Piden la clausura de un geriátrico de Paraná por sus deplorables condiciones

El supuesto geriátrico funcionaba en calle Cura Arias Montiel de Paraná.

El supuesto geriátrico funcionaba en calle Cura Arias Montiel de Paraná.

(de ANÁLISIS)

El Ministerio de Salud de la Provincia y el Municipio de Paraná intervinieron en un procedimiento realizado primero el 27 de julio y luego hoy en un geriátrico que funciona en la calle Cura Arias Montiel de la capital provincial, según pudo determinar este medio periodístico.

En el marco de la Ley Provincial Nº 9823 (Prestaciones y Servicios Gerontológicos y Geriátricos de Entre Ríos) y su Decreto Reglamentario Nº 3090/10, se efectuaron estos procedimientos que estuvieron a cargo por parte del Ministerio de Salud, el doctor Esteban Sartore; la arquitecta Ximena Cuestas y la licenciada Lorena Cassotti; y por parte de la Dirección de Inspecciones Técnicas -dependiente de la Dirección General de Habilitaciones de la Municipalidad de Paraná- María del Carmen Enrique.

Al tomar conocimiento de situaciones irregulares del geriátrico vinculada a los adultos mayores e incluso a la presencia de dos menores de edad, los funcionarios provinciales y municipales convocaron a la defensora Yamila Fatre, para que vele por los derechos vulnerados.

Los funcionarios fueron recibidos por un empleado del geriátrico, quien les indicó que cumple la función de “cuidador” en la residencia, pero les negó el acceso a la “institución” hasta tanto llegara al lugar la propietaria.

Los presentes en esas circunstancias refirieron que este empleado ni siquiera tenía tapa boca al momento de hablar con ellos, para dimensionar el primer umbral de las deplorables condiciones y falta de prevención en este supuesto geriátrico.

Tampoco los funcionarios observaron algún cartel indicativo que señale que allí funciona una residencia para adultos mayores; en cambio a simple vista era visible la falta de cuidado e higiene y de mantenimiento.

Al momento de ingresar se constató que estaban “residiendo” doce adultos mayores y otras tres personas como empleadas, de las cuales una sola dijo tener capacitación como “cuidador”, aunque en el momento no pudo acreditar documentación alguna.

Lo otro que llamó la atención –y que derivó en la convocatoria al Ministerio Público de la Defensa- es que, en una habitación ubicado en los fondos de la residencia, se encontraba durmiendo una mujer (que era una de las “cuidadoras”) junto a sus dos hijas menores de edad.

Y una de las “cuidadoras” reconoció que no poseía capacitación alguna, pero se encontraba abocada a la atención de 11 adultos mayores, entre los que estaba una persona en silla de ruedas, y que no podía movilizarse por sus propios medios.

Además de un deterioro generalizado, se corroboró que el establecimiento no cuenta con luces de emergencia en funcionamiento, con matafuegos vencidos, y las habitaciones como otras dependencias se caracterizaban por la humedad y revoques rotos; además de las barandas de los pasillos oxidadas.

Ninguna habitación poseía timbre de emergencia, ni luces focalizadas en las cabeceras de las respectivas camas e incluso para ingresar a ese cuarto no había puerta sino una cortina, lo que genera una notable falta de privacidad para los adultos mayores allí alojados.

También se corroboró que las camas y colchones de las habitaciones estaban en muy mal estado, con hundimiento, roturas; lo que impide un normal descanso para cualquier persona y mucho más para un adulto mayor.

Del mismo modo, se relevó que la humedad, el desprendimiento de revoque y la falta de higiene implica un riesgo para la salud de los adultos mayores, pero es la falta de humanización y cuidados el mayor daño que se les inflige por ser casi irreparable,

Otro ambiente que se adaptó como habitación fue la cochera de la propiedad, donde había tres camas, una falta total de limpieza y carecía de ventilación hacia el exterior.


El geriátrico funcionaba en condiciones deplorables, vulnerando derechos de los adultos mayores.

En cuanto a los sanitarios también se observaron falta de higiene y roturas varias como la falta del regador de la ducha, para dar un ejemplo.

La cocina, el depósito, las oficinas, el patio y todas las demás dependencias se encontraban en idéntico estado deplorable.

En cuanto al personal, los funcionarios provinciales y municipales no pudieron acceder a sus registros de asistencia ni a documentación alguna que respalde su profesionalismo.

Respecto de los Registros Únicos de los Residentes, se encontraban con falta de documentación, y solo estaba el carnet de vacunación contra el Covid-19, entregado por el Ministerio de Salud, pero no así con indicaciones médicas o seguimiento de los mismos profesionales como tampoco de las actividades que forman parte de la enfermería.

La conclusión a la que se llegó luego de esta inspección fue lapidaria: la “institución” no se encuentra en condiciones para ser habilitada.

En consecuencia, se sugirió la necesidad de comunicar a los familiares de la deplorable situación y compeler a los mismos para que puedan arbitrar las medidas necesarias para trasladar a sus seres queridos a sus lugares de procedencia o en el caso que no fuese posible se arbitren las medidas necesarias para la reubicación de los mismos.

Por parte de la Municipalidad de Paraná, se tomarán las medidas correspondientes a fin de proceder a la clausura o cierre definitivo de “esta residencia” porque las condiciones de infraestructura y seguridad no garantizan el bienestar integral de las personas mayores que residen allí.

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