Todas las últimas acciones, públicas y privadas, de la vicepresidenta Cristina Fernández​, estuvieron vinculadas a sus infortunios judiciales. El plan de impunidad ya empezó. Hechos, son hechos.

El lunes pasado, Fernández difundió una denuncia en la que dijo ser víctima de un complot de los organismos de control del Estado de la gestión Macri. El origen del supuesto “complot”, si se leen en detalle sus escritos, es que la AFIP le inició una ejecución fiscal por falta de pago del impuesto a las Ganancias por $ 8.133.812,71, en concepto de capital, intereses y multas. Todo corresponde a tres períodos: 2011, 2012 y 2016.

Según el texto de la vice, la AFIP inició una investigación mediante la fiscalía federal de Río Gallegos, pero jamás le dio la posibilidad de defenderse porque no la notificaron. Ella misma cuenta que los avisos de AFIP fueron enviados al domicilio Alcorta 76, en Río Gallegos. Es su registro fiscal ante la AFIP. Ocurre que son oficinas en las que trabajaba su ex contador, Víctor Manzanares, quien se mudó hace tiempo y se convirtió en un “arrepentido” contra su exjefa en la causa de los Cuadernos, publicó el diario Clarín.

Para la vice, la AFIP debería saber que esa dirección era errónea porque el lugar fue allanado varias veces en causas de corrupción. Por eso le envió una queja a la conducción de la AFIP, al mando de su presidenta del BCRA, Mercedes Marcó del Pont. Se desconoce si se comunicó con quien logró imponer como jefa de la Dirección General Impositiva: la ex cuñada de su hijo Máximo, Virginia García.

Las acciones de Fernández para cuidar sus frentes judiciales fueron más. El 30 de enero, en su rol de presidenta del Senado, se encargó de que la Casa Rosada elimine de las sesiones extraordinarias la votación para elegir más de cien nuevos jueces y fiscales. Eran magistrados elegidos entre ternas por Mauricio Macri. Ahora será su Gobierno el que vuelva a revisar esos concursos.

Aunque Cristina Fernández es la figura central del poder en la Argentina, continúa denunciando que es una perseguida por la Justicia.

Tanto Máximo como Florencia están procesados e irán a juicio oral en dos causas en las que ella es la principal acusada: Hotesur y Los Sauces. Así se llaman dos de las sociedades de la familia Kirchner que, según demostró la Justicia en su etapa de instrucción, habrían funcionado para blanquear plata de origen ilegal de dos contratistas de obra pública. Uno es el constructor preso por lavado, Lázaro Báez. El otro es el líder del ex Grupo Indalo, Cristóbal López.

La sociedad Hotesur controla el hotel más grande la familia K, el Alto Calafate, rentado a Báez a precios exorbitantes pero que a él no le costaba abonar debido a que era un adjudicatario notable de contratos de obra pública. Los Sauces debía funcionar en los papeles como inmobiliaria, pero jamás tuvo sede o empleados. Tenía solo dos inquilinos: Báez y López, consignó el diario Clarín.

El caso Los Sauces tuvo amplia repercusión cuando se conoció que una de sus procesadas, Florencia, se iba a ir del país debido a su enfermedad. Es un tema del ámbito privado de los Kirchner. Pero tiene un correlato judicial. Los integrantes del tribunal debieron asegurarse que Cristina no salga de Cuba cuando viaja.

El diario Clarín pudo saber, de acuerdo a fuentes judiciales, que los casos Hotesur y Los Sauces se unificarán en solo juicio oral.

Debido a una pericia pedida por los otros procesados en la causa, como Báez y López, la fecha de comienzo de ese juicio es incierta.

Lo que retrasó todo es que los empresarios amigos de Fernández pidieron demostrar que podían pagar los altos alquileres que les cobraban los Kirchner porque sus empresas tenían plata “blanca” suficiente.

En lo que respecta a Hotesur, el repentino cambio de uno de los jueces del Tribunal Oral Número 5 también postergó su inicio. En este tema puntual, la llegada inesperada del magistrado Adrián Grunberg, quien reemplazó a su colega José Martínez Sobrino, hizo que el nuevo juez pida el expediente para leerlo en su totalidad. Es su trabajo. Grunberg milita en la agrupación judicial K “Justicia Legítima”. La causa está en su despacho. El retraso del juicio no se debe, por ahora, a una lectura no veloz de ese expediente. Los jueces y fiscales, además, se ocupan de otros juicios en cada día de la semana.

Cristina Fernández, mientras tanto, logró imponer en un organismo clave para esos dos casos a uno de sus abogados. La Inspección General de Justicia (IGJ), que se encarga de controlar el funcionamiento de las empresas, está ahora liderada por un ex apoderado de Hotesur, testigo además en el caso Los Sauces. Se trata de Ricardo Augusto Nissen.

Tal como adelantó la abogada Silvina Martínez en Twitter, quien trabaja con Margarita Stolbizer en denuncias de corrupción, Nissen tuvo una actividad tornádica desde que llegó a la IGJ. Según denunciarán el lunes, Nissen ya “invitó” a jubilarse a la técnica de la IGJ que investigaba las irregularidades en los papeles del financiamiento del “Instituto Patria”, la sede de operaciones de Fernández. Y también habría presionado para despedir o trasladar a dos directores que iniciaron las pesquisas sobre incumplimientos en los papeles presentados ante la IGJ por Hotesur y por Austral Construcciones, de Lázaro Báez. Una medida similar se habría tomado sobre quien pesquisó a la petrolera de Cristóbal López.

Nissen fue apoderado de Hotesur. Participó en una de sus asambleas en las que alzó la voz para denunciar la persecución contra esa empresa solo por ser propiedad de los K. La IGJ venía multando por varios incumplimientos a Hotesur. La notificación sobre una de esas multas llegó al domicilio correcto de Nissen.

El abogado que volvió a la IGJ para erradicar la inscripción de sociedades offshore tal vez tenga suerte: al menos su colega de directorio en varias empresas, como Cold Lands, Marcelo Pittner, dio de baja una offshore en el Reino Unido llamada Black Pool Commodities LLP. Nissen comparte directorio, además, en varias firmas con Amira Samira Yoma, sobrina de la ex secretaria de Carlos Menem, Amira Yoma. Curiosidades.

Si se chequea el Twitter de Cristina Fernández, o su web, sus últimos posteos están todos vinculados a causas judiciales.

En una de sus pocas apariciones públicas recorrió una de las represas de Santa Cruz, a medio hacer, con uno de los directivos que estuvo detenido en el caso Cuadernos, el accionista de Electroingeniería, Gerardo Ferreyra. En ese paseo, Fernández se quejó por el estado de la ruta provincial 9. Un error. Ese camino es justo uno de los ejemplos por los que fue indagada en la causa por el favoritismo a Báez en la obra pública, publicó el diario Clarín.

El 23 de enero del 2007 se abrió la licitación para que esa ruta sea mejorada con ripio. El precio se estipuló en $ 238.248.064,42. A los seis días, se abrieron las ofertas. Ganó Austral Construcciones, de Báez. ¿Cuánto ofertó? El mismo número, exacto, con centavos incluidos. Báez, además, cobró más por el trabajo, que hizo mal, a destiempo y sin control. Fernández tuiteó que las noticias que vinculaban los negocios de su ex socio con esa ruta eran falsas. Los papeles están. Hechos son hechos.