“El grado de desigualdad social en que estamos sumergidos es muy grande y peligrosísimo para nuestro futuro”, dijo el obispo Oscar Ojea, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) al hablar en la sesión inaugural de la Semana Social que comenzó ayer en Mar del Plata y es organizada por la Iglesia Católica.

En la oportunidad, el obispo de San Isidro afirmó que “las causas estructurales de la pobreza residen ante todo en la autonomía absoluta de los mercados y de la especulación financiera”. Y sostuvo que “esta autonomía está defendida por ideologías que niegan el derecho de control de los Estados encargados de velar por el bien común”.

Recordando palabras del Papa, el obispo llamó a colocar la política por encima de la economía porque “no podemos entregarnos con las manos atadas a una economía que mata”.

Hizo también una apelación al “encuentro de los argentinos y por la paz entre los argentinos” que incluye “un desafío cultural” que para enfrentarlo demanda “crear espacios de pensamiento y de diálogo aún en este tiempo en que lo inmediato parece ganarlo todo”, consignó el diario Página/12.

El presidente del Episcopado advirtió que “nuestros problemas más urgentes” en medio del proceso electoral son “la alimentación, especialmente de los niños, el desempleo y la angustiosa situación económica”.

Respecto de los dirigentes, Ojea advirtió el riesgo que los políticos tienen de “alejarse del pueblo”, hecho que atribuyó a “la presión de una elite, un malentendido profesionalismo o la tarea de construir una imagen y de vivir para ella”.

La llamada “Semana Social” que anualmente y desde hace 25 años realiza la Iglesia Católica, es un escenario montado por el episcopado a través de la Comisión de Pastoral Social que preside el obispo Jorge Lugones, para poner a debatir los temas que le importan a la jerarquía, y convocar para ello a diversidad de actores relevantes de la vida política, sindical, empresaria y académica del país. El lema de las jornadas de este año es “Trabajo: clave para el desarrollo humano integral”. En la previa del encuentro, Lugones aprovechó un diálogo circunstancial con periodistas para subrayar como problema que “la mitad de los trabajadores en nuestro país están en negro”, agregando que se trata de “índices que nos golpean”.

En esta ocasión resalta la ausencia de funcionarios oficiales de alto rango en las jornadas. El año pasado estuvieron en la inauguración la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y la Ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, uno de los nexos del oficialismo con la jerarquía católica. En esta oportunidad la presencia del gobierno quedará limitada al Secretario de Culto de la Nación, Alfredo Albiani y algunos asesores y ex funcionarios. En el programa está prevista la participación en los distintos paneles del industrial José Urtubey, del ex ministro Jorge Triaca, de Joaquín De la Torre (en representación de la gobernadora Vidal), Julio Piumato, Hugo Yasky y Fernanda Raverta, entre otros, publicó Página/12.

Si bien el diálogo institucional entre el Gobierno y la Iglesia es fluido, desde el oficialismo causa molestia la insistencia de la jerarquía y de otros actores del mundo católico en cuestiones que hacen referencia a la crisis social. Y en más de un caso se menciona directamente al Papa como responsable de presuntas instrucciones en tal sentido. Para argumentar se menciona la estrecha relación y diálogo permanente que existe entre Ojea y el Papa Francisco. A ello se suma el malestar porque Francisco viene postergando su visita al país, algo que solo se concretaría después de realizadas las elecciones y el cambio de gobierno, según un anticipo hecho por el Presidente del Episcopado quien no obstante no confirmó oficialmente ninguna fecha para la eventual gira papal por Argentina. 

Al margen de lo anterior, el oficialismo mira con recelo el diálogo frecuente y abierto que Ojea tiene con los organismos defensores de los Derechos Humanos, organizaciones y movimientos sociales.

Entre los obispos se reitera la preocupación por lo que consideran la “tergiversación” del mensaje papal en los medios de comunicación, sin dejar de señalar la afinidad entre los periodistas que critican al Papa y los voceros oficiosos del gobierno.