La Municipalidad de Paraná procedió este martes de mañana a la clausura de la chatarrería ubicada en avenida Circunvalación, de la familia Todoni, tras la disposición de la Justicia que dio lugar a un amparo colectivo.
El subsecretario de Ambiente de Paraná, Maximiliano Pérez Viecenz, aclaró: “Se procede a notificar y realizar la clausura de los dos portones de ingreso que tiene el depósito, con motivo del cumplimiento de la manda judicial del fallo que ayer se publicó como ejecución de sentencia”.
En ese sentido, en diálogo con Canal 9 Litoral, agregó: “Estamos ejerciendo el deber judicial de cumplir la sentencia como autoridad de contralor que somos en la ciudad”.
Consultado por los problemas detectados, detalló: “Como vemos, es un depósito que está muy descontrolado. Hay infinidad de incumplimientos. Hubo un proceso judicial por un amparo colectivo ambiental largo que ha llevado su tiempo de tratamiento y ha culminado con una ejecución. Hay muchísimos residuos, inclusive residuos peligrosos constatados que no pueden estar aquí. La empresa ha sido conminada a cesar la actividad”.
Vale recordar que en octubre de 2024 el programa televisivo Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) denunció que la empresa incumplía con un fallo judicial que disponía su clausura y mostró en un informe especial testimonios de los vecinos afectados por el funcionamiento del lugar.
Qué dice la resolución judicial
La jueza Gabriela Mastaglia, vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Paraná, ordenó este lunes la clausura de la planta de tratamiento y residuos ubicada en la Avenida Circunvalación, la que deberá ser ejecutada por la Municipalidad de Paraná en el plazo de tres días. Se trata de la conocida chatarrería “Todoni”.
La magistrada adoptó la medida ante el incumplimiento por parte de la empresa (cuyo nombre legal es “Las 3 E S.R.L”) de la sentencia del 29 de julio del año pasado cuando la jueza había admitido una acción de amparo ambiental colectivo presentado por vecinos de la zona.
Además, Mastaglia ordenó a la Policía de Entre Ríos la vigilancia del predio, durante 30 días, entre las 7 y las 17, a fin de garantizar el cumplimiento de lo dispuesto.
También intimó a la empresa para que en el plazo de cinco días de notificada cumpla el traslado de los residuos de conformidad con el plan operativo presentado por las autoridades ambientales. Si Todoni no cumple la manda judicial, le impondrán el pago de 200.000 pesos diarios, incluidos los días inhábiles.
Las actuaciones fueron remitidas al fiscal Cristian Giunta por el incumplimiento del Programa de Tratamiento y Disposición final de los Residuos, y a la Fiscalía Federal de Paraná por la posible comisión de delitos relativos al manejo de residuos industriales.