Historia negra

En 1964, bajo la dictadura de una Junta Militar, el gobierno de Ecuador entregó en concesión a la petrolera Texaco-Gulf el oriente ecuatoriano. En los tres primeros años, Texaco exploró la provincia de Sucumbíos, en la Amazonía norte de Ecuador. Realizó cientos de perforaciones y construyó enormes piletas, al aire libre, con residuos tóxicos. Y explotó el petróleo hasta 1990, cuando abandonó Ecuador y dejó 480.000 hectáreas contaminadas.
En 1993, un grupo de afectados ecuatorianos denunció a Texaco en Nueva York por contaminación y afecciones a la salud. El 16 de mayo de 1994, se conformó el Frente de Defensa de la Amazonía, que representa a los 30 mil afectados por Texaco.

En 2001, Chevron se fusionó con Texaco, en una operación de 45.000 millones de dólares.

La Corte de Apelaciones de Nueva York envió el caso a la justicia ecuatoriana, a pedido de Chevron, con la condición de que la petrolera acate la decisión del tribunal de Ecuador.

En febrero de 2010, mientras la causa judicial continuaba y se acumulaban pruebas y testimonios contra Chevron-Texaco, la multinacional acusó (con la Ley Federal de Estados Unidos para el Crimen Organizado) a los demandantes (en su mayoría indígenas y campesinos) de ser una “asociación criminal” que tenía la intención de extorsionar a la petrolera.
El expediente judicial contaba ya con 230.000 páginas, 106 informes periciales (60 de ellos pagos por la petrolera), 80.000 resultados químicos de las muestras de suelos y aguas. El juez inspeccionó los daños causados en 54 sitios operados por Chevron.

En febrero de 2011, la Justicia de primera instancia encontró a Chevrón culpable de contaminación y la condenó a pagar 8,6 mil millones de dólares para remediar las zonas contaminadas. Sentencia, y cifra, históricas a nivel mundial.
En enero de 2012, ya en segunda instancia, el tribunal ecuatoriano confirmó la sentencia. Y exigió que Chevron pidiera disculpas públicas a los afectados. En caso de negarse, estipuló que se duplicaba el monto (17,2 mil millones de dólares).

Chevron retiró todos sus activos de Ecuador. Pero la sentencia es ejecutable en cualquier parte del mundo (confirmado incluso por los tribunales de Estados Unidos).

En mayo de 2012, la justicia de Ecuador inició la primera acción internacional del cobro de sentencia (en Ontario, Canadá). Un mes después, comenzó la segunda acción, en Brasil (donde Chevron tiene activos).

El presidente de la multinacional, John Watson, pidió en julio de 2012 al Congreso de Estados Unidos que suspenda las preferencias arancelarias para los productos ecuatorianos. El Congreso de Estados Unidos negó el pedido de represalia comercial.

El 3 de agosto de 2012, la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos liquidó el total adeudado y ordenó a Chevron a pagar 19 mil millones de dólares en el término de 24 horas.

El 7 de noviembre de 2012, en Argentina, el juez civil Adrián Elcuj Miranda aceptó el pedido de los tribunales ecuatorianos para establecer un embargo preventivo por 19 mil millones de dólares sobre los bienes de la petrolera Chevron.

La multinacional apeló la medida. Pero obtuvo otro revés: la Cámara de Apelaciones en lo Civil confirmó el embargo en enero pasado.

Responsabilidad Social Empresaria

Chevron-Texaco contaminó dos millones de hectáreas, construyó 880 fosas (sin recubrimiento ni aislante) y quemó gas durante décadas en sus más de 1.000 mecheros. Los demandantes la acusan de haberse cobrado cientos de vidas en las provincias de Sucumbíos y Orellana, donde se registran los índices más altos de cáncer del Ecuador.
El accionar de la petrolera afectó el territorio y la vida de los pueblos indígenas Tetetes, Sansahuaris, Cofanes, Sionas, Secoyas y Waorani.

Territorios contaminados, pérdida de cultivos y muertes de animales fueron el mal (menor) que padecieron pueblos indígenas y campesinos.

El Frente de Defensa de la Amazonía desnudó la estrategia de Chevron durante el juicio: negaron la contaminación, responsabilizaron al Estado de Ecuador. Luego presionaron al gobierno ecuatoriano y, por último, argumentan “fraude” de los demandantes y sus abogados.

Los 30 mil afectados no desean el dinero de manera individual. Ya consensuaron: la indemnización será utilizada para la remediación ambiental, hospitales, escuelas y suministro de agua potable.

Gobierno, YPF y periodismo petrolero

La petrolera estadounidense firmó en 2012 un convenio de entendimiento con YPF para explotar la formación Vaca Muerta (de hidrocarburos no convencionales), con la cuestionada técnica de fractura hidráulica (“fracking”).
Junto al embargo de la Justicia ecuatoriano comenzó un juego de presión política y lobby periodístico que, semanalmente, condiciona la “inversión” de Chevron al levantamiento del embargo.

“La principal operación económica de Cristina Kirchner está amenazada porque los pueblos originarios de la Amazonía ecuatoriana, amparados por el bolivariano Rafael Correa, embargaron a Chevron Argentina en un juicio por daños ambientales. Chevron era, hasta ahora, la única gran petrolera privada que se había interesado en explotar el yacimiento Vaca Muerta con YPF. Pésima noticia para Miguel Galuccio”, escribió el editorialista del diario La Nación Carlos Pagni el 12 de noviembre de 20121 (sobra un 1) .

El gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, no ocultó su posición: “Quiero desearle públicamente éxitos a Chevron en su apelación, luego de que se dictaminara, de manera arbitraria e ilegal, el embargo de sus activos en el país. Esta determinación no le hace ningún favor a la actividad, ya que afecta a uno de los grandes y más confiables jugadores de nuestra industria de Oil & Gas, y no tendré problemas en decirlo todas las veces que sea necesario”. Fue el 13 de noviembre, en un discurso público, en el tradicional almuerzo del Club del Petróleo .

En un fino equilibrio, el gerente comercial de Chevron Argentina, Ricardo Aguirre, señaló al diario Página12 el 30 de noviembre de 2012: “Estamos haciendo una cuidadosa planificación financiera para seguir operando. La idea es lograr que se revierta el embargo de la Justicia sin que antes se alteren nuestros planes de inversión. No queremos suspender la exploración en Vaca Muerta” .

“Advierten que habrá menos crudo si continúa un embargo a Chevron”, advirtió el diario Perfil en su edición del 2 de diciembre de 2012, en un artículo en el que citó ampliamente a Aguirre y también al director de Relaciones Públicas para América Latina, James Craig.

Durante la última semana de noviembre y la primera de diciembre, Aguirre y Craig tuvieron apariciones en todos los grandes diarios de Buenos Aires.

El 17 de diciembre, el presidente de YPF, Miguel Galuccio, viajó a Houston (Estados Unidos) para reunirse con Chevron y avanzar en el acuerdo por Vaca Muerta.

El 21 de diciembre, el diario La Nación advirtió: “El acuerdo de YPF depende de que se levante el embargo a Chevron”.

El 17 de febrero, Perfil afirmó: “Embargada, Chevron dirá que se va del país”.

Dos días después, en el juego de presión constante, Chevrón desmintió la retirada y señaló su “voluntad de seguir operando”.

El 14 de marzo fue el turno de Clarín: “Chevron admite que el embargo pone en peligro el acuerdo con YPF”.
El 28 de marzo, por primera vez, se conoció la posición del gobierno argentino, a través de Miguel Galuccio, presidente de YPF. Mediante una “carta privada” (pero filtrada por la misma empresa a un pequeño grupo de periodistas), el presidente de YPF arremetió contra los demandantes: “Las medidas por ustedes promovidas son absolutamente perjudiciales para la Argentina y podrían tener un efecto negativo en la inversión en el país (…) La única forma de evitar un enorme daño a nuestro país es el cese de tales medidas en la República Argentina”.

Galuccio dejó de lado la contaminación, a los afectados e incluso a los fallos de la Justicia de Ecuador. Sólo fijó su preocupación en la producción de gas y petróleo de Vaca Muerta, recordó que Chevron es parte de esa explotación y afirmó: “Cualquier medida que afecte la inversión que YPF se ha comprometido a realizar para desarrollar estos recursos (Vaca Muerta) no afecta solamente el patrimonio de nuestros socios sino que también afecta seriamente los intereses de YPF y los del país y sus ciudadanos”.

“Crímenes con total impunidad”

El joven Pablo Fajardo, hijo de colonos, asumió en 2003 como ayudante de los abogados denunciantes. Hoy está al frente de la causa, con el respaldo de campesinos e indígenas ecuatorianos. “Los últimos 18 años hemos ido reaccionando poco a poco y hemos podido enfrentar a este poder real. Hasta hace pocos años atrás, la gente en Ecuador y en el mundo pensaba que era imposible que un grupo de indígenas, de campesinos, de gente pobre, de un país ‘tercermundista’ pueda enfrentar a una empresa poderosa como Chevron. Estamos demostrando que es posible y que se puede hacer, que es posible ir mucho más allá, que se pueden cambiar las cosas, que no son intocables, que ellos no son invencibles” , afirmó Fajardo. Remarcó que el juicio es histórico e invitó a leerlo en clave histórica (más allá del caso particular): “Lo que está en juego es todo un sistema empresarial que por décadas ha cometido enormes crímenes con total impunidad en América Latina, en África, Asia y en todas partes del mundo. Este juicio puede cambiar las reglas del juego”, publicó Odhpi.