El ex ministro de Salud Ginéz González García deberá presentarse a declarar indagatoria en los tribunales federales de Comodoro Py 2002 el próximo 10 de julio, según lo resolvió este lunes la jueza María Eugenia Capuchetti al hacer lugar al pedido de la fiscalía en la causa conocida como “Vacunatorio vip”.
“En atención a lo dictaminado por los titulares de la fiscalía federal 3 y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas y de conformidad a los parámetros establecidos por el Superior el 30 de agosto del 2021, encontrándose reunido el grado de sospecha previsto en el artículo 294 del Código Procesal Penal”, la jueza ordenó llamar a indagatoria a Alberto Maceira, el ex director del Hospital Posadas, para el 29 de junio; Marcelo Ariel Guille, que secretario privado de Ginés y convocó a los “vacunados vips”, para el 6 de julio; y a Ginés González Garcia para el 10 de julio, detallaron las fuentes consultadas.
Según detallaron a Infobae las fuentes consultadas, se trata de una primera tanda. Es que los fiscales Eduardo Taiano y Sergio Rodríguez habían pedido también llamar a declarar María Elena Borda (ex Jefa de Servicio de Medicina Preventiva del Posadas) y a Alejandro Salvador Costa (en ese momento era Subsecretario de Estrategias Sanitarias).
A todos les imputa los delitos de abuso de autoridad y peculado de bienes, previstos en los artículos 248 y 261 del Codigo Penal. “La sustracción se produjo cuando las vacunas dejaron de estar disponibles en el Hospital Posadas para cumplir con el objetivo estatal dispuesto para esas dosis, que comprendía únicamente la inoculación del “Personal de Salud” y eventualmente del Personal estratégico”, dice el dictamen.
Entre los “vacunados vip” para atacar el coronavirus, aparecía el procurador del Tesoro Carlos Zannini, quien luego justificó haber recibido la vacuna contra el coronavirus bajo la figura de “personal de salud”. “Se podía hacer, fui y lo hice. Me arrepiento de no haber sacado la foto en aquel momento”, dijo en ese momento. Para la fiscalía su caso encuadraría en el “personal estratégico”.
La causa se inició en febrero del 2021, cuando la vacuna recién había llegado al país y era un bien escaso. El periodista Horacio Verbitsky contó en un programa de radio cómo había ido el día anterior a vacunarse al ministerio de Salud, tras un llamado al ex ministro González García. Aquellas declaraciones implicaron la apertura de la investigación penal para esclarecer si “personas que no cumplían con los criterios de prioridad epidemiológicos y el esquema de etapas previamente establecidos” fueron inoculadas en el Posadas, en el ministerio de Salud e incluso en sus domicilios particulares.
En ese momento, la fiscalía imputó al ex ministro González García, a su sobrino y ex jefe de Gabinete del Ministerio de Salud, Lisandro Bonelli, a Alejandro Collia, funcionario de Salud; y a Guillé. Maceira, ahora llamado a indagatoria, declaró como testigo y dijo que “recibió instrucciones de los funcionarios de Salud para atender a algunos recomendados en el vacunatorio del Hospital Posadas”. Y fue así que los recomendados llegaron a las instalaciones del hospital y, sin respetar la fila de los que estaban aguardando, fueron vacunados. Maceira contó que él mismo participó de la inmunización llevada a cabo en la cartera de Salud la semana pasada en la que recibieron la vacuna Horacio Verbitsky, Eduardo Valdés y Jorge Taiana, entre otros.
El 8 de julio del 2021, Capuchetti decidió archivar parcial del caso al afirmar que en el Código Penal “no existe un tipo penal que criminalice la conducta de un funcionario público que otorgue tratos especiales como el que es objeto en esta investigación”. Y entendió que las autoridades sanitarias establecieron un plan para vacunar contra el coronavirus que permitía una simultaneidad en la inoculación para los grupos prioritarios. Con ese argumento, la jueza había decidido archivar la investigación sobre 65 de las 70 personas que integraban la lista hecha por el gobierno de los que recibieron dosis de la Sputnik V cuando no había una convocatoria abierta.
“La indignación sobre la manera en que se desarrollan ciertos acontecimientos no implica necesaria y automáticamente que deba intervenir el derecho penal. Existen situaciones que no son de nuestro agrado y que repudiamos fuertemente pero no pueden, por sí solas, hacernos dejar de lado los limites de la función que tenemos y, en lo que hace a los jueces, no deben ser suficientes para que dejemos de lado principios constitucionales que operan en materia penal”, había dicho la jueza.
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