Con motivo de los graves incendios que se registraron en las islas del Delta del Paraná durante los últimos meses, la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado, presidida por Gladys González (Pro), recibió este lunes a especialistas, quienes durante dos horas expusieron sobre la necesidad de una ley de humedales.

En primer lugar, Roberto Bo, miembro de la Fundación Humedales y coordinador del grupo de investigación de ecología de los humedales de la UBA, sostuvo que la ley “es un instrumento básico” que “debe ir acompañada de políticas públicas, de un adecuado sustento científico y técnico, de acciones concretas en el territorio por los organismos específicos, y el compromiso de todos y todas”.

El especialista señaló que en los proyectos que hay presentados en ambas cámaras “hay muy buenas intenciones, consenso e ideas claras”. “Tenemos que ser muy precisos en los conceptos y términos que utilizamos”, remarcó.

Sobre la necesidad de un inventario, Bo explicó que “hacer un inventario no implica solo hacer un mapa, requiere saber dónde están, de qué tipos son, cuántos hay, cuál es su estado o condición, el término de su origen, su función y valores”.

Asimismo, el ordenamiento territorial, “no solo debe concentrarse en los humedales sino que debe extenderse a su contexto socio-ambiental”. “No podemos trasladar modelos de usos propio de otras regiones o ambientes”, advirtió.

Finalmente, agregó que en la norma “debe considerarse la opinión de las comunidades locales” y “las eventuales sanciones para los que no cumplen con la ley merecen un análisis profundo y superador”.

A su turno, Ana Di Pangracio, directora ejecutiva adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), resaltó que “los humedales son ecosistemas con enorme valor biológico, social, cultural y económico” pero “se pierden y degradan a un ritmo alarmante, a manos, principalmente, de la agricultura y ganadería industrial, la minería y otras industrias extractivas, la urbanización, las especies exóticas invasoras, el cambio climático y el desecho irresponsable de residuos domésticos e industriales”.

En ese sentido, expresó que los humedales “son percibidos por algunos sectores de la sociedad como tierra de descarte, sin función alguna, que deben modificarse o rellenarse para ser puestos al servicio de la producción. Esto trae aparejado enormes impacto socioambientales”. A continuación, precisó que en Argentina constituyen un 21% de nuestra superficie.

“La crisis de incendios en el Delta del Paraná deja en evidencia la falta de institucionalidad y de cumplimiento de la ley”, indicó y añadió que “estas quemas tienen severas consecuencias sobre la salud de los ecosistemas y la salud humana”.

Di Pangracio consideró que “necesitamos hoy más que nunca” una ley, porque “la importancia de los humedales y la necesidad de protegerlos debe estar en la agenda de los tres poderes del Estado”.

La norma “tiene que tener una visión ecocéntrica” y “tiene que ser una ley progresista, un reflejo del derecho ambiental moderno”, además de contener “un engranaje institucional, que permita asegurar que es implementable desde el momento de su promulgación”, dijo la especialista. Además, tiene que prever un fondo nacional de humedales, porque es fundamental la cuestión de los recursos.

Por la Asociación Ecologistas de Santa Fe, César Massi alertó que “estamos ante un desastre ecológico”. “Nos estamos quemando desde enero”, enfatizó, en referencia a los incendios en el Delta del Paraná, y señaló que “el único respiro que tuvo el humedal fueron los momentos donde el ser humano estuvo, por la cuarentena, guardado adentro”, período que abarcó desde el 15 de marzo al 15 de abril.

“Junio y julio fue el período desastroso”, manifestó, y detalló que hasta el 15 de julio se había “calculado una quema de 50 mil hectáreas, 500 kilómetros cuadrados, tres veces la superficie de Rosario”. En tanto, en el cálculo de todo el mes de julio se habla del doble, un total de 100 mil hectáreas.

Massi aseguró que “hablamos de un ecocidio: eliminamos de golpe en 850 kilómetros de costa la mayor parte de los reptiles que estaban en letargo durante el invierno, los pasamos por arriba con fuego a reptiles, víboras, lagartos, tortugas”, además de a “pequeños mamíferos” como “ratones, nutrias, carpinchos…una devastación”. “Le causamos daño a las aves que vienen migrando del invierno patagónico”, agregó.

Por su parte, Fernando Miñarro, director de Conservación de Fundación Vida Silvestre Argentina, opinó que en el proyecto de ley se necesita “una definición precisa y operativa”. “Lo que más nos preocupa es el tiempo que esto puede llevar”, sostuvo, sobre la aplicación de la ley, aunque aclaró que ese tiempo se puede acordar “con decisión política y recursos”.

“Se toman muchas veces decisiones desde el Estado que son perjudiciales para los humedales”, cuestionó y remarcó que “el error” está “en querer adaptar la actividad humana al humedal”, cuando debería ser “al revés”.

Por otra parte, Miñarro pidió “conversar entre ambas cámaras para que el debate esté saldado cuando llegue a la cámara revisora”, para que la ley finalmente prospere y no suceda lo que pasó con la última media sanción del Senado, en 2016, que se trabó en Diputados.

En tanto, Lucila Taboada, jefa del Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Defensoría del Pueblo de la Nación, expresó que “los incendios son solo una parte del problema, son lo más visible, pero vienen a ser como la punta del iceberg, el tema es mucho más profundo” y “pone en evidencia la falta de una política nacional”.

La funcionaria subrayó la importancia de que la norma no sea “una ley antiproducción”. “Todos somos conscientes de la necesidad de impulsar los procesos productivos, y más en este contexto tan difícil que estamos atravesando, pero no podemos perder de vista que los humedales ocupan casi la cuarta parte de nuestro territorio”, destacó.

Por eso, Taboada hizo hincapié en la necesidad de que “las actividades productivas se ajusten a formas respetuosas del medioambiente” y se busque un “equilibrio”, al tiempo de “establecer reglas claras” para que “la ley se apruebe y tenga una aplicación efectiva”, publicó Parlamentario.

En alusión a las iniciativas que hay presentadas, Juan José Böckel, subsecretario general a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, observó que “en los proyectos se habla de ‘uso racional’ y en la doctrina ambientalista se utiliza para el beneficio de la humanidad, pero la ley no lo dice y se pueden elaborar varios conjeturas sobre eso, habría que aclararlo”.

“Todo el tema teórico tiene una consecuencia práctica”, advirtió, y también analizó que en ninguna de las iniciativas se habla del tema de la delimitación. “La delimitación es un proceso complejo que lleva varios años, si no lo dice la ley no se va a hacer, porque hasta ahora nunca se hizo”, completó