El Consejo de la Magistratura de Entre Ríos tiene pendiente para este año la elección de los jurados que deberán evaluar a los postulantes para ocupar la Fiscalía Anticorrupción de la provincia. En ese contexto, en los últimos días el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER) presentó una nómina con 9 letrados propuestos por este estamento para integrar el jurado técnico en la especialidad Derecho Penal -de la que deberán salir seleccionados quienes integren el jurado para la Fiscalía Anticorrupción-, supo ANÁLISIS.

Uno de los puntos llamativos del caso es que el 14 de noviembre del año pasado el Consejo de la Magistratura aprobó, por la Resolución Nº 1220, los listados enviados por el Colegio de la Abogacía y la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial para las distintas especialidades, tras realizar el cotejo y depuración respectiva en base a los requisitos de la Ley N°11.003.

Ahora, el nuevo listado, fechado el 26 de diciembre, propone a nuevos letrados, entre ellos, algunos que ejercen la defensa de funcionarios en causas por corrupción, el otro punto llamativo de la nómina.

Los letrados que integran el nuevo listado, que lleva la firma del presidente del CAER, Alejandro Canavesio, son: Patricia Carruego, Miguel Ángel Federik, Pablo Franco, Emilio Fouces, José Candelario Pérez, Jorge Romero, Luis Francisco Stello, Ladislao Fermín Uzín Olleros y José Velázquez.

Lo que no quedaría claro es, al haber un listado aprobado hace menos de dos meses atrás, el por qué de la presentación de una nueva nómina. Sería probable que este listado, más acotado del propuesto en un principio para la especialidad Derecho Penal, esté destinado exclusivamente para el concurso de la Fiscalía Anticorrupción, y del cual seleccionarían al representante que integre el jurado por el estamento.

El concurso se guiará por la ley 11000, sancionada por la Legislatura en agosto del año pasado y promulgada por el Ejecutivo en septiembre, que reglamenta el instituto incorporado por la reforma constitucional de 2008 y también por la normativa legal y estatutaria del Consejo de la Magistratura.