En su indagatoria, Majdalani recusó a la fiscal y rechazó acusaciones de espionaje ilegal

Indagatoria

Silvia Majdalani fue indagada esta mañana.

Con un sobreseimiento que les dictó Comodoro Py en la mano, Silvia Majdalani, la ex subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) (AFI) macrista, se presentó hoy en los tribunales federales de Lomas de Zamora para prestar indagatoria, acusada de haber espiado ilegalmente en 2018 a Cristina Kirchner y de haber montado luego una cobertura legal cuando los agentes fueron descubiertos en la puerta del Instituto Patria. Apenas comenzó el trámite judicial, recusó a la fiscal del caso, Cecilia Incardona. Su defensa busca demostrar que la ex funcionaria no cometió ilícitos.

Majdalani llegó al juzgado pocos minutos después de las nueve de la mañana, hora en la que estaba citada. Ingresó junto con Juan Pablo Vigliero, uno de sus abogados, sin hacer declaraciones a la prensa que la esperaba en la puerta. “No entienden el concepto de después”, dijo el letrado mientras su clienta caminaba en silencio, con barbijo a lunares, la media cuadra que la separaban hasta la entrada del edificio.

Lo primero que hizo Majdalani al llegar al juzgado de Lomas de Zamora fue recusar a la fiscal de la causa, que promovió su imputación e indagatoria. La defensa pidió apartarla porque, a su criterio, la funcionaria del Ministerio Público perdió objetividad. Además, sostiene que Incardona consintió la causa por el G20 en donde se justificaron las diligencias de la AFI que hoy son consideradas ilegales. Ahora, la fiscal Incardona tiene que responder a esa recusación y luego el juez Juan Pablo Augé resolver. En la causa trabaja además el fiscal coadyudante Santiago Eyherabide, que se sumó a la causa hace poco más de un mes.

Mas allá de la estrategia de la defensa, fuentes judiciales señalaron a Infobae Majdalani cumplió con el trámite de la indagatoria en donde escuchó las acusaciones y las pruebas del expediente. La ex “señora ocho” del macrismo insistió en rechazar las acusaciones en su contra y defender el sobreseimiento que se le dictó en Comodoro Py. Se retiró minutos antes de las 13, sin hacer declaraciones y en medio de un revuelo de cronistas.

Para mañana, en tanto, está convocado Gustavo Arribas, quien fuera el director de la AFI durante el macrismo, y también imputado por la fiscalía en la causa. En su denuncia original, la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, también promovió la indagatoria del ex presidente Mauricio Macri, según la documentación a la que accedió Infobae.

Arribas y Majdalani fueron convocados bajo la sospecha de haber dado “órdenes o instrucciones” a Alan Ruiz, ex jefe de Operaciones Especiales de la AFI, para llevar adelante “tareas de inteligencia ilícitas” sobre la hoy vicepresidenta; y luego, al ser descubiertos, haber desarrollado una “maniobra fraudulenta mediante falsedad documental” para hacer ver que esas diligencias estaban justificadas en una causa judicial para prevenir atentados por la realización del G-20 y otros eventos de relevancia que se iban a desarrollar en el país.

Antes de presentarse a declarar, la defensa de Majdalani intentó frenar la indagatoria. La defensa pidió postergar la declaración el mismo día en que se solicitó. Se afirmó que se debía esperar la respuesta a un planteo que ellos mismos habían hecho ante el juzgado de Marcelo Martínez De Giorgi. En Lomas de Zamora les dijeron que no. Y en Comodoro Py, tal como informó el miércoles Infobae, el juez Martínez de Giorgi les había contestado que esa causa fue cerrada en 2018, con los sobreseimientos que los propios ex directivos de la AFI invocan para defenderse.

Ese fallo que se dictó en favor de Arribas y Majdalani es el que se convertirá en el centro de la estrategia de la defensa de los ex funcionarios macristas. La fiscalía de Lomas de Zamora, sin embargo, ya valoró esa situación cuando impulsó la causa y avanzó con la investigación. No solo apunta a que ese fallo no sería válido para hablar de un doble juzgamiento por cómo habría sido fundado. También sostiene que el período en que se vigiló a la ex presidenta y entonces senadora fue mucho más amplio que el que se analizó en los tribunales de Retiro.

Gustavo Arribas, en tanto, está citado para este martes por el juez Auge. Su defensa está en manos del abogado Alejandro Pérez Chada, quien ya representó a Macri en otras causas penales. E incluso al propio Arribas, cuando en 2017 lo denunciaron por una transferencia relacionada con un cuevero de la causa Odebrecht, expediente en el que fue sobreseído por el juez Rodolfo Canicoba Corral.

Las indagatorias tienen relevancia y una mirada política. Son las primeras desde la salida del macrismo del gobierno en diciembre del año pasado y se dan en el espionaje, una de las áreas que Cristina Kirchner más criticó durante los cuatro años de la administración de Macri. También Arribas -amigo de Macri- y Majdalani -una dirigente histórica del PRO- eran funcionarios de primera línea.

Según pudo saber Infobae, hasta ahora Arribas no hizo ninguna presentación en Lomas de Zamora. Solo “se puso a derecho” y pidió copia del expediente. Sí, en cambio, se presentó en Comodoro Py el miércoles pasado para pedir que desde los tribunales de Retiro se reclamara la inhibitoria del juez Augé para actuar. Por sorteo el caso le tocó a María Eugenia Capuchetti, que le pidió opinión al fiscal del caso Carlos Stornelli. Apenas unas horas antes del inicio del feriado largo, Stornelli dictaminó por pedir “certificar” -es decir, conocer, mirar- las causas de las que la defensa hablaba, antes de dar su opinión. Se trata de varios expedientes, pero tres centrales: el expediente que se instruye en Lomas de Zamora, el que tramitó en el juzgado de Martínez de Giorgi, y también el del atentado a José Luis Vila, un episodio que investiga el fiscal Guillermo Marijuán, quien ya recibió una negativa para poder atraer todo el expediente del espionaje, desde su causa, al edificio de Retiro.

Aunque el llamado “espionaje M” que nació en el juzgado de Federico Villena tiene numerosas víctimas, el capítulo por el que se activaron las indagatorias se centra en una escena: el auto de la AFI que fue descubierto el 7 de agosto de 2018 en la puerta del Instituto Patria. En aquel momento, el kirchnerismo fue a tribunales a denunciar el hecho. El caso cayó en el juzgado de Martínez De Giorgi y hubo reclamos ante la comisión bicameral que fiscaliza los organismos de inteligencia. Ante los legisladores, la AFI aseguró que esas tareas estaban judicializadas en el marco de una causa que tenía Federico Villena en donde se buscaba prevenir atentados por el G20 que se había abierto años antes. En base a eso, el juez sobreseyó a Arribas y Majdalani.

Sin embargo, en febrero, a pocos días de asumir como interventora y sin darlo a conocer a la prensa, Caamaño se presentó ante Villena con un escrito que decía: “he tomado conocimiento de la producción de inteligencia ilegal respecto a personas políticamente expuestas; las tareas de inteligencia que en este acto se denuncian no se encuentran ordenadas ni autorizadas por ningún magistrado sólo fueron dispuestas por las autoridades del organismo que hoy se encuentra intervenido. Es así que debemos hablar lisa y llanamente de espionaje”.

Puntualmente, Caamaño disparó sobre ese informe que la AFI incorporó a la causa del G20 hablando de los riesgos de atentados contra seis personas: Macri, María Eugenia Vidal, Diego Santilli, Waldo Wolff, Graciela Ocaña y CFK. “La única persona que no habría prestado su consentimiento, incluso no fue anoticiada ni ella ni su custodia personal respecto a esas supuestas amenazas o riesgos, fue la actual vicepresidenta. Nada justificaba que se lleven a cabo tareas de este tipo ilegales y clandestinas”, dijo la denunciante, en el documento al que accedió este medio.

Así las cosas, Caamaño enfatizó que lo que se buscó fue “legalizar el espionaje llevado a cabo a Cristina Fernández de Kirchner” de manera “clandestina” cuando no existía “en ningún momento una alerta, amenaza o riesgo” que lo justificara. “Lo que aquí se denuncia no es sólo vigilancia ilegal sobre la vicepresidenta actual sobre el Instituto Patria o incluso también sobre su domicilio sino también la connivencia que evidentemente hubo para callar terrible accionar ilegal”. Así las cosas, la actual interventora de la AFI reclamó la indagatoria de Majdalani y Arribas. Y también la de Macri, algo que hasta ahora no se sabía. Promovió su imputación en su rol de responsable de “fijar los lineamientos estratégicos de inteligencia nacional durante su mandato”. Por ahora, los investigadores de la causa no apuntaron sobre el ex presidente.

En la causa ya fue detenido y procesado Alan Ruiz, que ahora está en libertad. Ruiz aseguró que las tareas de vigilancia sobre la ex presidenta fueron legales.“Eran órdenes desarrolladas en el marco de una total legalidad. Estaban ordenadas en el marco de un proceso judicial”, subrayó.

El viernes último, feriado puente, declaró en indagatoria Martín Coste, el último jefe de Contrainteligencia que tuvo la AFI de Macri. Coste había declarado como testigo en la causa que nació en el juzgado de Villena y que comprende muchas más personas y períodos que el seguimiento que se hizo sobre la hoy vicepresidenta Cristina Fernández en el Instituto Patria. Sin embargo, Coste pasó de testigo a imputado en ese mega expediente porque las causas de espionaje de Lomas de Zamora se unificaron tras el apartamiento de Villena.

Aunque la defensa de Coste pidió postergación de su indagatoria, el juzgado no se la concedió. En la mañana del viernes feriado, entonces, el agente se dirigió a Lomas de Zamora con su abogado y ratificó los términos de la declaración que prestó el 18 de junio en la comisión bicameral de seguimiento y fiscalización de organismos de Inteligencia. Solicitó que le dieran copia del expediente y pidió ampliar su declaración el próximo viernes, contestando preguntas.

¿Que había dicho en la bicameral? Que cuando en agosto de 2018 volvió de vacaciones, recién asumido en su puesto de Contrainteligencia en reemplazo de Diego Dalmau Pereyra -también imputado en la causa-, vio en televisión que un auto suyo, de la AFI, había sido filmado frente al Instituto Patria. Cuando preguntó, le dijeron que la orden la había dado Alan Ruiz. “La llamo por teléfono a Silvia Majdalani. Silvia Majdalani me dice ‘Lo estamos viendo..’”, contó. No obstante, remarcó, Majdalani le afirmó: ‘Eso está en una causa judicial’.

Eso no lo habría tranquilizado, según expuso Coste ante la comisión. “Yo no le di a Alan ninguna orden para que lleve adelante eso ni a ninguna de las personas que Alan en ese momento tenía como subordinadas, que era la Dirección de Operaciones. Alan básicamente me dijo que era algo que le había pedido ‘Ocho’ y que estaba judicializado... Siempre decía lo mismo”.

Sin embargo, aseguró Coste, se dio cuenta de que algo andaba mal cuando llegó el oficio del juez Martínez de Giorgi pidiendo explicaciones por ese auto allí, por la denuncia que había radicado el kirchnerismo. “Ahí es cuando me di cuenta o tomo conocimiento de alguna manera de que parece que no había una causa que ordenase esa situación”. Al recibir el oficio, siempre según su relato ante la comisión, habría ido a ver a Majdalani y ella lo habría enviado al área de Jurídicos, a cargo de “Juan Sebastián De Stefano”. “En el área judicial lo tenían a Alan sentado ahí hace tiempo hablando de qué es lo que había hecho. Yo no digo que la causa no exista. La causa existe. La causa, que era la del G-20, la del doctor Villena, existe hace años; el tema es que yo entiendo que se usó esa causa”, les dijo Coste a los legisladores.

Coste sostuvo que ahí le dijeron que debía responder el oficio diciendo que las tareas estaban enmarcadas en esa causa del G20. “Yo en ese momento sabía que era mentira. Mi problema ahí era que no sabía cuál era mi forma de poder llevar esto a una denuncia”, alegó. Según él, no tenía dentro de la estructura de la AFI ninguna forma de quejarse o protestar. “A mí me dan una nota en Jurídicos que había generado este chico Alan, firmada por Alan, dirigida a la ‘Señora Ocho’, o a la señora Silvia Majdalani. Estamos hablando de 50 personas en el medio. ¿Por qué Alan le dirigió a Silvia Majdalani una nota explicándole lo que había hecho, cuando nunca sucede así?”, se quejó.

Según su relato, “este muchacho (Alan), a diario” se manejaba “a los gritos dentro de la base diciendo: ‘Silvia me dijo, Silvia me dijo’ y, al hablar con ella, se decían: ‘Hola, Nueve', ‘Hola, Ocho'”.

De acuerdo a su declaración, la Dirección de Jurídicos le informó “siempre en el medio con Silvia Majdalani” que tenía que hacer “un circuito clásico de documentación de una estructura de análisis y operaciones en contrainteligencia con informes relacionados a ciertos personajes políticos”. Cuando el diputado de Cambiemos Cristian Ritondo -también víctima del espionaje- le preguntó qué había contestado a esa orden, Coste aseguró haber dicho: “Esto es ilegal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, señor director?” Sin embargo, según su propia admisión, como responsable de Contrainteligencia, hizo igualmente los informes a Jurídicos, este área completó los papeles y “los habrán elevado al señor Villena”. Coste añadió: “Usaron la causa del G-20”.

En un tramo de su declaración, Coste -un agente de carrera con 20 años de servicio- afirmó que lo único que consiguió después de eso fue que apartaran a Ruiz administrativamente de su área y ya no supo lo que hacía pues reportaba a diario a Majdalani. Porque, después de lo del Instituto Patria, según aseguró el agente frente a los legisladores, él habría presentado la renuncia a su flamante cargo pero no lo dejaron irse. “Me dijo la señora Majdalani: ‘No seas idiota, si tu resolución tiene dos meses. ¿Qué querés, que quedemos como unos pelotudos?”

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