El gobierno analiza nuevas restricciones para desalentar los viajes al exterior ante el avance de los contagios por coronavirus. Dentro de las opciones que están estudiando se impone la posibilidad de cargarle a los pasajeros el costo del test de PCR y el alojamiento para realizar la cuarentena de forma obligatoria.

Eso fue parte de las conclusiones a las que llegaron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, en el encuentro que mantuvieron hoy al mediodía. Así, el gobierno nacional copiará el modelo que instauró en Canadá el primer ministro Justin Trudeau.

En el gobierno crece la preocupación por la velocidad de contagios y la propagación de nuevas cepas en el mundo. Según confirmaron fuentes oficiales, la Casa Rosada resolverá en las próximas horas la “implementación de medidas adicionales de control”.

Hoy, las fronteras estás cerradas para los extranjeros. Y desde diciembre, solo residentes y ciudadanos argentinos pueden ingresar al país; los requisitos para volver a la Argentina son un test de PCR negativo de hasta 72 horas previa al embarque y la firma de una declaración jurada con el compromiso de cumplir con 10 días de cuarentena. Además, los argentinos que viajan al exterior “asumen la responsabilidad en caso de que existieran cambios de normas en los pasos fronterizos, así como también no exigirán ser repatriados ni responsabilizarán al Estado por su situación en el extranjero”.

En la reunión que mantuvieron Cafiero y Vizzotti evaluaron casos de otros países, entre ellos Canadá, España y Reino Unido. En el país del norte de América, las personas deben hacer un aislamiento obligatorio de 14 días, aún si no tuvieran síntomas. Además, deben pagar todos los gastos. También deben presentar un PCR. En España, en tanto, todos los viajeros deben someterse a un control sanitario general en el primer puerto o aeropuerto al que lleguen. Además de un examen negativo.

En el Reino Unido, asimismo, los que llegan deben proporcionar sus detalles de contacto y de viaje además de presentar una prueba COVID-19 negativa antes de viajar. Además, deben hacer una cuarentena, publicó La Nación.

Las nuevas cepas de coronavirus y el estado sanitario de Brasil encendieron las alarmas en la Casa Rosada. Si bien no cerrará las fronteras, el gobierno nacional busca desalentar el ingreso y la salida de gente del país. El temor por una eventual segunda ola de contagios está presente en cada encuentro en Balcarce 50.

El estado deliberativo se mantiene desde hace días e incluye a todos los ministros de Salud del país. Es que la posibilidad de avanzar con mayores requisitos, se suma a varias medidas que se tomaron en los últimos días, como la extensión del distanciamiento, social, preventivo y obligatorio y la prolongación de la crisis sanitaria hasta fin de año.

Además, el Presidente dispuso la reducción de vuelos desde y hacia Brasil, Estados Unidos, la Unión Europea y al menos seis países. En el caso de Brasil, se reforzarán los controles especialmente ante la preocupación por la cepa de manaos que generó un rebrote sin precedentes en la curva de contagios y muertes.

A pesar de las limitaciones, entre diciembre y febrero, salieron del país 291.687 pasajeros a través de Ezeiza, San Fernando y vía ferry e ingresaron al país 267.513. El objetivo es llevar el número a lo “mínimo indispensable”, explicaron fuentes oficiales.

Desde hace dos días son Vizzotti; la Dirección Nación de Migraciones, que lidera Florencia Carignano; y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) los que tienen la potestad para determinar el cronograma y la cantidad máxima de pasajeros que podrán ingresar al país desde esos destinos.