El ex ministro de Energía Juan José Aranguren y la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, fueron citados a declaración indagatoria en el marco de una causa en la que se intenta determinar si el extitular de Shell benefició a la petrolera durante su paso por la gestión pública y fue encubierto.

Durante los primeros meses de la gestión de Macri, fueron muchas las críticas contra Aranguren debido a que tenía unos $16 millones en acciones de la compañía petrolera Shell, empresa de la que fue CEO hasta diciembre de 2015, antes de asumir su cargo en el gobierno de Cambiemos. Para el exministro no existía incompatibilidad de funciones.

En septiembre de 2016, Aranguren decidió desprenderse de esas acciones. Para Alonso, esa decisión despejó "todo tipo de sospechas".

Además, la funcionaria había destacado la decisión del presidente Mauricio Macri, que a través del decreto 1006 aceptó que Aranguren no intervenga durante su gestión en todas las actuaciones que estén relacionadas con Shell. "El presidente reguló la situación", señaló Alonso.

La denuncia

Los diputados del Frente de Todos Rodolfo Tailhade y Martín Doñate fueron quienes presentaron la denuncia contra de Aranguren, por negociaciones incompatibles con la función pública, y contra Alonso, por encubrir la situación.

La demanda recayó en el Juzgado Federal N° 9, a cargo de Luis Rodríguez, quien dispuso que Aranguren y Alonso sean indagados el 20 y 21 de noviembre, respectivamente.

Doñate y Tailhade relataron que el 28 y 29 de marzo de 2016, resoluciones ministeriales publicadas en el Boletín Oficial autorizaron el aumento de tarifas en el PIST (Punto de Ingreso al Sistema de Transporte) a la empresa Shell, a la que por entonces estaba vinculado Aranguren.

También habían denunciado que por esa decisión se autorizó la "compra de gas a Chile en forma directa, y pagando tarifas mucho más caras de las que se venían pagando a Bolivia", lo que habría puesto "en situación de privilegio a la empresa Shell, que es dueña de BG, la mayor proveedora de gas al vecino país trasandino".

Los diputados dejaron constancia en su denuncia de que el 16 de marzo 2016 alertaron sobre la presunta "incompatibilidad de intereses para ejercer el cargo" a la Oficina Anticorrupción (OA) que dirige Laura Alonso, pero que no obtuvieron respuesta.

Consultados por La Nación, fuentes cercanas a la titular de la OA dijeron que aún no fueron notificados del llamado a indagatoria. "Esperaba que hicieran alguna operación en la previa al debate del domingo y las elecciones", dijeron.