Los fiscales Ignacio Aramberry y Patricia Yedro ofrecieron el testimonio de personas que fueron contratadas pero no forman parte de la imputación. Aseguraron que están en condiciones de dar cuenta sobre la mecánica de los hechos. El defensor Miguel Ángel Cullen se opuso en algunos casos puntuales, porque se trata de testigos que no están en un listado que fue peritado como parte de la investigación.
En el gran paquete de testimoniales ofrecidas por quienes llevan adelante la acusación formal, resaltaron ex legisladores del peronismo, empleados legislativos, bancarios y el Grupo Octógono, algunos integrantes de esa empresa íntimamente ligada a las gestiones peronistas fueron procesados como espías en Capital Federal.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) desagregaron una nómica compuesta por más de 100 personas que, en su mayoría, en algún momento del período investigado (2008-2018), fueron contratadas por alguna de las cámaras legislativas. Dijeron que si bien sus contratos no forman parte de la imputación, conocen la mecánica de los hechos investigados y pueden deponer al respecto. Del grupo de personas también forma parte el titular de una tómbola de Paraná que, según la hipótesis acusatoria, funcionó como “base de operaciones”.
“Cuando pedimos la imputación, se nos facilitaron varios listados. Queremos saber cuál es la pertinencia de una persona que no está en la imputación ni en el listado de una pericia sobre contratados. El listado que nos pasaron no se corresponde con el listado peritado que forma parte de esta audiencia. Por eso hago oposición. En una instancia de apelación mandaron a unificar la imputación y sacaron a 153 personas. La Fiscalía primero consideró que eran contratos ilícitos, nosotros sostenemos que siempre fueron lícitos. Por eso no entiendo la pertinencia”, se quejó el defensor Cullen. A su oposición se sumó el abogado Tomás Vírgala y agregó: “Sería bueno que adelanten sobre qué hechos serán consultados porque la investigación es amplia”. No es el único punto crítico sobre el listado de testigos, los abogados temen que algunas personas corran el riesgo de vincularse directamente con la comisión de delitos mientras estén prestando declaración en un juicio.
“Una cosa es lo que compone la acusación y otra cosa es la pertinencia del testigo que viene a declarar sobre el hecho. El plantel de testigos forma parte de las entrevistas que hicimos en la investigación, luego en instancia de apelación mandaron a unificar la acusación. Nosotros tomamos estas entrevistas que ya fueron puestas en tensión con una nulidad planteada por uno de los defensores. Es un listado de 208 entrevistados. Quiero aclararlo, es pertinente porque es información colectada en la investigación”, respondió el fiscal Aramberry. “Ellos conocen la mecánica de los hechos, ya fueron entrevistados por Fiscalía. Esto pasa con un montón de personas, y pasa con otras personas que tuvieron vínculos regulares con la Legislatura”, agregó Yedro.
Como en otros aspectos y con otra evidencia ofrecida, la jueza de Garantías Marina Barbagelata, decidirá al final de esta etapa sobre los planteos presentados por los defensores.
Empleados del Banco de Entre Ríos y legisladores
Los fiscales también ofrecieron un listado de testigos que son empleados del Banco de Entre Ríos. Pueden referir en el debate acerca de “cómo se pagaban contratos de obra”, y los vínculos entre los empleados bancarios y los legislativos”, fundamentó Armaberry. Se trata de 11 personas que trabajan para la entidad bancaria.
Asimismo, se sugirió que los ex legisladores peronistas Leticia Angerosa; Juan Carlos Darrichón, José María Kramer, Juan Reylando Navarro, Gustavo Osuna; y Daniel Andrés Ruberto concurran a declarar en el juicio oral.
De igual modo, se propuso el aporte de 8 empleados de la Cámara de Senadores: Luis María Battisti; Alejandra Casa; Juan José María Casella; Daniel Adrián Cerrudo; Alejandro Espíndola, Horacio Omar Franco; Luis Alberto Mastrícola; y Gerardo Gabriel Pastor.
Integrantes del Grupo Octógono y procesados como espías
En el numeroso paquete de testigos que los fiscales consideran en condiciones de aportar a la investigación, sobresalió el ofrecimiento de los integrantes del Grupo Octógono. “Figuran como contratados. La intención es que, si no forman parte del anexo de la investigación, que vengan a dar cuenta si tenían contrato, cómo lo cumplían, las prestaciones, si percibían todo el monto de honorarios, entre otras cosas”, argumentó el fiscal Aramberry. Se trata de Ana Cabrera, Facundo Cabrera, Joaquín Cherai Guerrero, Bárbara Legascue, Alexis Lesa, y Federico Palá.
Los últimos dos fueron procesados como espías, en septiembre de 2023, por la Justicia de Capital Federal. Fue en el marco de la investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman, donde aparecieron vinculados a la vieja Secretaria de Inteligencia del Estado (SIDE). Pero no son los únicos. Bárbara Legascue también está asociada a tareas de espionaje.
La edición 1144 del 21 de septiembre de 2023 de la revista ANÁLISIS, consigna que Legascue es sobrina del exagente de la SIDE, Juan Carlos Legascue e hija de Jorge Legascue, ex abogado defensor del fallecido ex gobernador Enrique Tomás Cresto, cuando cayó preso por el golpe de Estado de 1976. El hermano de Bárbara Legascue es Luciano Legascue, abogado defensor de los imputados en esta causa de espionaje a Stiuso y la ex esposa de Nisman.
Otros testimonios
Los representantes del MPF también propusieron los testimonios de otras 50 personas, entre quienes resaltan los nombres de la ex vice intendenta de Paraná, Andrea Zoff (hermana del juez Pablo Zoff); María Alicia Míguez; Cesar Humberto Bieri, jefe de área Contratos de Diputados desde el 1 de marzo de 2017; César Javier García, el agente de Policía que observó extracción de dinero con tarjetas de terceros, episodio que dio origen a la investigación; Gustavo Zalazar (copropietario con el imputado Alfredo Bilbao); Esteban Melgarejo (para que declare sobre negocios inmobiliarios que lo ligaron con Bilbao); Carlos Faggionatto (contratado por Diputados que, como función, debía repartir carne a comedores); Delia Rosa Franchessi (dueña de un corralón donde se adquirían materiales de construcción, concretamente Bilbao que gestionaba adquisiciones para el fideicomiso de calle Alsina); Silvia María Gody; Juan Francisco Mutio y Cora Noemí Olazagoitia (ambos contratados); Susana Martínez Lacave (fiscal del Tribunal de Cuentas); Mónica Viviana Klocker; entre otros.
Causa
En la causa se investiga una estafa al Estado provincial, calculada en unos 53 millones de dólares, entre 2008 y 2018. Las maniobras para el desfalco se produjeron, según la investigación fiscal, a través de “contratos truchos” legislativos, para lo cual intervinieron funcionarios públicos, empleados con jerarquía en las dos cámaras legislativas, dos estudios contables, y ciudadanos por fuera de las estructuras del Estado, encargados de buscar “prestanombres”, falsificar firmas, endosar cheques, entre otros actos. Se estima que el dinero sustraído de las arcas públicas fue a parar a inversiones privadas, inmobiliarias y agropecuarias.
La instancia de elevación a juicio comenzó en abril de 2025 y quedó suspendida en julio. El Ministerio Público Fiscal (MPF) pidió la elevación a juicio en 2021, después de una investigación que llevó tres años. Los fiscales que están a cargo son Ignacio Aramberry, Patricia Yedro y Gonzalo Badano. Los abogados que intervienen son Damián Petenatti e Iván Vernengo en representación del imputado Alfredo Bilbao; José Velázquez, abogado defensor de los imputados Flavia Beckman y Hugo Mena; Tomás Vírgala, defensor de Ariel Faure; Pablo Hawlena Gianotti y Miguel Cullen, ambos representan a Jorge De Breuil. Cullen, por su parte, defiende también a los imputados Gustavo Pérez, Alejandro Almada, Juan Pablo Aguilera, Hernán Díaz, Marta Pérez, Pedro Opromolla y Maximiliano Degani.
De los 32 imputados inicialmente en el legajo quedaron 18, porque 12 accedieron a suspensiones de juicio a prueba, Esteban Scialocomo acordó un juicio abreviado; y el contador Gustavo Falco fue sobreseído. De modo que, además de Bilbao, Beckman, Mena, Faure, De Breuli, Pérez, Almada, Aguilera, Díaz, Marta Pérez, Opromolla y Degani, también están imputados Sergio Esteban Cardoso; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Juan Domingo Orabona; Jorge Fabián Lazzaro; y José Javier Schneider.
A mediados de abril de 2025, quienes accedieron a probation fueron María Victoria Álvarez, Verónica Caíno, Alejandro Ferreyra, María Macarena Álvarez, Fernando Gastón Sarnaglia, Andrea Demartín, Nicolás Beber, Renato Mansilla, Guido Krapp, Jorge Pablo Balladares y Jazmín y Giselle Mena Gioveni.
