AFIP denunció a Vicentin por maniobras de facturación apócrifa por 110 millones de pesos

Según el organismo de recaudación tributaria, el hecho se descubrió durante una fiscalización sobre los reintegros del IVA por exportaciones de granos.

Según el organismo de recaudación tributaria, el hecho se descubrió durante una fiscalización sobre los reintegros del IVA por exportaciones de granos.

El mismo día que el juez del concurso ordenó una auditoría de la empresa Vicentin, por supuesto “desorden administrativo”, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció penalmente a los directivos de la agroexportadora, tras detectar supuestas “maniobras” de facturación apócrifa para acceder a reintegros de IVA por exportaciones por un monto estimado en 110 millones de pesos.

La denuncia penal fue radicada por la AFIP “contra Vicentin y sus responsables por aprovechamiento indebido de beneficios fiscales” y fue presentada ayer ante el Juzgado Federal de Reconquista, señaló un comunicado difundido por el organismo recaudador.

Voceros de Vicentin señalaron al diario La Nación que “ven una intencionalidad política en esta denuncia”, y remarcaron que la compañía “cumplió con el pago de todos los tributos”. “Si en la cadena de comercialización algún eslabón de la operatoria incumplió el IVA correspondiente, no es culpa de Vicentin, sino del propio organismo que no controló como debía”, advirtieron desde la empresa.

La maniobra fraudulenta fue detectada, según información de AFIP, durante una fiscalización realizada por el organismo “sobre los reintegros de IVA por exportaciones de granos que fueron solicitados por Vicentin entre 2016 y 2019”.

 

Cómo está Vicentin hoy, tras el último conflicto abierto

 

“La fiscalización de la AFIP constató irregularidades en las empresas y personas humanas que emitían las facturas utilizadas por Vicentín para solicitar reintegros por una suma que asciende hasta los 111,6 millones de pesos entre 2016 y 2019”, advierte el documento difundido por AFIP.

El organismo pudo determinar, entre otros elementos, que las sociedades utilizadas no poseían plantas de acopio de granos, no tenían capacidad económica ni financiera y no podían justificar el origen de la mercadería.

Desde AFIP señalaron que “las tareas de control del organismo permitieron constatar que los comprobantes presentados para justificar los reintegros eran falsos, en tanto no denotaban actividad real. Los 54 supuestos proveedores de Vicentin fueron incluidos en la base de usinas de comprobantes apócrifos”.

 

Auditoría

 

La denuncia se conoció luego de que el juez Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, ordenara una auditoría forense de la empresa, ante “el desorden administrativo de la sociedad”.

La medida que tomó el magistrado el viernes se concretó cuatro días antes de que se venza el plazo en que los acreedores tendrán que presentar los pedidos de verificación de créditos ante la sindicatura. Fuentes ligadas a la causa dejaron entrever que la autorización del magistrado para que se realice una auditoría cristaliza la falta de colaboración de la empresa en el concurso, donde aún no se presentó el balance 2019, período en el cual se produjo la cesación de pagos de Vicentin, que enfrenta una deuda, según la causa, de más de 99 mil millones de pesos.

En los próximos días el juez deberá tomar una decisión si acepta o no el pedido de “intervención mixta” que hizo el gobierno del santafesino Omar Perotti el 19 de junio pasado. Hasta ahora se cayeron todos los intentos de negociación que planteó el gobierno de Santa Fe, como la creación de un fideicomiso para “rescatar a la empresa”.

La semana que viene el juez debe escuchar los alegatos de las partes y luego tomar una decisión. Fuentes cercanas a Perotti señalaron al diario La Nación que observan que el juez ahora está viendo la situación de otra manera, tras rechazar la intervención nacional. “El magistrado confió en los directivos de Vicentin y ahora se está dando cuenta que el único camino es la intervención de la sociedad”, advirtieron las fuentes.

El comité provisorio de acreedores, integrado por el Banco Nación, la Asociación de Cooperativas Argentinas, entidades crediticias extrajeras y los sindicatos de aceiteros, entre otros, pidieron que se realice una auditoría ante la “preocupación” de los integrantes de este órgano para “esclarecer aspectos vinculados con lo que denominan como el estruendoso default de Vicentin SAIC”.

“A modo de ejemplo, para graficar algunas inconsistencias emergentes, enfatizan el desorden administrativo de la sociedad concursada, la composición del pasivo mediante un entrecruzamiento de contratos y operaciones por parte de empresas vinculadas y relacionadas, compañías controladas y filiales; la posible imputación a Vicentin de obligaciones que podrían tener su origen en otras empresas”, son los argumentos que exponen cuatro acreedores de este comité.

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