N.B de ANÁLISIS

Finalmente los fiscales ofrecieron toda la prueba que acordaron con las defensas para discutir en un futuro juicio oral. Se mencionó evidencia documental, los elementos secuestrados, y el testimonio de 86 personas, entre quienes figura Edgardo Kueider.

En la solicitud de remisión a juicio (es decir el escrito que sintetiza toda la Investigación Penal Preparatoria del Ministerio Público Fiscal y que fue presentado en mayo de 2022 ante el juez de Garantías para informar la conclusión de la causa y pedir su elevación a juicio), se propuso la declaración de 131 personas en la causa coimas. En la audiencia de este miércoles, cuando efectivamente los fiscales mencionaron cuál es la prueba documental, los elementos secuestrados y los testigos que forman parte de un acuerdo con los defensores, ofrecieron el testimonio de 86 personas. 

A la instancia llevada a cabo en el salón de actos del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, en el segundo piso de Tribunales, asistieron los fiscales Gonzalo Badano y Patricia Yedro por un lado; y los abogados Esteban Díaz y José Velázquez (en representación del empresario Diego Armando Cardona Herreros); Franco Azziani Cánepa (defensor del contador Luis Erbes); Miguel Cullen (en representación del exgobernador Sergio Urribarri); Gaspar Reca y Sebastián Luidi (por la defensa del director de Ajustes y Liquidaciones, Miguel Ulrich); Juan Antonio Méndez (en defensa de Carlos Haidar); Julio Federik (en representación de José Humberto Flores) y Guillermo Smaldone como defensor de sí mismo.  

La audiencia frente al juez de Garantías que controla el proceso, Julián Vergara, tuvo una primera parte en la que se mencionó la prueba documental secuestrada que forma parte del acuerdo entre partes y será incorporada al futuro debate oral. Por el lado de los defensores, identificaron la evidencia que resistirán. Algunos abogados expusieron que pretenden que el acuerdo no les quite la posibilidad de discutir la prueba. “Cuando se pensó en los acuerdos probatorios antes de los juicios orales, jamás se propuso con la idea de aceptar todo sin discusión. Si avanzado el juicio después nos enteramos que tal documento se produjo por coacción, no es posible que no se pueda discutir la validez de esa evidencia”, adelantó Julio Federik.

Entre las personas que planean citar a declarar en el juicio, sobresalen los nombres de empleados jerárquicos de las empresas que lideraba Cardona Herreros, que estuvieron imputadas en la causa y acordaron la suspensión de juicio a prueba. En efecto se citará a Miriam Fessia, Guillermo Linares, Alfonso Campiteli y Jorge Zanabone.

El nombre que más resonó en el amplio salón de Tribunales es el de Edgardo Kueider, exsecretario General de la Gobernación de Entre Ríos. El 4 de noviembre de 2016, Kueider suscribió una nota en la cual informó al Ministerio Público Fiscal sobre las líneas telefónicas que tenía asignadas el exgobernador Sergio Urribarri. Se trata de la Nota N°119 sobre la cual deberá, hasta ahora, dar fe en el debate oral.

Otros testigos propuestos

La Fiscalía y defensas acordaron, también, citar a Daniel Rabbia, exsecretario de Hacienda de la provincia; integrantes del Gabinete de Informática y Pericial Contable del Ministerio Público Fiscal; a Darío Koch, dependiente de la Contaduría General de la provincia; el exdirector de Contrataciones de Entre Ríos, Eugenio Horacio Argüelles; la directora de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía;  el oficial de primera Técnico del MPF, Héctor Enrique; empleados de empresas de telefonía; un exsubsecretario de Telecomunicaciones dependiente de la Secretaría de Modernización.  

Se propuso además el testimonio de la apoderada de la firma "Hotelería y Negocios S.A. (Howard Johnson Resort Pilar)”. La mujer deberá ratificar reservas, facturas y estadías en las cuáles aparecen Relevamientos Catastrales y exfuncionarios políticos. Se acordó, asimismo, citar a varios empleados bancarios; una empleada de la firma Interfly; una exinterventora del Registro de la Propiedad Automotor Capital Nº 97; un auditor del Tribunal de Cuentas; jefes de Área Administración Central del Cuerpo de Auditores del Tribunal de Cuentas; agentes de la División de Defraudaciones y Estafas de la Policía de Buenos Aires; y testigos civiles de las actas de allanamientos, entre otros.

Quedaron afuera del acuerdo la intendenta Rosario Romero, y el exministro de Hacienda, Hugo Ballay.