión: aceptaron que las escuchas sean reproducidas durante la audiencia y, en consecuencia, introducidas como elementos probatorios tal como lo había peticionado el fiscal José Arias.

No obstante, los magistrados agregaron un elemento más: en resguardo de la intimidad y de cualquier afectación que pudiese haber a las personas que aparecen en los 79 archivos de audio, dispusieron que la audiencia pasa de ser oral y pública a oral y cerrada. Eso sucede desde el momento que empiezan a reproducirlos y hasta que se hayan escuchado todos.

En consecuencia, el juez Caprarulo les hizo saber a todos los que no formaban parte ni del Ministerio Público Fiscal, ni de la defensa o que fuesen los imputados, debían abandonar la sala de audiencias en los Tribunales de Concordia. La prensa, entonces, quedó afuera de esta etapa del juicio en la causa caratulada “LARROCCA, JULIO CESAR; DOUBÑA, ALEXANDRE EMMANUEL y SEGOVIA, RAMON JOSE S/ FALSEDAD IDEOLOGICA (Y PECULADO EN CONCURSO IDEAL)”.

Grieta

Julio Larrocca y su codefensor Jorge Romero, lo mismo que Enrique Bacigaluppe en representación de Ramón Segovia, se habían opuesto tajantemente a que esa prueba fuera tenida por válida. Romero, por ejemplo, había apelado a la “exclusión probatoria” para reclamar la nulidad de las escuchas. Sostuvo que la autorización de esas escuchas por parte del juez de garantías se fundó en chats de Facebook y WhatsApp obtenidos por Fiscalía de manera ilegal.

En cambio, Rafael Briceño, defensor de Alexandre Doubña, avaló las escuchas sin titubeos, en abierta coincidencia con la postura del Ministerio Público Fiscal. “La evidencia se obtuvo de manera legítima con autorización judicial”, había dicho la semana pasada y agregó: “Pretender exigir el control de las defensas de una intervención telefónica parece poco serio”.

La causa

La investigación del fiscal José Arias, con el apoyo de sus pares Daniela Montangie y Fabio Zabaleta, se centra en la presunta falsificación de certificaciones de obra que permitieron liberar fondos, a lo que se habrían sumado otras ilegalidades, como falsificarle firma y sello a un empresario para hacerlo aparecer como oferente del cotejo de precios.

Cabe recordar que las maniobras habrían tenido lugar durante la gestión como intendente de Rubén Chaparro, quien también estuvo imputado, pero admitió su culpabilidad, firmó un juicio abreviado y, por lo tanto, no forma parte del actual debate oral y público.

(El Entre Ríos)