El Frente de Todos en el Senado confía sumar apoyo al proyecto para recortar las jubilaciones especiales. En Diputados la bancada de Juntos por el Cambio se levantó sin acompañar el debate ni la votación, pero hubo otro clima en el debate de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto el miércoles en la Cámara alta. Se percibieron más similitudes que diferencias, aunque parece difícil que se logre un acuerdo: la postura del oficialismo y la oposición está empañada por la sospecha respecto a qué pasará con los cargos de jueces vacantes.

El senador Esteban Bullrich ofreció colaboración, Martín Lousteau propuso cambios más profundos y Luis Naidenoff, jefe del interbloque, avisó que dará un fuerte debate para señalar que el problema de la reforma enviada por el Ejecutivo tiene segundas intenciones como empujar la salida de jueces para nombrar nuevos magistrados cercanos a la actual gestión. Silvia Elías de Pérez sostendrá, como es habitual, la posición más dura. “Hacen como que escuchan y después avanzan con lo que quieren”, se quejó la tucumana.

José Mayans, jefe del bloque del Frente de Todos, se preguntó qué discutía la oposición si también quiere la reforma al sistema previsional deficitario. Su planteo terminó con risas entre adversarios y un apretón de manos entre el formoseño y Lousteau, que le celebró la humorada.

La sesión fue convocada para el próximo jueves a  las 12. Nadie desconoce la superioridad numérica del oficialismo tanto para reunir quórum como para votar la ley por mayoría simple. Ante los hechos consumados, Juntos por el Cambio insistirá con su propuesta para fijar postura, pero recién presentaría su dictamen a último momento y definirán en reunión de Interbloque si votarán o no en general la media sanción de la Cámara Baja. El oficialismo está convencido de que finalmente acompañarán la iniciativa, pero no concederán ninguna modificación como la cláusula transitoria para ‘cuidar’ a los actuales jueces de interpretaciones caprichosas. El Senado es cámara de revisión y cualquier modificación obligaría a remitir el proyecto nuevamente a la cámara de origen.

Lo que sigue es, punto por punto, la media sanción del oficialismo tanto para las jubilaciones de jueces como de funcionarios del servicio exterior:

En el régimen de jubilaciones de magistrados y en el Ministerio Púbico las mujeres jubilarán a los 60 años y los hombres a los 65 años. La modificación no cuenta para el servicio exterior, donde la actual legislación establece ya 65 años como fecha de jubilación.

Deberán tener 30 años de servicios con aportes en uno o más regímenes incluidos en el sistema de reciprocidad jubilatorio y haberse desempeñado como mínimo durante diez años de servicios continuos o 15 discontinuos tanto en el Poder Judicial como los diplomáticos en el servicio exterior.

El haber inicial de la jubilación ordinaria será el equivalente al 82% móvil del promedio de las últimas 120 remuneraciones actualizadas, sujetas a aportes y contribuciones por el desempeño de los cargos

Ese haber no podrá ser superior a la remuneración total, sujeta a aportes y contribuciones previa deducción del aporte personal jubilatorio del cargo correspondiente al cese definitivo en el servicio. Y será móvil.

El haber de la jubilación por invalidez de los magistrados y funcionarios que se incapacitaran hallándose en el ejercicio de sus funciones respectivas será equivalente al 82% del promedio de las últimas 120 remuneraciones actualizadas, sujetas a aportes y contribuciones percibidas durante el período inmediato anterior a la contingencia. Si el período de servicio fuera menor a 120 meses se promediarán las remuneraciones actualizadas percibidas durante ese lapso.

El aporte personal será equivalente a la alícuota determinada en el artículo 11 de la ley 24.241 y sus modificatorias incrementada en siete puntos porcentuales, sobre la remuneración total percibida en el desempeño de sus funciones.

También se establece que la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social elaborará anualmente un informe sobre la sustentabiliad económica, financiera y actuarial de los regímenes previsionales y lo elevará para su consideración a la Comisión Bicameral de Control de los Fondos de Seguridad Social creada en el Congreso

Para los magistrados se incluye una cláusula transitoria que fija una escala para la edad jubilatoria en el artículo 15. 60 años para el 2020, 61 en el 2021, y así sucesivamente hasta alcanzar los 65 años en el 2025.

Desde Juntos por el Cambio se apuntará a todos los regímenes diferenciales y especiales y se reclamarán modificaciones de fondo con el argumento de que el proyecto del Ejecutivo para los judiciales y el servicio exterior representa sólo el 7% del déficit total de los regímenes especiales. De todos los regímenes especiales, propondrán dejar afuera a docentes e investigadores únicamente.

En la oposición sostienen que en el sistema previsional hay multiplicidad de regímenes con beneficios (y niveles de subsidio) mayores que los del régimen general regular.

Los regímenes especiales (con formas de cálculo del haber inicial y movilidades distintas del régimen general) representaron en 2018 un gasto de aproximadamente 0,7% del PIB, con 3,1% de los beneficios y 9,1% del gasto del SIPA, afirmó el senador Lousteau días atrás.

Algunos de ellos tienen también menores requerimientos de edad como jueces, docentes, investigadores, docentes universitarios y los trabajadores del Yacimiento Carbonífero de Río Turbio.

Tanto Elías de Pérez como Lousteau pidieron y repetirán el pedido de usar los 180 días que establece la ley de emergencia económica para constituir una comisión que trabaje en la movilidad y en la totalidad del régimen.