El Gobierno avanzó con una serie de medidas para reducir la inflación, con la mira puesta en garantizar precios y abastecimiento en el mercado interno de alimentos y productos electrónicos.

La determinación de nuevos requisitos para las exportaciones de granos, carnes y productos lácteos, la fijación de precios de referencia para evitar maniobras de subfacturación en los envíos al exterior de productos cárnicos; y el acuerdo alcanzado con las terminales que fabrican televisores, teléfonos celulares, microondas y acondicionadores de aire, fueron las medidas adoptadas por el Gobierno en esa dirección.

La semana pasada se conoció el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo que, como lo había anticipado el ministro de Economía, Martín Guzmán, fue el más alto del año al registrar 4,8 por ciento de aumento respecto del mes anterior.

En este marco, el Gobierno aceleró el proceso de adoptar políticas tendientes a reducir el ritmo inflacionario para los próximos meses, de manera de cumplir con la pauta de 29 por ciento para 2021 establecida en el presupuesto nacional.

“Estamos trabajando fuertemente en la contención de los precios de todos los bienes y servicios que hacen a la vida cotidiana. Nuestro objetivo es cuidar el bolsillo y garantizar los alimentos en la mesa de todas y todos”, indicó a la agencia de noticias Télam la secretaria de Comercio Interior, Paula Español.

Señaló que desde Comercio Interior impulsan “junto con el resto del Poder Ejecutivo, una batería de políticas integrales que buscan contener los precios de los alimentos y de los productos de consumo masivo en general”.

Español explicó que “hay medidas que responden a la macroeconomía donde podemos administrar herramientas del comercio exterior”, y remarcó que “recientemente, en conjunto con otras carteras del Gobierno, lanzamos el nuevo registro para la exportación de carne que nos va a permitir evitar posibles desequilibrios en el mercado interno”.

“Queremos impulsar exportaciones y a la vez garantizar el abastecimiento doméstico. Tanto estas como otras medidas, buscan cuidar la mesa de las familias argentinas”, subrayó Español.

Precisó que “hay políticas sectoriales de acuerdo de precios con distintos sectores como el acuerdo con fabricantes de electrónica, el propio acuerdo de la carne con ocho cortes representativos del consumo local, la nueva canasta de productos específicos a precios congelados que estamos negociando con las grandes empresas, o incluso el programa estructural de Precios Cuidados que es fundamental para ofrecer variedad y marcar precio de referencia en las góndolas”.

El jueves último el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, firmó un acuerdo con la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte) para mantener hasta el 31 de octubre los precios de venta vigentes al 1° de abril en televisores, teléfonos celulares, microondas y acondicionadores de aire de 21 marcas que se fabrican en el país.

Por otra parte, el Gobierno determinó que las exportaciones de carnes y productos derivados deberán ser informadas e inscriptas, a través de una declaración jurada (DJEC), en el Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA) que funciona bajo la órbita del Ministerio de Agricultura, con el objetivo de evitar posibles desequilibrios en cuanto a abastecimiento, precio y calidad.

El RUCA tiene por objetivo también transparentar las operaciones de venta de carne al exterior, evitar subfacturaciones y triangulaciones con países vecinos.

Los productos cárnicos a exportar alcanzados por la DJEC son la carne fresca, refrigerada o congelada de las especies bovina, porcina, ovina, caprina, equina y gallus domesticus (avícola).

Comercio Interior quedó a cargo de confrontar la DJEC con las condiciones de abastecimiento del mercado interno, respecto al volumen, calidad de los cortes de carne y los subproductos.

En el mismo orden, Agricultura fijó nuevos requisitos para las exportaciones de granos, carnes y productos lácteos, a través de la resolución 60/2021 que modifica el Reglamento para la Inscripción en el RUCA.

En el caso de los tres sectores agroindustriales, para poder exportar los interesados deberán informar detalle de cuentas bancarias con las que opera, movimientos bancarios de los últimos seis meses, un plan de trabajo proyectado para el próximo año, con detalle de mercadería a exportar, volúmenes, proveedores y destinos; y facilitar el detalle del personal en relación de dependencia.

Estos requisitos apuntan a reducir al máximo la existencia de operadores en circuitos marginales, informales e insolventes, que son los que mayores distorsiones producen en el adecuado funcionamiento del mercado interno y exportador.

“También establecimos medidas que responden a necesidades más territoriales. Por ejemplo, en el AMBA, en una primera etapa, y en el resto de las provincias luego, estamos trabajando en la implementación del Mercado Federal Ambulante y vamos a instalar una nueva Central de Alimentos en la ciudad de Buenos Aires”, destacó Español.

Puntualizó que “la idea es que los precios mayoristas que hay en los mercados concentradores se puedan trasladar con el menor costo posible a los municipios, y así ganar capilaridad en todos los barrios del país”.

Indicó que “en principio será con frutas y verduras, y luego iremos por carnes y lácteos”, y remarcó que “todas estas iniciativas son complementarias, cada una tiene un objetivo específico y a la vez son integrales y se potencian entre sí”.