Uzín Olleros: “En el Poder Judicial hay un conflicto de poderes”

El abogado Ladislado Fermín Uzín Olleros, defensor del fiscal Ignacio Aramberry ante el pedido de Jury en su contra, se refirió a la actualidad de dicho trámite. También se expresó respecto del conflicto del Superior Tribunal de Justicia (STJ) con los Ministerios Públicos.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Uzín Olleros comentó que “se hizo la presentación de descargo cuando se le corrió traslado y obviamente el primer trámite es la interacción del Jurado, ya que como ese caso tiene vinculación con el antecedente de la doctora (Cecilia) Goyeneche y ya habían intervenido los miembros en el jury a Goyeneche, naturalmente tenían que excusarse porque ya habían emitido opinión. Por lo tanto se formalizó una nueva integración del Jurado con miembros que no hubieran tenido intervención y ahora está circulando el expediente para ver si declaran admisible o no la denuncia”.

Acotó que “esto tiene alguna demora porque como algunos miembros del Jurado son del interior hay que esperar a que vengan a Paraná o remitirles las actuaciones para que se expidan”. De todos modos, aclaró que “esto tiene un plazo porque hay que darle seguridad al funcionario de su situación porque está involucrado en un proceso jurisdiccional y necesita tranquilidad, templanza para poder trabajar en su función. Esto tendría que estar resuelto razonablemente en 60 días hábiles, pero eso empieza a computarse desde que queda integrado el tribunal y empieza a pasar el expediente por los jurados, con lo cual se dilata”.

“Esto naturalmente genera alguna zozobra en la persona denunciada porque tiene que estar a la expectativa de si van a llevar adelante la causa o si la van a desestimar”, reconoció.

Respecto de la acusación contra Aramberry, el abogado recordó que “el doctor Reggiardo –que es quien lo denuncia- le atribuye haber estado incurso en falso testimonio cuando declaró en el debate por el caso de la doctora Goyeneche” y refirió que “además de negar la imputación, al comparecer planteamos que el Jurado de Enjuiciamiento cuando se expide tiene solamente dos alternativas: o destituye al magistrado o funcionario que ha sido llevado a jury o lo absuelve, pero si de lo actuado por el jurado se advierten indicios de que alguno de los testigos o peritos está incurso en alguna falta tipificada en el Código Penal, tiene que extraer testimonios de la causa sustanciada ante el Jury y remitirlo ante la justicia ordinaria para que intervenga. Y esto no ha sucedido; en ninguna de las consideraciones de la sentencia del Jury se ha hecho mención a que hubiera alguna presunción o indicios de que el doctor Aramberry estuviera incurso en falso testimonio”.

“Es decir que si el Jury que es el soberano para expedirse al respecto no lo ha hecho, no hay motivo para que se lo denuncie al doctor Aramberry por una causa en la cual el mismo jurado de Enjuiciamiento que tiene una potestad exclusiva y excluyente no lo ha hecho”, resumió.

Agregó que “tampoco es potestad del denunciante el poder recusar a los miembros del jurado porque no es potestad de quien denuncia. La denuncia ante el Jury la puede hacer un abogado o cualquier ciudadano común pero no tiene potestad para pedir el apartamiento de los miembros del jurado; los únicos que están habilitados para hacerlo son el denunciado si considera que alguno de los jurados tiene alguna causa para excusarse porque lo afecta en lo personal o alguno de los jurados si entiende que no deben participar por alguna razón particular en materia de excusación”.   

Menciono también que “acá hay un precedente del que muy pocas veces se hace mención, que es el caso Castría en el cual el agente fiscal de la jurisdicción Feliciano fue denunciado por incumplimiento de sus deberes, y quien actuó como órgano acusador fue el procurador General de la provincia, Daniel Morales, que fue quien formuló la acusación, pidió la destitución y el Jury la admitió y dispuso la destitución”. “Esto es el órgano natural, se puede discutir si está bien o está mal pero es como está hecha la ley y mientras no se modifique tiene que cumplirse”, opinó.

Reunión clave

Consultado por la reunión que mantendrá la presidenta del STJ, Susana Medina, con el procurador General, Jorge García y el defensor General, Maximiliano Benítez, para analizar el desalojo de las fiscalías y el presupuesto dispuesto para el Ministerio Público Fiscal, el abogado planteó que “evidentemente se da un conflicto de poderes, lo que ocurre es que a partir de la modificación de la Constitución de la provincia tanto el Ministerio Público Fiscal como el Ministerio de la Defensa ya son autónomos, tienen autarquía presupuestaria en cuanto a la disponibilidad de los fondos y autonomía funcional, es decir que no pueden ser controlados por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia porque son órganos o poderes independientes”.

“De manera tal que si esto no se resuelve con diálogo, con consenso y con la mira común de plantear que todos están al servicio de la administración de justicia, esto tiene visos de gravar una situación que no es conveniente para la comunidad. Yo presumo que después de la reunión de hoy, mañana que es día de Acuerdo del STJ se deliberará sobre las resultas que ha tenido la reunión”, estimó.

Consideró además que si no se logra un acuerdo “se va a ahondar el conflicto de poderes; realmente es una situación impensada, que no reconoce precedentes en la historia judicial de la provincia”. “Se entra en un conflicto de poderes que ¿quién lo va a resolver? ¿La política?”, se preguntó.

En este marco, expresó: “Espero que de este diálogo que mantengan hoy pueda arribarse a un consenso o una solución práctica porque el servicio de justicia no puede dejar de funcionar; una situación de conflicto nos llevaría a la dilación de atender cuestiones que son de trámite urgente, máxime que ahora se viene la feria judicial, hay que dejar integrado todo para que se atiendan los casos urgentes y amparos que se presenten”.

“Yo abrigo la esperanza que del diálogo entre personas maduras, razonables y ocupando altas funciones, se llegue a un principio de acuerdo que permita superar este problema, porque de no hacerlo los afectados van a ser los justiciables”, concluyó.    

 

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