Por Luis María Serroels, especial para ANALISIS DIGITAL

Sería ocioso volver sobre todo el contenido de nuestra columna en distintas entregas donde aludimos a la ley que insólitamente y en tiempo récord sancionaron los legisladores oficialistas. Pero en una apretada síntesis recordemos que la legislación autorizaría al Poder Ejecutivo a entregar por tiempo indeterminado las islas fiscales y los puertos entrerrianos a una sociedad anónima creada por 99 años (las declaraciones del senador y ex intendente de Victoria César Garcilazo, son desopilantes cuando dice que no será indefinidamente (quizás para él un siglo pasa volando).

Además la norma eliminaría la protección de esas islas, abriendo las puertas a la destrucción de un ecosistema de diversidad biológica y cultural vitales. Hablamos de una reserva de agua dulce inigualable. Asimismo se permitiría la explotación intensiva y la fumigación llevando a la formación de un latifundio destinado a beneficiar a inversores de ignoto origen y nacionalidad y pooles agroindustriales. En otro orden, se autorizaría a la provincia a endeudarse por un monto de 50 millones de dólares que favorecerían a los inversores y que tendrían como garantía recursos derivados de la coparticipación dignos de mejor destino. Como si fuera poco también se observa la violación de derechos y garantías constitucionales que se refieren a la sustentabilidad ambiental, la perdurabilidad de los ecosistemas, los humedales libres de construcción de obras de infraestructura a gran escala, preservación de selvas ribereñas, la igualdad de oportunidades, una equitativa distribución de la renta, entre otros ítems, que eximen de mayores consideraciones.

Decíamos que las razones invocadas para procurar la derogación de la cuestionada norma, ofrecen contradicciones y no dejan de sorprender porque desnudan un espíritu gubernamental no precisamente plasmado cuando se decretó su promulgación. Explica Urribarri la decisión de “defender el patrimonio público y poner en valor productivo las islas entrerrianas convocando a todos aquellos sectores que quieran aportar a este objetivo”, desmintiendo cualquier tipo de intención privatizadora ni concesiones sobre el Delta y señalando que la ley ha sido blanco de críticas maliciosas e infundadas. Si tan infundadas han sido las críticas, no se estaría hoy solicitando la derogación.

Pero hay una frase que debe interpretarse con rigurosidad y es cuando el mandatario afirma que “como tenemos la franca decisión de defender el patrimonio público y a la vez la firme decisión de poner en valor productivo las islas, proponemos volver la situación al punto inicial, derogando la ley Nº 10.092”, (es que la derogada ley 9.603 ya establecía la promoción de producción ganadera y apícola). Si él piensa de esta manera, ¿por qué redactó el proyecto, lo remitió a los legisladores, lo recibió sancionado en tiempo récord y lo promulgó? Está admitiendo que esta ley iba en contra de sus postulados sobre el patrimonio provincial en su privilegiado sur. Si comprendió que se cometía un error, ¿por qué no la terminó vetando? Simplemente porque no se evaluaron sus consecuencias ni repercusión o porque hubiera sido insólito hacerlo con su propia iniciativa. Niega además el gobernador que se haya postulado alguna privatización ni concesiones, lo cual llama la atención porque un legislador admitió que esto sería así por un tiempo prefijado. La final derogación reimplanta la vigencia de la ley 9.603 de arrendamientos y cabe ahora preguntar: ¿qué sienten los legisladores que levantaron su mano para generar una norma y ahora lo vuelven a hacer para anularla? ¿Esto acaso no confirma nuestra presunción de que las cámaras se conviertan en escribanía del Poder Ejecutivo?

El interrogante es muy simple: si como dice el mandatario se trató de conjeturas infundadas y maliciosas y el propósito oficial era tan trascendente, ¿por qué interesó la derogación? ¿Por qué el gobierno demoró tanto en reaccionar frente al rechazo evidenciado en Entre Ríos y Santa Fe, que llegó incluso a interesar a autoridades nacionales recordando el acuerdo celebrado en Victoria en 2008 que compromete a nuestra provincia? Las denuncias del especialista en Derecho Ambiental Jorge Daneri y de diversas entidades de ambas orillas del Paraná, citaron aspectos de la ley muy puntuales que no fueron desmentidos, por lo cual sería útil que se informe qué día fue publicada en el Boletín Oficial de la provincia. No debe dejarse de lado la decisión adelantada en ciertos sectores de acudir a la justicia como se hiciera en el caso de Paraná Medio con resultado positivo.

Este cambio de actitud de Sergio Urribarri y más allá de las desprolijidades, debe ser valorado como un gesto importante y vale como experiencia. Está claro que queda neutralizado un innecesario frente de conflicto. Talvez sirva este episodio como lección para encarrilar un tiempo de entendimiento, originando consultas con quienes revelen la debida capacidad y así dotar a Entre Ríos de las mejores leyes, esas que no deban luego enfrentar retrocesos con su costo político. Urribarri, que acumula hoy un poder jamás alcanzado por gobernador alguno en la historia política provincial, tiene todo a su alcance para abrir el juego del consenso, una práctica que garantice el sentido participativo y la paz social. Para evitar tener que andar luego buscando salidas airosas y elegantes, siempre será mejor dar participación plena y con el tiempo que fuera menester a los ocupantes de todas las bancas. Un encumbrado legislador dijo que la decisión de derogar la ley 10.092 fue tomada después de hablar con distintos actores y con el Poder Ejecutivo. La próxima vez se debería consultar antes. Las leyes exprés suelen terminar en papelones también exprés.

Blanca y la corrupción

Por estos días, la jefa comunal paranaense Blanca Osuna, está dando señales claras de que no tolerará actos reñidos con la moral y las leyes y particularmente apunta a la vieja y conocida coima por la cual muchos funcionarios se enriquecen a costa de las arcas estatales y del bolsillo del ciudadano honesto. En una palabra, luchar contra la corrupción estructural que se halla enquistada en el Estado sería la consigna.

El gran disparador que puso a prueba los reflejos de Osuna, estuvo originado en el descubrimiento de maniobras non santas de un grupo de empleados municipales que, al mejor estilo mafioso reinante en la Chicago de los años 30, se dedicaban a prácticas que no serán convalidadas por las autoridades y menos por la justicia, mal que le pese a la organización sindical que no debe consentir estas andanzas. Coima y amenazas contruyen una asociación ilícita y como tal deben ser exterminadas sin miramientos.

En esta sintonía se ha colocado la intendente porque sabe que la corrupción, cuando se asocia con la impunidad, conforman una fórmula calamitosa que erosiona el normal desenvolvimiento de un Estado-Gobierno.

Todo empezó con una serie de inspecciones ordenadas por la superioridad, que desnudaron acciones delictivas reveladas por comerciantes y que involucran a agentes de la comuna, quienes se dedicaban a pedir dinero (coimear) para no concretar inspecciones sobre habilitación de cada negocio, además de extender habilitaciones fraguadas y utilizar firmas apócrifas (un supermercado, el Club Social y hasta una veterinaria fueron víctimas de la voracidad coimera-extorsionadora, sospechándose que existirían más damnificados). Se habla de administraciones paralelas y toda una gama de irregularidades que, según se dijo, involucrarían también al gremio conducido por el diputado provincial Hugo Vázquez (a propósito, hasta ahora se desconoce la opinión del legislador y las medidas que piensa adoptar para corregir estas tropelías, lo cual sería bien recibido en salvaguarda de los afiliados honestos).

Pero esta cruzada ha tenido una repercusión favorable ante la convocatoria de Osuna, ya que profesionales de distinta incumbencia se han manifestado dispuestos a colaborar, siendo imprescindible que los comerciantes denuncien cualquier intento que apunte a consumar operaciones reñidas con el Código Penal.

No es un tema menor que la Defensoría del Pueblo aconseje a quienes hayan sido afectados por una situación como la que motivara la intervención por irregularidades en las habilitaciones comerciales, que concurran al órgano municipal para recibir asesoramiento jurídico en un encuentro de carácter confidencial. “El objetivo es desarticular cualquier tipo de acto de corrupción que hubiere existido o exista”, advirtió el Defensor, doctor Luis Oscar Garay. Y hay que ayudarlo.

Malvinas: “novedades” sabidas

El martes 7 y luego de una grandes a nuncios, ante gobernadores, dirigentes opositores, gremialistas e invitados especiales y por la cadena nacional, la presidente habló sobre la cuestión Malvinas. Todos escuchamos con atención porque el tema es muy trascendente, pero a medida que avanzaba nos parecía que algunas cosas ya las conocíamos, sin por eso desestimar la ceremonia porque hoy por hoy Malvinas es la única causa capaz de galvanizar el sentimiento nacional sin distinción alguna.

Minutos luego de la exposición de Cristina Fernández y en medio de incidentes protagonizados por ex combatientes que no habían podido acceder al Salón de los Patriotas Latinoamericanos, donde –y no se sabe por qué razón- recibió algunos golpes el diputado José María Díaz Bancalari, se escuchó hablar sobre la creación de un hospital que se destinará a la atención psiquiátrica de los veteranos de la guerra de 1982 (después alguien se encargaría de decir que un nosocomio de ese tipo ya existe).

Pero aparecen puntos confusos: al otro día un medio porteño publicó que el anunciado planteo que se hará ante la ONU respecto de la militarización del Atlántico Sur por parte de Gran Bretaña “que implica un grave riesgo para la seguridad internacional”, ya fue realizado como protesta formal por nuestro gobierno el 11 de octubre de 2010 por los ejercicios militares del Reino Unido en la región. Como tantas veces y después de cada reivindicación argentina, Inglaterra sufre de sordera crónica y el Consejo de Seguridad se da por cumplido. Así transcurrirán los tiempos sin que podamos recuperar según el derecho internacional nuestro suelo patrio avasallado por el coloniaje.

Respecto del denominado Informe Rattenbach, cuya desclasificación y apertura ordenó CFK al reintegrarse tras su licencia médica y que ahora ratificó, consigna el medio gráfico que la Revista Siete Días ya lo publicó en forma completa en 1983 y hoy puede conseguirse a través de Internet por la suma de 150 pesos. Además recuerda que en abril de 2007 los diputados nacionales Federico Storani y Pedro Azcoiti presentaron un proyecto de ley para publicar dicho informe (expediente 1350-D-2007).

La mandataria es evidente que se halla deficientemente informada, porque además en 1983 los periodistas Eduardo Van der Kooy, Ricardo Kirschbaum y Oscar Raúl Cardoso, publicaron el libro Malvinas: la trama secreta, donde se aborda el Informe Rattenbach, algo que también tocan otros autores en sus trabajos. En otro orden y vinculado con una mención presidencial, debe evocarse que en 1963 y durante el gobierno de facto que destronó a Arturo Frondizi y presidía José María Guido, se dictó un Decreto Ley firmado por el general Benjamín Rattenbach, por el cual se proscribió al peronismo y al “tirano prófugo”, como se calificaba a Juan Perón. Este militar sedicioso es a quien la presidente recordó sintiendo “honor y orgullo” y definiéndolo como “figura sanmartiniana de vocación democrática”.

Sería muy oportuno que la presidente reclame un informe pormenorizado sobre los Tratados Secretos con Inglaterra celebrados por el menemismo en 1992 y que fueran votados por el Congreso. Si las referencias del diario porteño no son ciertas, el gobierno debería desmentirlas con firmeza. ¿Es posible que un periódico se arriesgue a mentir tan descaradamente? De todas maneras y en medio de estas situaciones por aclarar, queremos quedarnos con una frase de Cristina Fernández y es aquella que le dirigió al primer ministro británico David Cameron: “Denle una oportunidad a la paz” (la oportunidad que el Reino Unido niega al militarizar la región). ¿Nadie pensó en revisar la propuesta de las tres banderas del presidente peruano Fernando Belaúnde Terry en 1982, hecha fracasar por el hundimiento del crucero General Belgrano?

A Gran Bretaña no le interesa la vida ni los intereses de los habitantes malvinenses, porque lo que importa es la ubicación estratégica de las islas, donde se ha instalado el radar más moderno del mundo, que no solamente cubre el continente americano, sino que tiene alcances hasta Estados Unidos y Canadá. Honradamente, nos pareció muy apropiada a las circunstancias y con menciones irrefutables la exposición del viernes ante el Consejo de Seguridad de la ONU, de nuestro Canciller Héctor Timerman. Aunque hubo elementos recurrentes, rescatamos conceptos que el propio pueblo inglés debería conocer. Pero asimismo, humildemente sostenemos que si pensamos algún día en convivir con los kelpers, deberíamos abstenernos de agraviarlos. Escoger métodos de seducción e intentar comprender su situación, aceptar su status y reconocer su deseo de permanecer allí aún bajo el ejercicio soberano argentino. Y buscar la forma de que conozcan en plenitud nuestro territorio continental y sobre todo nuestra idiosincrasia.

La respuesta del Secretario General, Ban Ki-moon fue positiva aunque se sabe que sus deseos serán desoídos por los piratas. La reacción inglesa fue una obra maestra del cinismo, apelando a la autodeterminación de los isleños. ¿Qué autodeterminación de los lugareños respetaron ellos en 1833 cuando desembarcaron en las islas? ¿OIvidan sus intentos por invadir Buenos Aires en 1806 y 1807 y su atropello en 1845 aliándose con la flota francesa para navegar nuestro río Paraná. En 1825 Inglaterra reconoció la soberanía argentina en su integridad, mientras preparaba su plan para avasallar nuestro territorio ocho años luego.

El archipiélago y nuestra Antártida, son pedazos de suelo nacional y jamás se aceptará consentir su pertenencia británica. Es menester mantener este ideario incólume y hacer de este irredento pedazo gélido del Atlántico Sur, una auténtica causa patriótica definitivamente inclaudicable.