Juntos por el Cambio decidió asistir de manera presencial a la sesión especial del próximo martes convocada por el oficialismo en los últimos días para tratar dos proyectos de ley sobre la actividad turística nacional y modificar penas a la pesca ilegal.

“El Protocolo de Sesiones Remotas está caído desde el 4 de agosto y pasaron más de 20 días sin que el Presidente de la Cámara llame a las autoridades de nuestro interbloque o nos cite a una reunión para discutir la continuidad del protocolo”, explicaron a Infobae fuentes de la coalición.

En la alianza consideran que el viernes se convocó a una sesión especial para el martes próximo y como está vencido el protocolo, dieron por entendido que desde la Presidencia de la Cámara baja se habían tomado las medidas sanitarias para realizar la sesión de manera tradicional. Por ese motivo los bloques que conforman el interbloque decidieron estar presencialmente el martes en el recinto de sesiones.

“La verdad es que no sabemos a qué obedece el comportamiento del presidente del cuerpo. Nosotros queremos protocolos de sesiones remotas sólo para abordar temas de consenso con vigencia corta, ya no más de un mes. Después de lo que pasó en el Senado el pasado jueves con la escandalosa aprobación de la ley de reforma judicial estamos muy preocupados y en alerta”, indicaron fuentes parlamentarias.

En tanto, el diputado nacional y presidente de la Unión Cívica Radical, Alfredo Cornejo, había asegurado más temprano que el radicalismo iba a asistir a la sesión. La decisión, finalmente, se amplió a toda la coalición.

“Lo resolvimos ayer en una reunión del radicalismo. Si se convoca a esta sesión del martes, consideramos conveniente ir a sesionar presencial porque el protocolo de funcionamiento virtual está vencido”, sostuvo el ex gobernador de Mendoza esta mañana durante una entrevista con CNN Radio.

La controversia se inició este viernes cuando el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, convocó formalmente a todos los bloques a una sesión especial para tratar dos proyectos sobre los que, aseguró, ya existe suficiente consenso. “Tenemos que resolver la situación de los más afectados por la pandemia”, señaló Massa sobre la sesión agendada para este martes 1 de septiembre a las 13.

El objetivo es discutir un proyecto para la reactivación productiva de la actividad turística y una modificación al régimen de infracciones de la Ley de Pesca para endurecer las penas a quienes practiquen la pesca ilegal.

Desde el oficialismo destacaron que todos los bloques, a excepción de Juntos por el Cambio, estuvieron de acuerdo con sesionar de manera virtual. “Espero que todos los bloques se sienten a trabajar en estos temas, que son clave para este momento”, señaló el titular de la Cámara de Diputados a Infobae luego de convocar la sesión. El PRO, la UCR y la Coalición Cívica, sin embargo, ya habían anticipado que no estarían dispuestos a tratar la reforma judicial bajo esta modalidad.

En ese sentido Juntos por el Cambio emitió un comunicado este viernes dirigido al presidente de la Cámara Baja en el cual aclaran que si bien no se oponen “al tratamiento del temario propuesto” se advertía que recurrirán a la Justicia si se realiza la sesión especial de manera mixta o virtual y no presencial, “la única modalidad en condiciones legales y reglamentarias de realizarse”.

“Con el objeto de evitar cualquier maniobra tendiente a violentar las normas de funcionamiento de este cuerpo, queremos recordarle que la regla aprobada por este cuerpo establece que ‘el protocolo estará vigente desde su fecha de aprobación mientras dure el aislamiento social por período de 30 días, prorrogables por consenso de la Comisión de Labor Parlamentaria’”, señalaron en el escrito firmado por Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (PRO) y Maximiliano Ferraro (CC).

Para Juntos por el Cambio, “ese es el principio que hasta la fecha se ha respetado en este honorable cuerpo y con el que se renovó el protocolo el pasado 7 de julio, por acuerdo de la labor suscripto por la unanimidad de los integrantes”. Para concluir, advirtieron: “Nos reservamos el derecho de accionar judicialmente contra cualquier intento de vulnerar las reglas que este cuerpo ha fijado para el funcionamiento telemático, pero apelamos a que esa Presidencia continúe obrando en el marco del consenso como lo ha hecho hasta la actualidad”.

El proyecto sobre la actividad turística, que ya fue aprobado en el Senado, unifica varias iniciativas presentadas por el Frente de Todos y Juntos por el Cambio y tiene por objeto “la implementación de medidas para el sostenimiento y la reactivación productiva de la actividad turística nacional, por el término de 180 días, prorrogable por el mismo plazo por el Poder Ejecutivo”. El oficialismo detalló que, en términos económicos, los sectores turístico, hotelero y gastronómico implican unos 470 mil empleos. Por eso, el Estado destinará $70 mil millones en aportes de emergencia para el sector.

En sus fundamentos, el proyecto en tratamiento sostiene la necesidad de “paliar el impacto económico, social y productivo en el turismo, en todas sus modalidades, en virtud de la pandemia por coronavirus y brindar las herramientas para su reactivación productiva”.

El proyecto, además, prorroga el reparto del ATP para el sector turístico, asistencias económicas a pymes, la reducción de contribuciones patronales, planes de moratoria, suspensión de embargos y reducción de alícuotas de la ley del cheque, así como también bonos vacacionales para los consumidores, programas de pre-venta y un plan de devoluciones de servicios que no pudieron ser brindados por la pandemia. En simultáneo, otros $11 mil millones en inversión pública se destinarán a sostener la actividad cultural, que involucra a unos 30 mil trabajadores.

Por otro lado, se tratará un aumento de las multas en dólares previstas en la Ley Federal de Pesca (24.922), para proteger una actividad que representa 2,5 puntos del PBI del país con penas que hoy van de los 5 a los 10 millones de pesos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 51 de la ley sancionada en 1998.

La iniciativa enviada a la Cámara baja propone establecer un régimen variable sobre la base de unidades de valor denominadas Unidades Pesca (UP) cuyo monto será equivalente a un litro de combustible gasoil, con el fin de establecer el procedimiento de fijación del valor en moneda de curso legal.

A fines de julio, tras una reunión que encabezó el presidente Alberto Fernández, el subsecretario de Pesca, Carlos Liberman, había adelantado que “la nueva ley prevé montos equivalentes que van de los 500 mil litros de gasoil a los 3 millones de litros”, lo cual equivale a un piso de 1,1 millones de dólares y un techo de 6,5 millones de dólares.