La discusión por la ampliación de la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura plantea una disyuntiva en el mundo de los legisladores más ligados a Cristina Kirchner. Entienden que cada vez que buscan impulsar leyes que tienen que ver con la agenda judicial o económica en el Senado tiene un trámite relativamente sencillo con alguna negociación con los senadores “sueltos”, pero saben que el freno lo encuentran en la Cámara de Diputados.

Esto también lo entienden en Juntos por el Cambio, que empezó a aplicar la estrategia de “dejar hacer”. Esta nueva mirada quedó establecida en la discusión por la ampliación de la Corte Suprema, en donde ni siquiera proponen especialistas para que vayan a oponerse a un posible cambio en la estructura del máximo tribunal ya que entienden que “es un proyecto que rebota en Diputados”.

A partir de esto, y entendiendo las dificultades de romper la paridad en Diputados –el oficialismo tiene 118 legisladores y Juntos por el Cambio 116- en el bloque de Unidad Ciudadana empezó a crecer la idea de reflotar dos proyectos de ley para que sea la ciudadanía la que avance sobre estos puntos.

La presidenta del bloque, Juliana Di Tullio, y el senador Oscar Parrilli presentaron a finales de 2001 dos proyectos de ley que amplían el rango por el cual se habilita la posibilidad de la consulta popular. Tanto es así que Parrilli le pidió al titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, Guillermo Snopek, para avanzar en el debate.

Así lo dijo Parrilli días atrás cuando en medio del debate de comisión por la ampliación del número de miembros de la Corte confirmó que el kirchnerismo buscará la aprobación del Senado para convocar a una consulta popular. “Se trata de un problema de la sociedad, porque la Corte define las tarifas de servicios de comunicación de millones de argentinos y vimos cómo las empresas se hicieron de ganancias extraordinarias a partir de sus fallos. Y cuando no pone límites a los monopolios termina fallando en contra de los alimentos esenciales”, explicó el senador del Frente de Todos.

El proyecto de Parrilli propone modificar el artículo 1° de la Ley 25.432 sobre la Consulta Popular Vinculante y No Vinculante, el cual quedaría establecido como que la Cámara de Diputados “podrá someter a consulta popular vinculante todo proyecto de ley con excepción de aquellos en los cuales se traten reformas a la Constitución Nacional, Presupuesto nacional y temas tributarios, materia penal y Tratados Internacionales”.

También establece que la ley de convocatoria a consulta popular vinculante “deberá tratarse en una sesión especial y ser aprobada con el voto de la mayoría de los miembros presentes en cada una de las Cámaras”, en lugar de la “mayoría absoluta” como establece actualmente la norma.

Un dato que confirma el porqué de este proyecto se encuentra en los fundamentos que exhibe el senador Parrilli cuando hace referencia a que “lamentablemente en los 20 años que lleva sancionada esta Ley ninguna decisión trascendental para el destino de nuestra Patria ha sido sometida a la opinión popular”, y en el párrafo siguiente explica un poco mejor hacia donde apunta.

“Muchos Proyectos de Ley que sin duda favorecerán a sectores castigados de nuestra sociedad, que ayudarán a transparentar y agilizar la tan castigada Justicia argentina, a evitar la fuga de divisas y la venta de recursos naturales a empresas extranjeras, la solución del problema habitacional de millones de compatriotas, deben ser sometidos a consulta pública”, consideró.

En el caso del proyecto que presentó la titular del bloque Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, el cambio fundamental tiene que ver con la fecha en la que se podría hacer una consulta popular vinculante ya que lo relaciona con que se realice el mismo día que el acto electoral, algo que hoy está prohibido. Más teniendo en cuenta que el voto es obligatorio y la consulta popular no lo es.

“La posibilidad de realizar en forma simultánea un acto eleccionario con una consulta popular brindará a la ciudadanía la oportunidad no solo de participar en las decisiones que ayudarán a su futuro sino también para conocer el pensamiento y las ideas que tienen los candidatos a los que deben acompañar con su voto”, argumenta Di Tullio.

Esto también lo propone Parrilli en los fundamentos de su proyecto al señalar el caso de Berlín, Alemania, en la cual en forma simultánea con las elecciones federales se sometió a consulta pública la expropiación de 243.000 departamentos en poder de grandes inmobiliarias.

“La decisión de celebrar en forma conjunta un acto eleccionario y una consulta popular ayudará sin duda a transparentar las posturas y pensamientos de cada uno de los candidatos que se postulan en relación a temas de tanta trascendencia como será la que se someta a la consulta popular de la ciudadanía”, sostuvo.

Fuente: Infobae