Meses atrás, el fiscal concordiense José Arias adoptó la decisión de inscribirse en los concursos que designarán a los fiscales anticorrupción de Entre Ríos. De allí en más, ha emprendido una “lucha jurídica” contra una catarata de irregularidades en las que, a su entender, ha incurrido el organismo responsable del trámite concursal, el Consejo de la Magistratura de la provincia.

Sobre un total de 15 planteos formales presentados, entre ellos un pedido de remoción del presidente del Consejo, Mariano Lino Churruarín, le han respondido apenas uno solo, el primero, donde solicitó la nulidad de los concursos, contó Arias al programa Despertá con Nosotros (Oíd Mortales Radio), y publicó El Entre Ríos.

“Es el concurso más oscuro en el que haya intervenido el Consejo de la Magistratura”, disparó, sin vueltas. Las irregularidades, denunció, vienen ocurriendo “desde el primer momento, cuando se manipuló la constitución de los jurados técnicos”. “Han sucedido cosas gravísimas, que he planteado, y formalmente no responden”, reveló.

“El gran problema que tiene este concurso -insistió Arias- es que está totalmente amañado, sin publicidad alguna, falta acceso a la información de lo que está pasando, no solamente para la gente en general, sino también para los concursantes que no tenemos información formal, ni siquiera podemos defender nuestro derecho a hacer observaciones respecto del trámite que se está llevando a cabo”.

Pero el malestar de Arias no sólo hace blanco en el Consejo de la Magistratura, al punto de que ha pedido la remoción de su presidente. También cuestiona con severidad la actuación de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos, que integra el Consejo.

“Acá, evidentemente, la Asociación de la Magistratura tiene un problema serio de independencia en cuanto a su composición. Su principal función es gremial, desde los jueces y funcionarios hacia el Poder Judicial. Sirve de vehículo canalizador de reclamos que hacen a la independencia nuestra. Por ejemplo, si hay un reclamo por cuestiones edilicias o presupuestarias, eso tiene que ser planteado por la Asociación de la Magistratura hacia el Superior Tribunal, resguardando al funcionario, acompañándolo. Pero esto no está pasando. El presidente de la Asociación de la Magistratura (Alejandro Cánepa) es yerno del Dr. Daniel Carubia, miembro del STJ y, a su vez, cumple una función judicial en un cargo no ganado por concurso sino a través de un interinato con designación del Superior Tribunal”, sacó a luz Arias.

Y prosiguió con otra estocada: “La Vicepresidenta de la Asociación de la Magistratura es miembro del STJ, la doctora Laura Mariana Soage. Entonces, la independencia se ve francamente quebrantada y se avizora que no están cumpliendo el rol”.

Sin disimular su enojo, Arias contó que “el 12 de mayo” le mandó una carta a la Asociación de la Magistratura “pidiéndole una reunión para que explicaran a través de los consejeros, a través de los representantes de la Asociación en el Consejo de la Magistratura, que trámite han tenido, las posiciones que han defendido, en el marco de estos concursos para la Fiscalía Anticorrupción, y ni siquiera me han contestado. Claramente, están jugando a favor de este trámite irregular”, concluyó.

“Es más -prosiguió- planteé una acción de inconstitucionalidad de la ley del Consejo de la Magistratura, que en realidad la tendría que haber planteado la Asociación de Magistrados. Han transcurrido 9 meses del dictado de la ley y la Asociación no se ha pronunciado acerca de la Constitucionalidad o no de la ley que selecciona a los magistrados. Fíjese hasta dónde llega el silencio cómplice que tiene la Asociación respecto de lo que está pasando acá”.

Arias explicó que “el problema principal que tiene la nueva ley del Consejo de la Magistratura es que incorporó al Superior Tribunal, que antes no formaba parte, tenía vedado formar parte y ahora está adentro. Tiene un rol absolutamente protagónico en la selección de los magistrados, dando los bancos de caso, proponiendo jurados, revisando las notas de los exámenes, informando sobre los antecedentes de los concursantes. Todo eso va en detrimento justamente de la Asociación de la Magistratura, que era la que, de alguna forma, tenía el rol primordial en los concursos. La Asociación de la magistratura se ve francamente coartada en su competencia en favor Superior Tribunal y no dice nada. Queda claro que son parte de lo mismo”.

-¿Si el Consejo de la Magistratura sigue sin responder los 15 planteos que usted ha formulado, hay algún camino jurídico que pueda seguir para obtener las respuestas?

-Hay un camino jurídico que comienza con un recurso ante el gobernador y después la acción judicial correspondiente.

- ¿Y esa acción judicial correspondiente no termina acaso en el propio superior Tribunal de Justicia?

-Por supuesto.

-Llegada esa instancia, ¿usted debería pedir que se excusen todos los miembros titulares del STJ?

- En las acciones de inconstitucionalidad de la ley del Consejo de la Magistratura, hay una planteada directamente ante el Superior Tribunal, y se han excusado creo que la totalidad de los miembros del Superior Tribunal, con la salvedad de uno solo, porque ya han tenido pronunciamientos previos a favor de la ley, a favor de sus facultades de intervenir.

-¿Será un camino jurídicamente largo el que le espera?

-Sí, pero hay transitarlo, hay que dar la cara y discutir las cosas, hay que hablar de frente, hay que plantear a dónde nos quieren llevar. Cuando les cuestiono que hayan nombrado personas que no tienen ni siquiera los requisitos objetivos para ser jurados, me contestan con que renunció, por ejemplo Zaffaroni. No, no renunció, no podía ser designado. Hay que decirlo con todas las letras. No hay que maquillar las cosas.

-Usted no objetó a Zaffaroni por sus ideas sino porque se lo nombraba representando al sector académico y no ejerce como profesor...

-Lo de las ideas sería cuestión de recusación, pero yo planteé la nulidad del nombramiento. La ley exige que tenga que ser profesor ordinario al momento de la designación y no ocurre eso con Zaffaroni. Ahí se termina la discusión. Si no cumple siquiera los requisitos, ya no hay discusión después si es probo o no es probo, es apto o nos gustan o no sus ideas.

-Después de tantas marchas y contramarchas, ¿hay una integración definitiva del jurado para la Fiscalía Anticorrupción?

-No han quedado firmes los designados. Sigue habiendo discusiones. En el concurso principal, el 285, ahí estaba designado Carlín, que ni siquiera reunía las condiciones. Yo lo impugné y luego lo recusé, porque no me dieron trámite. Todavía no tengo contestación.

-¿Qué propósito perseguirían, según su entender, todas estas irregularidades que usted denuncia? ¿Es apuro por nombrar fiscales anticorrupción afines al poder político?

-Está claro que lo que quieren es llevar adelante los concursos de cualquier manera, rápidamente, con el menor nivel de exigencia posible. Por eso lo han convertido en un examen de derecho administrativo y no de derecho penal, de dogmática penal, como debiera ser, para facilitar que cualquier interesado pueda aprobar, y a partir de ahí me parece que lo que quieren es designar antes que termine esta gestión.

-¿Pero el interés por designar fiscales "amigos" es sólo del actual oficialismo? Uno no aprecia una notoria preocupación de los actores políticos opositores por sacar a luz y mostrar todo lo que usted está denunciando sobre el Consejo de la Magistratura.

-Y bueno, el caso más grande de corrupción de la provincia de Entre Ríos comprende a varios partidos políticos. Con lo cual, yo no estoy diciendo que esto es sólo para el oficialismo.

-¿Causa Contratos?

-Exactamente. Comprende a legisladores de todos los partidos. Hay intereses comunes y bien pueden tenerlos en el trámite de estos concursos.

Fuente: El Entre Ríos