“Ningún problema complejo de la humanidad se resolvió fácilmente. Ningún problema complejo de la humanidad se resolvió sin decisión política, sin lucha o sin recursos. Que nadie nos venga a decir, entonces, que en dos años o en cuatro años se puede resolver el problema que tenemos de siete mil años de patriarcado y que nos lleva la vida de hermanas todos los días”. Con estas palabras la ministra Elizabeth Gómez Alcorta encabezó este lunes en el Chaco la presentación por videoconferencia del “Plan Nacional de Acción contra las violencias por motivos de género 2022-2024″. El segundo que se pone en marcha desde la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD) en diciembre de 2019, y el cuarto en la historia de nuestro país.

A sala llena, acompañaron el acto la vicegobernadora del Chaco, Analía Rach Quiroga; la secretaria de Derechos Humanos y Géneros provincial, Silvana Pérez; la jefa de Gabinete del MMGyD, Lara González Carvajal; la secretaria de Políticas contra las Violencias por Razones de Género, Josefina Kelly Neila; y las subsecretarias, Laurana Malacalza y Carolina Varsky.

Con un presupuesto previsto de $82.700.000.000, el Plan se propone como la principal herramienta del Poder Ejecutivo Nacional para abordar de manera integral las violencias de género que afectan a mujeres, lesbianas, gays, bisexuales, trans, travestis, intersex, no binaries y otras identidades de género y orientaciones sexuales (LGBTI+). Entre los desafíos se apunta a que la hoja de ruta logre trascender la gestión del gobierno de Alberto Fernández.

“Partimos de un piso muy distinto al de hace dos años atrás. Este Plan se pensó, diseñó y se va implementar a partir de un escalón más alto (…) La continuidad de las acciones y políticas requiere de la construcción de los consensos transversales en los que estamos trabajando, con la apropiación de los programas de parte de cada mujer y LGBTI+ que ha sido asistidx, escuchadx y acompañadx por el Ministerio en estos años, y de las organizaciones sociales y comunitarias que han debatido, militado y aportado para la existencia de estas políticas de género y de esta nueva institucionalidad”, plantea el documento entre las consideraciones finales.

Los ejes

Con vigencia para el período 2022-2024, el diseño y la formulación del nuevo Plan Nacional de Acción tomó los aportes de más de 3200 personas que participaron de distintas instancias de intercambio ─presenciales y virtuales en todas las provincias y la ciudad de Buenos Aires─ para evaluar lo hecho y pensar los próximos escenarios.

Los cuatro ejes estratégicos que sustentan las principales medidas contra las violencias son: la prevención; la asistencia y abordaje integral; la protección y fortalecimiento del acceso a la justicia; y la gestión de la información, transparencia y monitoreo. A su vez, se enumeran otros ejes que dan forma a un “modo de ser” del Plan y que están contemplados en las acciones: diversidad, interseccionalidad e interculturalidad, multiagencialidad y fortalecimiento de las redes territoriales.

Para Mariana Ortega, docente, investigadora y activista feminista de Tartagal (Salta), transversalizar estas perspectivas en las políticas estatales significa un paso adelante: “La inclusión de la interseccionalidad y de la interculturalidad en las políticas estatales son demandas históricas de los trans-feminismos y movimientos de mujeres y disidencias en Argentina. Es importante que se les dé lugar. Sin embargo, es fundamental que esos lineamientos se materialicen en dispositivos, en políticas provinciales, municipales y en articulaciones con las instancias territoriales. Y sobre todo que estos ejes cuenten con recursos para que se concreten y redunden en transformaciones en las vidas de las mujeres y personas LGBTI+ que atraviesan violencias de género en territorios olvidados. Estamos ante una oportunidad histórica de pensar conjuntamente cómo luchamos contra las violencias de género. Y creo que es decisivo que se escuche a las actoras territoriales y se reconozcan los saberes locales”.

En sintonía opina Daniela Ruíz, transfeminista y directora de la organización Siete colores diversidad: “Las demandas de las organizaciones y de las personas situadas en los territorios están llegando a las políticas públicas. Esto, a la vez, nos permite a nosotres interpelarnos ante ciertos factores de violencia, poder verlos. Los procesos interseccionales son formas de repensar prácticas que muchas veces se han mantenido estáticas desde la misma colonialidad”.

Líneas de acción

Reafirmando la perspectiva de abordaje integral de las violencias por motivo de género, que contempla el carácter estructural de las desigualdades y las violencias y deja atrás el foco exclusivo en la emergencia, el Plan Nacional 2022-2024 incorpora más de 100 acciones de corto, mediano y largo plazo de 20 ministerios y 5 organismos descentralizados nacionales.

Para la asistencia se destaca consolidar y garantizar el alcance territorial del Programa “Acompañar”, el gran acierto del MMGyD teniendo en cuenta que, entre noviembre de 2020 y el 31 de mayo de 2022, 175.068 mujeres y LGBTI+ en situación de violencia de género recibieron acompañamiento integral por parte de equipos interdisciplinarios y un apoyo económico equivalente a un salario mínimo, vital y móvil durante seis meses consecutivos.

Claudia Hasanbegovic, doctora en Políticas Sociales y docente del posgrado en Actualización en Género y Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, reconoce lo conseguido y marca lo que falta: “El Programa Acompañar es excelente y es loable que se quiera profundizar. Pero también requiere ser ampliado. En Argentina, 1.860.000 mujeres están criando solas a sus hijos, haciéndose cargo de la obligación alimentaria que les corresponde a la par a los progenitores. Ante esta injusticia económica, el Programa Acompañar tendría que extenderse a cada víctima de violencia económica-patrimonial”.

Y sigue: “Además se debería contemplar la creación de un mecanismo estatal, desde el Poder Ejecutivo, que fuera el encargado en cada jurisdicción de llevar adelante los juicios de alimentos y las investigaciones financieras y económicas que permiten acercar a los juzgados que dictan sentencias un panorama del caudal y de la capacidad económica de los alimentantes”.

El eje de prevención enumera 9 medidas y 41 acciones estratégicas que buscan sensibilizar a la sociedad para desnaturalizar los mandatos y patrones sociales y culturales que reproducen las desigualdades y violencias por motivos de género. Surgen, entonces, encuentros con medios de prensa y comunicación; compromisos federales publicitarios; materiales y producciones audiovisuales contra la violencia mediática, digital y simbólica; muestras artísticas; y talleres de promoción de nuevas masculinidades. Asimismo, se detallan políticas destinadas a garantizar la efectiva implementación de las leyes nacionales de Educación Sexual Integral, Interrupción Voluntaria del Embarazo y de Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, conocida como “Mil Días”.

Sobre el campo de las violencias simbólicas se expresa Sandra Chaher, presidenta de la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad: “Lo más importante es la continuidad y persistencia de las acciones, ya que se trata de modificar patrones socioculturales atávicos. En este sentido, es preciso sostener sin pausa las sensibilizaciones y capacitaciones. Y pensar en articular con otros organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil que ya vienen trabajando hace tiempo en revertir las desigualdades en los medios. Por otro lado, adherir a un Compromiso Federal podría tener impacto positivo si se monitorea un tiempo después; la firma solamente corre el riesgo de ser una estrategia de pinckwashing”.

La abogada feminista Florencia Zerda festeja que el nuevo Plan Nacional dé cuenta de decisiones específicas para enfrentar la violencia por motivos de género en los entornos digitales: “El plan anterior sólo hablaba de Grooming, que es un delito hacia menores de edad. Campañas de sensibilización y comunicación van a servir para visibilizar y concientizar sobre ciberviolencia de género y son políticas públicas claves, requeridas por la ONU y la OEA a la Argentina. Vemos con buenos ojos que el Estado recoja estos pedidos”.

La vocación por fomentar mayores espacios de formación incluye en el Plan Nacional de Acción 2022-2024 el trabajo de impulsar la Ley Micaela en sindicatos, medios de comunicación y organizaciones deportivas.

En diálogo con Infobae, la Secretaria de Relaciones Internacionales de CONADU y Secretaria de Formación e Investigación en CTA, Yamile Socolovsky, comparte cómo surgió la demanda en el interior de las propias organizaciones sindicales: “Hace mucho tiempo que estamos llevando a cabo esfuerzos por incorporar la perspectiva de género y las demandas feministas en el sindicalismo, y hemos desarrollado múltiples instrumentos para abordar estas cuestiones. Pero evaluamos que necesitábamos formaciones más efectivas para involucrar al conjunto de las organizaciones, sus dirigencias y su militancia, en la lucha contra la desigualdad y la violencia de género. El Programa de la Micaela Sindical se elaboró en conjunto con el Ministerio, con participación de nuestras compañeras en el rol docente, y situando sus contenidos en el mundo del trabajo y en la realidad sindical”.

Entre las acciones del eje de protección y fortalecimiento del acceso a la justicia se detalla por ejemplo la ampliación de patrocinio jurídico; la construcción de casas de medio camino destinadas a personas en situación de violencia por motivo de género; la creación de un sistema de alerta digital que aumente las capacidades de respuesta de los gobiernos locales; y continuar con la implementación de una reparación económica para las hijas y los hijos de víctimas de femicidios.

Finalmente, las 20 acciones bajo el eje de gestión de la información, transparencia y monitoreo estarán orientadas a robustecer las herramientas de registro de los casos de violencias de género y de producción de datos en pos de monitorear la efectividad de las medidas.

Natalia Gherardi, Directora Ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), espera una mejor difusión y acceso a la información para que efectivamente las políticas lleguen a las mujeres de cada recoveco del país: “Encontramos en nuestras investigaciones que la información sobre los programas disponibles es recibida muchas veces de manera parcial y recortada. Igualmente, confiamos en que se puedan perfeccionar las herramientas de monitoreo y evaluación, difundiendo los datos relevados de manera periódica y pública porque la gestión transparente de la información contribuye a la construcción de políticas públicas democráticas”.