El vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ), Miguel Carlín manifestó su aprobación al anuncio que realizó el gobernador de la provincia, Jorge Busti (PJ) sobre la pronta llamada a licitación para la construcción de una nueva cárcel en Villaguay o Tala, no obstante “reúna las condiciones que aseguren la dignidad del interno”. En ese sentido se reconoció un crítico del sistema penal de la provincia, aunque aclaró: “no hablo de abolicionismo ni de soltura de aquellos que por la ley deben tener encierro”. Por otra parte manifestó que el tribunal que integra “no ha estado con los brazos cruzados” en el caso de la muerte del hijo del ex candidato a intendente de Gualeguay, Osvaldo Carboni (Frente Social Entre Ríos tiene Futuro): “Tenemos el expediente y los antecedentes del imputado”, dijo al respecto.

Carlín se refirió al anuncio que realizó el gobernador ayer en conferencia de prensa, sobre la posible creación de nuevas unidades penitenciarias en Tala y Villaguay, afirmando: “Indudablemente hacen falta, cada vez se producen más delitos y las cárceles no tienen capacidad para los internos”.

Asimismo se reconoció como crítico del sistema penal, aduciendo que “no hablo de abolicionismo ni de soltura de aquellos que por la ley deben tener encierro. Yo saludo esta iniciativa, pero las cárceles debieran reunir las condiciones que aseguren la dignidad del interno”.

Según lo manifestó, “si la virulencia del delito se da como se ha ido dando, y aumenta el número de internos por el aumento de punibilidad, las cárceles entrerrianas no darían a basto. Hay que evitar que no pase lo que ocurre en Buenos Aires, según lo dicen los medios, donde por falta de lugar se terminan poblando las distintas comisarías, o los delincuentes están sueltos cometiendo delitos por ahí”.

Por otra parte, en declaraciones realizadas a LT 14 Radio General Urquiza, se refirió al asesinato de Nicolás Carboni ocurrido en Gualeguay, y afirmó que la investigación “es un tema que nos ha preocupado al punto de que yo le he requerido al juez de instrucción de forma inmediata los datos y el me mandó el procesamiento contra el imputado y los antecedentes”.

Según estimó, el imputado Luis El Gordo Jiménez -presunto asesino de Nicolás- no gozaba de libertad provisoria sino que “ya había cumplido en junio íntegramente las condenas, que datan de 1998 y 2003 y son por hechos menores en el 98 y 2003; pero ya venía detenido desde 2002 por el delito de robo”. En relación con el tema agregó: “Si hubiera advertido que estaba en estado de soltura por disposición del juez, hubiera requerido de inmediato la elevación del expediente”.

Por último, dejó en claro la posición del tribunal que integra, manifestando que “el tribunal no ha estado de brazos cruzados: tenemos el expediente y los datos antecedentes y vamos siguiendo la evolución del caso”.