Según consta en la declaración, se trata del desmonte y quema en la zona conocida como humedales del oeste, que abarca desde los miradores del barrio Bajada Grande hasta el final del ejido de la ciudad.

En su declaración, Robledo, indicó que desde la Subsecretaría de Ambiente y Acción Climática se advirtió que el desmonte ilegal que se está produciendo “afecta los humedales de la zona” y en consecuencia la biodiversidad que albergan.

Además, el área identificada se encuentra en la categoría roja, según la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, es decir "con un alto valor biológico”, donde “no está permitido” el desmonte ni la quema, que, sumados a un escenario de sequía tan grave como el que se está atravesando, el impacto que generan estas acciones es enorme, tanto para el ecosistema como para la salud de la comunidad.

La secretaria de Participación y Gestión Comunitaria resaltó que “durante la pandemia se profundizó el aumento de construcciones habitacionales no permitidas en el lugar”, tal como constan en las actas labradas por la Secretaría de Legal y Administrativa, tras una inspección que se realizó el sábado 22 de agosto, junto a la policía de Entre Ríos. La funcionaria señaló que ese día se labraron 40 actas relacionadas a la ocupación de tierras, principalmente, donde se identificaron un par de quemas ilegales.

“Es preocupante la degradación del ecosistema que se está dando a nivel regional, lo nos somete a una mayor vulnerabilidad frente al cambio climático y confirma la figura del ecocidio, según los marcos de justicia ambiental”, destacó Robledo.

La presentación policial de la funcionaria, que fue girada el viernes a la Justicia Federal, fue acompañada por fotografías, mapas del lugar, notas periodísticas y la denuncia que se hizo en la Justicia Federal de Santa Fe