El abogado Pablo Moyano Ilundain, defensor de Luis Mazurier, Cintia Mengeon y Alberto Jesús Villanueva, los tres imputados en la causa Codesal, dijo que el director del diario El Sol de Concordia, “multiplicó los panes”.

En los tribunales de Concordia, en la audiencia de alegatos de cierre de la Causa Codesal – Hotel Ayuí, los roles quedaron muy bien demarcados. Aunque la contradicción entre acusación y defensa llegó a extremos poco habituales. Allí donde fiscalía ve corrupción, el defensor encuentra filantropía y hasta algo parecido al milagro de la “multiplicación de los panes”.

El tribunal, conformado por los jueces Eduardo Degano, Edwin Ives Bastián y Pablo Garrera Allende, anunció que dará su veredicto el 4 de diciembre.

Los primeros minutos del alegato acusador buscaron encuadrar el caso como “corrupción”.

José Arias resaltó que las constituciones nacional y provincial, lo mismo que las convenciones internacionales, coinciden en asignarle un especial valor a la lucha contra la corrupción. Puntualizó también en leyes que exigen el registro contable de las cuentas públicas.

A renglón seguido, dedicó varios pasajes a cuestionar severamente a organismos públicos que, según dijo, retacearon información solicitada mediante oficios. Y dio nombres: la doctora Chapado, asesora legal de la Delegación Argentina ante la CTM, y el extitular de la Dirección de Personas Jurídicas de la provincia, José Carlos Luján.

Sobre Luján, denunció sin titubeos: “Ocultó deliberadamente que Alberto Jesús Villanueva era socio de Balace SRL”.

Arias también criticó la conducta de José Ostrosky, sucesor de Luis Mazurier al frente de la Codesal. Le reprochó no haber reaccionado al advertir que su predecesor había retenido documentación del organismo. También recordó que Ostrosky, cuando llegó al camping La Tortuga Alegre, jurisdicción de la Codesal, encontró en el lugar personas ligadas a la anterior gestión y apenas si se limitó a hacer una exposición policial, sin utilidad alguna. “No hizo acciones de recupero del Hotel Ayuí y de la Tortuga Alegre”, cuestionó.

No menos crítica fue la mirada de Arias hacia la actuación del Dr. Julio Rodríguez Signes, fiscal de Estado de Entre Ríos. Aseveró que se desvió de su misión y se volvió “un eslabón más en la cadena de la corrupción”.

La “nefasta” administración de Mazurier

El representante del Ministerio Público Fiscal fue lapidario en su juicio sobre la gestión de Luis Mazurier como funcionario público. “Fue nefasta, se la pasó cometiendo delitos”, fustigó. Y agregó: “no se respetó una sola normativa de administración pública”.

En ese contexto, trajo a colación la obligación legal de rendir cuentas que tiene todo aquel que administra bienes públicos, que debe materializarse en libros y “registros contables”.

Apuntó contra el principal imputado en la causa por no haber registrado los ingresos en los predios de la Codesal y dijo que “no se cree ni él mismo” cuando intenta justificarse diciendo que no eran propiamente “fondos públicos”, porque los recibía al modo de “depósito temporario”.

Según Arias, nunca había alegado antes tal excusa. Es más, precisó que Mazurier, “cuando se sintió arrinconado”, dictó una resolución disponiendo que a partir de una fecha determinada, esos dineros tendrían control contable. “Ahora no puede venir a decir que no son fondos públicos”, disparó el fiscal.

“Dolores, anginas, stress”, las excusas para no rendir cuentas

El MPF dedicó unos minutos para describir una nota de Luis Mazurier al Tribunal de Cuentas, en la que pedía extensión de plazo para elevar rendiciones de cuentas adeudadas. ¿Con qué justificativo? El alto ausentismo del personal que debía llevar a cabo la tarea por “dolores, anginas, stress, accidentes de tránsito”.

Según Arias, la evidencia sobre la existencia de esos ingresos no rendidos es “abrumadora, no hay discusión”.

El fiscal repasó relatos de testigos que coincidían en que el dinero siempre iba a parar a Luis Mazurier. Y procuró mostrar un presunto contraste entre los muy exigentes controles con pulseras en los ingresos a las termas por un lado y la ausencia de todo registro, que permitiera controlar el dinero que ingresaba.

Mazurier es el “verdadero dueño” de Balace SRL

Buena parte del alegato fue ocupada por Arias para enumerar 20 razones por las cuales, según el Ministerio Público Fiscal, está acreditado que Luis Mazurier es el verdadero dueño de Balace, la SRL que tiene la concesión del Hotel Ayuí.

Empezó por remarcar que los dos que compraron cuotas partes de la empresa, Alberto Jesús Villanueva y Cáceres, esta última hija de Mazurier, no tenían capacidad económica para tal adquisición.

El “empresario” Villanueva, en marzo de 2010 aparece comprando Balace y en 2012 era el encargado de las cantinas, como empleado de la Codesal, disparó Arias. Y en 2014, seguía como monotributista, pero resulta que había comprado Balace y había constituido otra empresa, Fideinsa.

Respecto de Cáceres, también monotributista, puntualizó que era asociada a Cotrapretel, la cooperativa que, según sentencias judiciales, fue usada por Mazurier como fachada para ocultar relaciones de dependencia en el Diario El Sol.

250 mil dólares por una sociedad a la que se le vencía la concesión

Arias procuró demostrar que la maniobra de compra de Balace fue ideada por Mazurier como parte de un plan para quedarse con el Hotel Ayuí. “Pagaron el equivalente a 250.000 dólares por una sociedad a la que pronto se le vencía la concesión”, denunció. Y ello ocurrió, según el MPF, porque tenían en claro que Codesal no iba a cumplir con su deber de reclamar la posesión del hotel.

Como otra presunta prueba de que Balace es de Mazurier, Arias citó el testimonio del abogado Enrique Oscar Bacigaluppe, expropietario de la SRL. Recordó que el letrado había admitido que toda la negociación que permitió la venta de las cuotas partes de la sociedad había sido llevada a cabo por Mazurier. “Mazurier negoció personalmente la compraventa de las cuotas partes. Lo reconoció Bacigaluppe”, insistió Arias.

Según el MPF, la maniobra de Mazurier no sólo se limitó a comprar Balace. A los pocos días, participó de la firma de un convenio multilateral extendiendo la concesión del hotel por otros 30 años, argumentando que tal prórroga era “lo más conveniente a los intereses del Estado”.

Más adelante, en su alegato, Mazurier aseguró que la gerente de facto del hotel pasó a ser su pareja, Cintia del Rosario Mengeon, mientras que el comprador de la SRL, Alberto Jesús Villanueva, pasó años sin aparecer por el hotel.

Arias citó testimonios de empleados de admitieron que trabajos en el interior del Hotel Ayui eran llevados a cabo por personal de la Codesal. Entre ellos, la instalación de yacuzzis.

Finalmente, el fiscal pidió pena de 11 años de prisión e inhabilitación perpetua para Luis Mazurier y 5 años para Villanueva y Mengeon.

En cambio, Fiscalía pidió la absolución de las contadoras Bordón y Lauría, por entender que no quedó acreditado que estuvieran en conocimiento de los ingresos no registrados de la Codesal. Si ignoraban la existencia de esos fondos, no puede atribuírseles responsabilidad por la falta de registro.

“El fiscal ve un delincuente donde yo veo un periodista y filántropo”

Utilizando un volumen de voz más bien bajo, con pausas prolongadas, el abogado Pablo Moyano Ilundain, comenzó de menor a mayor un extenso y por momentos punzante alegato de defensa de Luis Mazurier, Cintia Mengeon y Alberto Jesús Villanueva.

Oriundo de Buenos Aires y conocido en el foro local tras ejercer una exitosa defensa de Guillermo Pietrantueno, propietario del boliche donde se accidentó Bruno Escobar, Moyano Ilundain utilizó más de dos horas para intentar demoler los argumentos de la acusación.

Empezó por marcar una mirada del acusado abismalmente contrapuesta. “El fiscal ve un delincuente donde yo veo un periodista y filántropo que hizo una muy buena gestión”, disparó.

Según el letrado, Arias apeló al concepto de corrupción porque es una palabra que está en boga, le cuestionó en reiteradas ocasiones que la acusación estuvo mal planteada y hasta llegó a atribuirle al representante del Ministerio Público Fiscal una mirada “filocomunista”. En esto, Moyano innovó. Nadie hasta ahora había calificado de este modo al fiscal concordiense.

“No es lo mismo no rendir cuentas que robar”

El abogado de la defensa centró sus esfuerzos en diferenciar las rendiciones de cuenta del peculado o robo. “No rendía cuentas y por lo tanto robó, dice la fiscalía. Pero no es lo mismo”, se lo escuchó decir.

Otro punto clave de la defensa fue instalar la idea de que la Codesal era deficitaria, que no recibía de provincia los fondos para pagar sueldos y que Luis Mazurier llegó al extremo de pedir dinero a un familiar para cumplir con los trabajadores.

En esa línea argumental, insistió en que no puedo haber “sustracción” de fondos si, según el análisis que hizo de las planillas de transferencias y los presuntos gastos, a la Codesal no le alcanzaba el dinero.

Para abonar esta teoría, trajo a colación un decreto de la provincia mediante el cual se le reconocieron gastos a la Codesal, lo que quiere decir que pasó el control de legalidad. En ese contexto, Moyano machacó con que el obrar de Mazurier contó con el aval de sus superiores.

“No hubo sustracción (peculado) porque lo que ingresaba –sostuvo- se aplicaba a pagar a los empleados”, insistió.

La falta de pericia contable, reproche a Fiscalía

El letrado de la defensa buscó hundir el cuchillo a lo hondo cuando reprochó a fiscalía no haber podido presentar una pericia contable, porque no había registros ciertos en los cuales basarla. “Si no hay bases ciertas, entonces ¿cómo saber que hubo robo?”, se preguntó.

Hubo un planteo de incompetencia

Otra carta del defensor fue plantear la incompetencia de la justicia provincial para intervenir en cuestiones ligadas al destino del Hotel Ayuí, puesto que se trata de un bien –dijo- construido por un organismo binacional, la CTM, en un predio del Estado nacional. Llegó a comparar el lugar con una embajada y opinó que podría encuadrarse en el derecho internacional público.

En esa línea, dejó formalmente planteada la incompetencia de la justicia entrerriana para entender en el asunto, lo que fue rechazado de plano por el fiscal José Arias, puesto que –sostuvo- la provincia recibió en comodato el hotel y el perjuicio fue al erario provincial.

Por si el tribunal no le hiciera lugar a la cuestión de competencia, “en subsidio”, el abogado procuró justificar el traspaso de cuotas partes de Balace, la extensión de la concesión, los trabajos de la Codesal en el hotel y otros hechos denunciados por Fiscalía.

El Ayuí, un “hotel chiquito” que no es como las “pirámides de Egipto”

Entre sus estrategias, llamó la atención sus esfuerzos por “bajarle el precio” al hotel, considerándolo “chiquito”. “Fiscalía nos quiso hacer creer que son las pirámides de Egipto”, llegó a decir, para contrastar que el hotel es deficitario, no es negocio, con lo cual pretendió instalar la idea de que BALACE le ha hecho un favor al Estado al administrarlo. Es más, según Moyano, la extensión de la concesión constituyó un “plan de salvataje”.

Sobre la compra de acciones por parte de Villanueva y Cáceres, buscó quitarle toda relevancia. ¿Dónde está el perjuicio al Estado si Juan o si Pedro compró acciones de Balace?, se preguntó. “Es algo privado. No hay afectación patrimonial al Estado”, insistió. “No queda claro qué defraudación pudieron hacer Mengeon y Villanueva, si no recibieron fondos del Estado”, concluyó.

(El Entre Ríos)