Al igual que ocurrió luego del debate de este mismo proyecto en la Cámara de Diputados, durante el cual Máximo Kirchner estuvo ausente y solamente bajó al recinto para votar en contra, el kirchnerismo emitió durante la madrugada de este viernes un comunicado en el que precisó los motivos por los cuales rechazaron el acuerdo entre el gobierno y el Fondo Monetario internacional, ya convertido en ley por el Senado.

“En el presente documento pretendemos, desde nuestra ‘verdad relativa’ y conscientes de la enorme responsabilidad y el alto honor de ser representantes de las provincias argentinas en este Congreso de la Nación Argentina, ofrecer de manera lo más clara posible los argumentos de nuestro voto en la sesión parlamentaria celebrada en el día de hoy”, comienza el texto titulado “Crecer para pagar, ¿es posible con este pacto”.

Apenas unas horas después de que la iniciativa fue aprobada en la Cámara alta, el grupo que responde al ala más dura del oficialismo cuestionó duramente al organismo de crédito y sostuvo que apoyar el resultado de las negociaciones con el mismo hubiera significado “la derrota no solo del pueblo que sufrirá las consecuencias de este pacto, sino que, además, se transformaría en la dolorosa derrota de la política”.

“Algunos argumentos en defensa de lo firmado con el Fondo Monetario Internacional están alineados a la idea de un falso y repetido ‘posibilismo’ que acuna la disyuntiva del ‘es esto o el caos’ o ‘es esto o el abismo’. Repetidas veces han acorralado a la sociedad y a sus representantes con este tipo de operaciones cuando se discutieron y sancionaron leyes que tuvieron resultados nefastos para el conjunto de la sociedad argentina. La historia reciente así lo demuestra”, precisaron desde el entorno de la vicepresidenta, que se fue del Congreso antes de que se votara la norma.

De hecho, los principales senadores que responden a Cristina Fernández de Kirchner votaron en contra del acuerdo: ellos son Oscar Parrilli, Anabel Fernández Sagasti, Juliana Di Tullio, Mariano Recalde, Nora del Valle Giménez, María Inés Pilatti Vergara, Matías Rodríguez, María Eugenia Duré y Claudio Doñate.

“Entendemos que los números tienen que ‘cerrar con la gente adentro’ y, lamentablemente, con este pacto millones de compatriotas seguirán afuera y otros tantos más, quedarán excluidos. Entendemos que es importante que los argentinos y las argentinas dejemos de tropezar con la misma piedra una vez más, y eso sólo es posible si transformamos la discusión ‘económico-técnica’, en una discusión política de fondo sobre la distribución de las cargas y las responsabilidades del ajuste que implica afrontar el pago al FMI”, explicó este sector mediante el documento.

Para el kirchnerismo duro, el “éxito” de lo que ellos calificaron como “pacto” si se mide en términos del cumplimiento de las metas cuantitativas, “se apoya en varios supuestos que ya han quedado obsoletos con este contexto nacional e internacional de alta inflación y que desde el principio no permitían cumplir con el objetivo de crecer para pagar”.

“Se prevé que la tasa de ajuste del tipo de cambio siga a la inflación, o sea, define de antemano un nivel de devaluación al que el país se compromete. Devaluación significa más pobreza, significa pérdida de poder adquisitivo del salario de los trabajadores y trabajadoras y mejora en la rentabilidad de los exportadores. Debemos discutir la distribución del peso de las cargas que la devaluación traerá sobre la población, y la evidente presión sobre la inflación que conllevan esta medida. ¿Cómo cumpliremos la meta de reducir la inflación si de antemano quedamos comprometidos a devaluar?”, cuestionaron.

En este sentido, este sector del oficialismo remarcó que “sin crecimiento económico no hay industria, ni autoabastecimiento energético, menos aún cambio tecnológico y diversificación exportadora que son las bases reales de un modelo de desarrollo sostenible con distribución de la riqueza”.

Además, en el texto se cuestionó la parte del acuerdo que estableció que “si la Argentina crece por encima de las metas fijadas, todo excedente en la recaudación no podrá ser reinvertido en más inversión pública como escuelas, rutas, satélites o vacunas, sino que deberá ser utilizado para pagar la deuda o consolidar la reducción del déficit”.

“Establece la reducción a cero del gasto COVID para cumplir con las metas de déficit cero. Pero la pandemia no ha terminado. Nos preguntamos cómo haremos para seguir financiando las vacunas de refuerzo, los insumos médicos y todos los recursos que necesitamos para fortalecer al sistema sanitario”, se advirtió.

Por último, este sector crítico la deuda original tomada durante el gobierno de Mauricio Macri, al considerar que se aprobó bajo “múltiples irregularidades”, como el hecho de que “no hubo dictamen jurídico previo a la firma de dicha Carta de Intención”, ni un informe del Banco Central de la República Argentina “sobre cómo el crédito que se pretendía tomar iba a impactar en la balanza de papos”, ni tampoco “actos administrativos mediante los cuales se haya decidido tomar el crédito”.

“Creemos firmemente que las deudas deben ser honradas, y nuestro movimiento político así lo ha demostrado en los hechos pagando deudas que no contrajo, y que fueron contraídas por Gobiernos de signo ideológico opuesto. Pero a pesar de nuestra voluntad de honrar las deudas, también sabemos que ajustar a los sectores de ingresos medios y bajos es por definición contraproducente con los propios objetivos de crecimiento económico que cualquier programa necesita para no fracasar”, se remarcó.

La semana pasada, cuando este acuerdo recibió media sanción en la Cámara de Diputados, este sector también emitió una carta en la que hizo un análisis de la actualidad del país y una fuerte crítica al organismo internacional, al ministro de Economía, Martín Guzmán, y a la deuda contraída durante la administración del ex presidente Mauricio Macri.