El Presidente Alberto Fernández dio instrucciones a los ministros de su gabinete para acelerar la coordinación de los programas nacionales que apuntan a dar respuesta a los problemas de vivienda, entre los que se cuentan los planes de urbanización de barrios populares y los programas Procrear, que tiene nueve líneas de créditos, y Reactivar, indicaron hoy fuentes oficiales.

“Hay mucha gente que necesita un techo y que busca tierras y eso es un conflicto social, no es un conflicto penal, y hay que resolverlo así”, dijo Fernández esta semana, atravesada por el desalojo del predio de Guernica, ocupado por familias que no habían aceptado el acuerdo para retirarse pacíficamente del lugar.

La más reciente de las acciones en la búsqueda de soluciones fue la puesta en marcha ayer de la Mesa Intersectorial de Políticas de Suelo, en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, para avanzar en mayores niveles de participación social e intercambiar ideas y propuestas para eliminar la fragmentación de las políticas territoriales, que debilita la eficacia de la gestión.

En la reunión de apertura del Comité Federal de la Mesa, que integran más de 140 organizaciones, se acordó impulsar la aplicación de los marcos legales para la ejecución de políticas de suelo, facilitar la llegada a programas con financiamiento estatal para la generación de lotes con servicios, reconsiderar aspectos tributarios y fiscales que impacten sobre el suelo, y asistencia técnica y capacitación, publicó la agencia de noticias Télam.

Entre las iniciativas ya en marcha se encuentran los planes de urbanización de barrios populares, a cargo de la Secretaría de Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Social, que tiene un presupuesto de ocho mil millones de pesos, producto de un fideicomiso que se sustenta con el ingreso del 30 por ciento de lo que recauda el impuesto país.

En la Secretaría ya hay 46 expedientes iniciados para concretar la urbanización de los barrios populares en distintos puntos del país, de los cuales 18 están en marcha y 28 se efectivizarán en los próximos días, según dijeron a Télam fuentes del Ministerio de Desarrollo Social, que encabeza Daniel Arroyo.

El principal instrumento para esta tarea es el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) que tiene como objetivo el financiamiento para la implementación de los proyectos de urbanización, que abarcan a más de 4.400 barrios populares de todo el país, y cuyas obras deberán adjudicarse, en un 25 por ciento como mínimo, a las cooperativas de trabajo integradas, preferentemente, por los vecinos y habitantes de esos barrios.

La idea de Arroyo es avanzar en forma conjunta con el denominado Potenciar Trabajo, y que se pueda brindar una respuesta concreta para mejorar el hábitat y la ocupación y por ende la economía de los sectores vulnerables, y que facilite a su vez el acceso a viviendas dignas.

Procrear y Reactivar

Este programa apunta a movilizar a cuatro millones de personas y se complementa con créditos para la compra de herramientas a fin de impulsar emprendimientos productivos.

En tanto, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, a cargo de María Eugenia Bielsa, trabaja para potenciar en especial los programas Procrear, con un esquema que prevé una inversión de 25 mil millones de pesos distribuidos en nueve líneas de créditos, y Reactivar.

El Procrear, que fue emblemático para acceder a una casa entre el 2008 y el 2015, se propone brindar 300 mil soluciones, entre créditos personales e hipotecarios, que van desde el mejoramiento de la vivienda existente hasta propiedades nuevas en desarrollos urbanísticos.

Este programa se complementa con el Plan Nacional de Suelos, que según destacó Bielsa, “promoverá la generación de lotes con servicios para ampliar el acceso al suelo urbanizado, que a su vez originarán relaciones formales con las provincias y municipios para poder crear bancos de tierra urbanizada y facilitar el acceso a la vivienda”.

A su vez, el plan Reactivar apunta a retomar la construcción de más de 20 mil casas que se encontraban paralizadas dentro del Plan Nacional de Vivienda, y cuenta con un presupuesto estimado de unos 4 mil millones de pesos para este año y diez mil millones para 2021.

De acuerdo con las fuentes oficiales, al concluir el mandato de Cristina Fernández de Kirchner, se había avanzado con la construcción de unas 31 mil viviendas, las que durante la gestión de Mauricio Macri quedaron paralizadas por la rescisión de contratos y que ahora, en parte, se procura retomar.