En el manual de comunicación del gobierno hay una respuesta automática para referirse a las diferencias que, por los motivos más disímiles, quedan a la vista entre distintos sectores del oficialismo. “Somos parte de un frente muy diverso, en el que no todos pensamos lo mismo sobre todos los temas”, dice ese libreto, casi calcado al del gobierno anterior.

Pero las diferencias expuestas durante la última semana pusieron a prueba la efectividad del manual y acecharon al presidente, que debió recurrir a sus dotes de equilibrista para no salir tan herido por múltiples versiones de “fuego amigo”.

Corrido por derecha y por izquierda, Alberto Fernández queda sin esfuerzo en el centro y cincela un estilo de conducción moderado, cuyos resultados parecen más atados al éxito de la gestión que a una prédica ideológica.

Aunque con voltajes muy distintos, desde Sergio Berni, ministro de Seguridad bonaerense, a Eduardo "Wado" de Pedro, ministro del Interior, exhibieron diferencias con el presidente en temas sensibles y encendieron las alarmas de la discordia.

El listado de protagonistas de los roces internos lo completan Hebe de Bonafini, Milagro Sala, Oscar Parrilli y Juan Grabois, crítico del ritmo de la gestión y de la aplicación de la tarjeta alimentaria.

De todos ellos, solo De Pedro es un subordinado de Fernández. Por eso no pasó inadvertido en la Casa Rosada que, en contra de la línea fijada por el presidente, haya denunciado la existencia de "presos políticos" en la Argentina. "Milagro Sala lleva 4 años detenida, no queremos más presas y presos políticos en la Argentina", publicó el jueves a la noche, en Twitter, y replicó un posteo de La Cámpora que reclamaba la liberación de la dirigente jujeña.

La frase adquiere otro significado por el contexto. Tres días antes, Fernández recibió en la Casa Rosada a los directivos de los principales organismos de derechos humanos y les dijo que, para él, en la Argentina no hay "presos políticos", sino "detenciones arbitrarias".

Repitió los argumentos jurídicos que había dado en la campaña: "Un preso político es una persona que fue detenida sin un proceso. En la Argentina lo que hay son detenidos arbitrarios, que es otra cosa. Es gente que podría soportar sus procesos en libertad, pero los detienen porque son opositores".

Ausente en ese encuentro, la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, apareció en escena al día siguiente, con una carta pública dirigida a Fernández. "Señor Presidente, debe decidir de qué lado está: si con el Poder Judicial, mayoritariamente corrupto, o con los presos políticos", le dijo.

La propia Sala se sumó a la polémica ese día: "Alberto Fernández es abogado, pero yo sí siento que somos presos políticos". Para entonces, también el senador Oscar Parrilli, presidente del Instituto Patria, había denunciado la existencia de "presos políticos". Con Cristina Kirchner en silencio, el universo cristinista colisionaba de lleno con la moderación albertista. Justo en ese momento tuiteó De Pedro.

En el entorno del ministro del Interior, hijo de desaparecidos y cercano a los organismos de derechos humanos, buscaron bajar el tono al episodio. Dijeron que no buscó de ningún modo contradecir al Presidente, sino respaldar el reclamo en favor de la liberación de Sala. En el entorno de Fernández objetaron el modo. Señalaron que hasta la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, que fue abogada de la dirigente jujeña durante cuatro años, evitó esta semana hablar de "presos políticos".

El motivo del cortocircuito no deja de ser paradójico: a diferencia de la distancia que tomó respecto de otros exfuncionarios kirchneristas detenidos, como Julio De Vido o Amado Boudou, Fernández denunció la arbitrariedad de la detención de Sala desde el primer momento y fue a visitarla a la cárcel el 31 de diciembre de 2016, cuando todavía no se había reconciliado con Cristina. La diferencia semántica sobre las características del encarcelamiento solo exponen las dificultades para que un moderado conduzca a la tropa más radical. "No le viene mal a Alberto quedar despegado de los extremos", evaluó una cristinista, con ánimo conciliador.

El cortocircuito que inauguró la semana, con Berni como protagonista, había venido desde el otro extremo. En el entorno del Presidente pusieron fin a la escalada, después de un diálogo con el gobernador de la provincia de Buenos Aires. "Axel [Kicillof] lo ordenó", dijo un funcionario de la Casa Rosada, sobre el silencio que se autoimpuso el secretario de Seguridad bonaerense después de haber desafiado a Fernández.

"Berni siente que tiene en sus manos la tarea más difícil de todas, después de la de Guzmán [Martín, ministro de Economía] y que el gobierno nacional lo deja solo", dijo un funcionario bonaerense. En el Ministerio de Seguridad de la Nación, que encabeza Sabina Frederic, no lo quieren ni ver. La reunión entre Berni y la ministra, el jueves 9 de enero, fue durísima. Destacan que, de todos modos, se acordó el despliegue de fuerzas federales en la provincia.

¿Por qué Kicillof designó a Berni? Funcionarios nacionales y bonaerenses coinciden en que fue una sugerencia de Cristina, que mantiene la confianza en quien fue su secretario de Seguridad. "Axel está por muy preocupado y ocupado en el tema de la deuda. Necesitaba a alguien que, al menos desde lo gestual, resolviera el tema de la seguridad y tuviera el respaldo de los intendentes, al menos en el primer tramo de la gestión", ensayó un dirigente que trabaja para Kicillof. De uno y otro lado confían en que la gestión pueda mostrar logros que disimulen las diferencias.

Fuente y foto: La Nación