El escrito lleva las firmas del fiscal de Estado, Mariano Miranda, la procuradora general provincial, Josefa Herrera y el actual presidente del Instituto de la Vivienda y Urbanismo de Jujuy, Walter Morales.

El planteo judicial apunta a una serie de maniobras realizadas entre enero y mayo del año pasado, en la que participaron doce cooperativistas y ex funcionarios provinciales del Instituto de la Vivienda. Allí, se detectaron irregularidades en 30 convenios suscritos con entidades vinculadas a la Tupac Amaru, que tenían el objetivo de poner en pie soluciones habitacionales y mejoras de infraestructura social.

En los expedientes bajo sospecha no se registró que las obras comprometidas se hayan edificado ni tampoco consta dónde habrían sido construidas. Allí, se establecían dos pagos de entre 63 y 56 mil pesos por cada proyecto, cuyo destino se desconoce.

"Las cooperativas debían finalizar la obra en un plazo de 30 días corridos, sin embargo ha transcurrido más de un año sin que se haya dado cumplimiento. Tampoco consta la emisión de Certificados de Obra, pese a que la Cláusula Cuarta Parrafo "b" obliga al ejecutor a la confección de los mismos", sostiene el texto de la denuncia.

En esas maniobras, los fiscales del Estado entendieron que hubo un "proceder plenamente intencional tendiente a apoderarse de dichos fondos y desviarlos de la utilización que correspondía dárseles". De esta manera, por ser la presunta "jefe" del accionar delictivo, Sala fue acusada de "asociación ilícita agravada" y de cometer fraude y perjuicio contra la administración pública, ya que habría "un daño directo" al apropiarse de fondos "necesariamente destinados a la construcción de viviendas, mejoramientos habitacionales e infraestructura".

Ayer hubo una marcha de organizaciones kirchneristas y de izquierda que se solidarizaron con Milagro Sala. Denuncian una persecución política del gobierno de Gerardo Morales.

En relación a los funcionarios involucrados, el escrito acusa a Tolosa, Abregú y a Marta Gutiérrez, jefa del Departamento Administrativo Financiero del IVUJ, de ser "quienes firmaron los convenios de obra y dieron la orden de pago sin respaldo técnico necesario".

La ampliación de la denuncia contra Sala y los cooperativistas se produce luego de su detención el fin de semana en su casa de la capital jujeña, acusada de "instigación a cometer delitos" y "tumultos". Esa denuncia surgió porque la diputada del Parlasur instaló un campamento hace varias semanas frente a la gobernación de Jujuy, en rechazo al reordenamiento de la distribución de subsidios a cooperativas que planteó el nuevo gobierno del radical Gerardo Morales.

Ayer, la Justicia de Jujuy rechazó un hábeas corpus presentado por los abogados de Milagro Sala, por lo tanto, la líder de la Tupac Amaru seguirá detenida, consignó Infobae.