El Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados de la Nación el “Acuerdo sobre reconocimiento mutuo de medidas de protección para las mujeres en situación de violencia de género entre los Estados Partes del Mercosur y Estados Asociados”, un mecanismo regional de avanzada que permitirá reconocer medidas de protección judiciales en la región cuando se encuadren en casos de violencia de género.

El Acuerdo -impulsado por el ministro Soria en la 53° Reunión del Mercosur en 2021 y aprobado por el Consejo del Mercosur en julio de 2022- crea las “Órdenes Mercosur de Protección” (OMP), un instrumento jurídico regional que permitirá a las personas en situación de violencia de género que cuenten con una medida de protección judicial en Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, o en algún Estado Asociado, replicarlas en el resto de dichos países sin necesidad de realizar nuevos procedimientos al trasladarse o migrar.

“La creación de las Órdenes Mercosur de Protección puede sonar como un tecnicismo, pero en realidad es una herramienta concreta e innovadora de protección para las víctimas que día a día sufren violencia por motivos de género. este mecanismo innovador, que una vez aprobado marcará un antes en la historia del sistema jurídico internacional de nuestra región y la política de protección de víctimas constituye un paso más para lograr erradicar la violencia de género en nuestro país y en toda nuestra región”.

El envío del proyecto del Poder Ejecutivo Nacional al Congreso de la Nación se realiza simultáneamente a la labor que lleva adelante la Mesa de Trabajo para la aprobación e implementación del acuerdo regional. Dicha mesa, inaugurada el 27 de abril pasado, reúne a todos los organismos que deberán intervenir para la correcta y eficiente implementación del acuerdo regional en territorio argentino. La primera reunión fue encabezada por el ministro Soria y la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, y estuvo integrada por el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Eduardo Valdés, la fiscala a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), Mariela Labozzetta, la Defensora Pública Oficial ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Comercial y del Trabajo N° 3, Marina Salmain, y funcionarios y funcionaras de la Cancillería y los ministerios de Mujeres y Justicia.

El texto del proyecto de Ley contempla toda medida que resulte necesaria para garantizar la seguridad de la mujer, incluyendo medidas tales como la prohibición o restricción de contacto en cualquier forma o de acercamiento y la suspensión del derecho a la tenencia, uso o porte de armas, y cualquier otra medida necesaria para hacer cesar la situación de violencia y evitar la repetición de todo acto de perturbación o intimidación, agresión y maltrato perpetrado por el agresor.

Las medidas de protección de mujeres en situación de violencia de género dictadas por autoridades judiciales de los países del Mercosur serán transmitidas a otro Estado Parte a través de la referida Orden MERCOSUR de Protección (OMP) por intermedio de la Autoridad Central. En el caso de la República Argentina, se designará como tal a la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, en atención a las competencias en materia de cooperación jurídica internacional en la mayoría de los tratados de la temática y, en particular, en aquellos celebrados en el ámbito del bloque regional.