A través del Decreto 230/2020, que llevó las firmas del presidente Alberto Fernández, el Ministro de Agricultura, Luis Basterra, y el ministro de Economía, Martín Guzmán, el Gobierno oficializó el aumento del derecho de exportación para la soja y sus subproductos. Tal como se lo había comunicado a la Mesa de Enlace, las retenciones subieron de 30 a 33%.

De esta manera, se confirmó el segundo incremento que la administración Alberto Fernández aplica en este sentido, ya que al asumir los derechos de exportación de la soja eran del 24,5%. A muy poco de asumir, se dispuso una suba al 30%. Finalmente, con la sanción de la ley de "Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de Emergencia Pública, el Congreso habilitó al Ejecutivo para aumentar otros tres puntos porcentuales.

Si bien no fue detallado en este mismo Decreto, el contrapunto de esta iniciativa sería la aplicación de un sistema de compensaciones para aquellos productores las 1.000 toneladas en la campaña pasada y la reducción de las retenciones para algunas producciones de las economías regionales.

Entre los considerandos se destacó: “Resulta fundamental establecer políticas inclusivas de la actividad exportadora de las economías regionales que mejoren su desempeño y que incrementen la competitividad de la exportación de bienes y servicios a medida que mayor sea su valor agregado”.

A su vez, se remarcó que “resulta imprescindible mejorar los ingresos fiscales en un contexto económico de endeudamiento, alta inflación, recesión creciente, desempleo generalizado y emergencia alimentaria”

Finalmente, en el texto se afirmó que "deviene necesario modificar transitoriamente las alícuotas de los derechos de exportación para determinadas posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur que forman parte de la cadena agroalimentaria.

Si bien Fernández ya había sugerido la concreción de la medida durante su discurso ante la Asamblea Legislativa, enfatizando que las retenciones subirían “solamente para uno entre 25 cultivos”, la decisión abre interrogantes acerca de cómo será la relación entre el Gobierno y el sector agropecuario, que tantos conflictos trajo en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. El presidente, entonces jefe de Gabinete, no fue ajeno a esa historia.

Las dos convocatorias del ministro de Agricultura, Luis Basterra, a las cuatro entidades que integran la Mesa de Enlace dieron un marco de negociación a la medida. “Hemos tenido un permanente diálogo con las entidades del campo, de manera informal algunas veces y otras de manera formal. En función de ello y con un criterio de responsabilidad fiscal, estuvimos analizando el impacto de la suba y la baja de las retenciones en todos los cultivos. Teníamos que tomar una decisión que considere: equidad social y equidad territorial, para eso la imposición que tenemos de nuestro estado fiscal es que no podemos incrementar el gasto”, señaló Basterra el martes al concluir la reunión.

El esquema establecido por el gobierno, según explicó el Ministro, consistirá en destinar una parte de la recaudación adicional a la compensación de 3 de cada 4 productores de soja, siempre que su producción no haya superado las 1.000 toneladas en la campaña anterior. Este beneficio, según datos oficiales, alcanzará a 42.406 productores que representan el 74,2% del total. Los restantes 14.884 productores, con rindes por encima de las 1.000 toneladas, no recibirán compensación alguna.

Esta segmentación implicará que quienes producen hasta 100 toneladas, tributarán una retención del 21%; entre 100 y 200 toneladas, el 24%; entre 201 y 300 toneladas, el 27%; entre 301 y 400 toneladas, el 28%; entre 401 y 500 toneladas, la retención será del 29% y entre 501 y 1.000 toneladas llegará al 30%.