“Nos vemos a su vez en la obligación de señalar que no debe buscarse en la actitud del gobierno nacional la causa de la evidente ineficiencia de la gestión del IAPV desde hace años para dar respuestas a las legítimas demandas de las familias más vulnerables de nuestra provincia, que no pueden acceder por otros medios a una solución habitacional acorde a sus necesidades”, añadieron luego.
Más adelante, consideraron “imperioso señalar que la demanda dirigida al IAPV había sido sobredimensionada como consecuencia de la desaparición del crédito hipotecario dirigido a sectores medios, sistema que el actual gobierno nacional de Cambiemos ha logrado reactivar con notable éxito, sumado esto a la mejora y ampliación del programa Procrear".
“El problema de la vivienda es uno de los más importantes que padecemos hoy. En Argentina hay un déficit habitacional de 3,5 millones de hogares que padecen diariamente 12 millones de personas. Faltan 1,5 millón de viviendas y 2 millones necesitan ser refaccionadas o tener mejor infraestructura. Compárense estas cifras que dimensionan el déficit con lo hecho en los últimos años: durante los años 2014 y 2015 se terminaron en todo el país, sumando Fonavi más programas federales, un total de 60.331 viviendas, a razón de un promedio de 30.165 por año”, expusieron los diputados.
“A ese ritmo, suponiendo que el déficit no aumentara por arte de magia, aún así harían falta 50 años para llegar a construir las viviendas que cubrieran dicho déficit. Obsérvese que el promedio del bienio 2014-2015 es inferior al registrado durante 2000 y 2001, en plena crisis, y cuando sólo se contaba con recursos del Fonavi: 32.493 viviendas terminadas por año”, compararon más adelante.
“Entre Ríos no fue una isla dentro de este panorama desolador. En efecto, a pesar de contar con los recursos adicionales de los programas federales, el promedio anual de viviendas terminadas en el período 2012-2015 sólo ascendió a 1.251 viviendas, muy poco por encima del período 2000- 2003, cuando no se contaba con los recursos de programas federales, en el que se llegó a un promedio de 1130 viviendas terminadas por año. Este promedio subió en el período siguiente (2004-2007), a 1.525, para descender nuevamente durante 2008 y 2011, a 1.051, incluso por debajo del período 2000-2003, en plena crisis antes y después del estallido de la convertibilidad", detallaron los legisladores.
"Frente a esta situación el gobierno nacional ha puesto en marcha una estrategia nacional de vivienda y hábitat, de la que el Plan Nacional de Vivienda forma parte, entendiendo que la vivienda digna es la base para el desarrollo de una familia y de las personas que la integran, y las políticas públicas de vivienda y hábitat deben ser un componente central de la lucha contra la pobreza. El Plan Nacional de Vivienda es integral, y requiere que las provincias, a través de los institutos provinciales de vivienda, los municipios, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, asuman, cada uno en la esfera de sus competencias y obligaciones, un nuevo rol activo para articular de la manera más eficiente posible los esfuerzos de todos en pos del bien común”, señalaron luego.
“En este sentido, resulta útil recordar que al 31 de diciembre de 2017 había un total de 5.407 viviendas sociales en ejecución en la provincia de Entre Ríos, correspondiendo de ese total 2.439 al IAPV, 1.275 a diversos consorcios, y 1.675 a municipios. Entre 2016 y 2017 el gobierno nacional transfirió a la provincia 2.847 millones de pesos destinados a la construcción de viviendas sociales, 1.943 millones del Plan Nacional de Vivienda y 904 millones del Fonavi”, indicaron.
“El IAPV recibió el 100 por ciento de esos recursos Fonavi y más del 68 por ciento de los fondos del PNV. El IAPV podría contar con más recursos destinados a la construcción de viviendas si mejorara su propia recaudación por recupero de las viviendas adjudicadas y si destinara tales recursos a obras, ya que actualmente se utilizan para financiar los gastos de funcionamiento del instituto. Adicionalmente, tal como proponemos en nuestro proyecto de ley, si se creara el fondo provincial de la vivienda, se podría disponer de mayores montos destinados a viviendas sociales”, añadieron.
“Entre Ríos tiene el 2 por ciento del déficit habitacional del país y sin embargo está previsto que reciba el 8 por ciento del total del presupuesto nacional disponible, lo que habla a las claras de que nuestra provincia no es discriminada, como tampoco es discriminado ningún municipio entrerriano, sino que reciben ayudas en función de sus necesidades, su capacidad de gestión para elaborar proyectos y su predisposición a desembolsar los aportes correspondientes a la contraparte”, expusieron luego.
Finalmente, expresaron: “Desde nuestro bloque seguiremos aportando ideas y proyectos para avanzar en el logro de condiciones que hagan posible una mejor política pública de vivienda y hábitat. El gobierno provincial debe hacerse cargo de sus propios déficits y no deslindar responsabilidades, articulando de manera responsable esfuerzos y acciones con el gobierno nacional, los municipios, y los propios beneficiarios, para que el derecho a la vivienda digna deje de ser sólo una expresión de deseos escrita en la constitución provincial y comience a ser efectivamente una realidad tangible para todos los entrerrianos".
