Aduana, DGI y Seguridad Social fiscalizan empresas que usaron cautelares para importar

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), realiza operativos para fiscalizar a empresas que están realizando operaciones de comercio exterior con inconsistencias en su capacidad económica-financiera, y que recurrieron a la vía judicial para importar mercadería, sorteando de esta forma los controles establecidos por el organismo.

Los operativos de fiscalización se realizan de manera conjunta y simultánea entre la Dirección General de Aduanas (DGA), la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social (DGRSS) de la AFIP.

El universo de firmas fiscalizadas contempla empresas bajo investigación, debido a su insuficiente capacidad económica-financiera, inconsistencias en sus presentaciones de IVA y Ganancias, diferencias entre los montos de divisas girados al exterior y las importaciones realizadas, así como también desvíos en la debida registración de los trabajadores y trabajadoras.

El operativo incluyó el relevamiento presencial de mercadería, documentación y personal, así como también diversos requerimientos de información y documentación relativa a la operación comercial, las transferencias de titularidad realizadas, el detalle de giros de divisas, el destino dado a la mercadería así como también la demostración de su capacidad económica y la trazabilidad de su facturación en el mercado interno.

El relevamiento de la DGI se llevó adelante en 70 empresas, en las que se abrieron órdenes de intervención notificadas de manera presencial, y requerimientos de información.

En el caso de la Aduana, fueron inspeccionadas 30 compañías, de los rubros neumático, textil, juguetería, tecnología y vajilla. En ellas, se secuestró documentación y se realizaron intimaciones.

Por su parte, el personal interviniente de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social relevó 24 sociedades, con una suma total de 150 trabajadores, de los cuales el 38 por ciento (55 trabajadores) presentaba incumplimientos de algún tipo.

Las posibles consecuencias ante las irregularidades detectadas van desde apercibimientos, suspensión o  eliminación por completo del registro de importadores y exportadores así como la denuncia penal por evasión, lavado de activos e infracciones al régimen penal cambiario.

Las acciones mencionadas se enmarcan en el fortalecimiento de las medidas de control que está llevando a cabo la AFIP ante la sospecha o detección de distintos tipos de maniobras fraudulentas, coordinando los trabajos con la DGA, DGI y DGRSS.

Cabe destacar que las empresas que se encuentran en observación por subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones son 722, con más de 13.000 operaciones que le generaron al Estado un perjuicio de casi mil millones de dólares.

 

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