(Publicado en La Nación)

El triunfo en las urnas del candidato del kirchnerismo, Alberto Fernández, abre una nueva etapa política en el país. Eso, si nos remitimos a dichos del propio Fernández en el sentido de que su presencia a cargo del Poder Ejecutivo, a partir del 10 de diciembre, será garantía de un profundo trabajo tendiente a sacar a la Argentina de su grave crisis socioeconómica y a reconciliar a sus ciudadanos en un proyecto que incluya a todos.

Que lo haga dependerá del valor que Fernández le asigne a cumplir sus promesas, pero también, de la libertad de acción que le permita el esquema de poder a cuya cima llega por decisión y cesión de su compañera de fórmula, Cristina Kirchner, próxima vicepresidenta de la Nación.

Esa convivencia interna entre sectores con intereses disímiles en el próximo gobierno será clave para saber si soplarán verdaderos vientos de recuperación y crecimiento o se impondrán las vetustas y destructivas ideas de un populismo que en el mundo no ha hecho más que oprimir, castigar y, ciertamente, involucionar.

Desde el primer minuto de hoy mismo, Fernández deberá preocuparse por brindar señales claras de su voluntad superadora de la indeseable grieta que su propio sector partidario ayudó a cavar de manera profunda y constante.

El hecho de que los mercados se hayan mostrado alterados desde las PASO y de que, aunque en menor medida, también se hayan comportado de manera zigzagueante durante la semana previa a estos últimos comicios está directamente vinculado con la falta de certezas sobre adónde quiere ir y cómo piensa lograrlo quien desde agosto se había consolidado como el candidato favorito a ganar en la primera vuelta.

Durante la campaña ha habido muchas declaraciones altisonantes pronunciadas desde casi todos los sectores políticos, mientras que escasearon las propuestas concretas.

Que Fernández haya tratado de calmar a los ahorristas diciendo que debían estar tranquilos porque con el kirchnerismo en el poder sus dineros no corren peligros puede ser interpretado de varias maneras. Una de ellas es que, según su visión, sí se hubiera corrido ese riesgo de haber ganado otro candidato. Otra es que el kirchnerismo ha cambiado, que no se apresta a reinventar cepos cambiarios, dibujar hacia la baja los índices estadísticos, someter a la Justicia, borrar la independencia de poderes, afectar seriamente la seguridad jurídica cambiando las reglas de juego, perseguir a opositores o atacar a los medios de prensa independientes.

"No hay ninguna forma de que me convenzan de reformar la Constitución nacional", había dicho el ahora presidente electo tras haberse conocido numerosas expresiones en sentido contrario por parte de dirigentes destacados de su sector político, como el exministro de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni y la titular de Justicia Legítima, Cristina Caamaño.

Además de ratificar esos dichos, deberá también demostrar que no suscribe las disparatadas propuestas de El Manifiesto Argentino, el nuevo grupo de intelectuales kirchneristas que pregona y reclama la virtual eliminación del Poder Judicial, desconocer la deuda externa y reformular el sistema parlamentario, entre otras consignas nefastas.

Alejar esos fantasmas no es una tarea que pueda esperar al 10 de diciembre. Tiene que empezar hoy mismo, y no solo apuntando a la platea interna, sino también al contexto internacional, en el que el gobierno de Mauricio Macri ha logrado reinsertar a la Argentina.

Un capítulo especial merece la lucha contra la corrupción. La Justicia ha avanzado fundada y firmemente en causas que tienen a muchos exfuncionarios kirchneristas como acusados de haber vaciado las arcas públicas en beneficio privado. No son presos políticos, como el propio Fernández ha dicho; son políticos que están presos, sospechados de haber cometido numerosos delitos de los que se cuenta con suficiente prueba.

La Cámara Federal porteña acaba de convalidar lo actuado por el juez Claudio Bonadio sobre la megacausa conocida como los cuadernos de las coimas. Cristina Kirchner es una de las principales sospechadas. La detención preventiva de la próxima vicepresidenta fue varias veces requerida por la Justicia, pero sus pares en el Senado evitaron quitarle los fueros, en una interpretación amañada e interesada de para qué sirve y cuáles son los límites de esa protección legislativa.

Claramente, el resultado de los comicios de ayer puede ser consecuencia de la mala situación económica, pero eso no quiere decir que la ciudadanía esté dispuesta a resignar otros aspectos, como la permanente búsqueda de transparencia pública, ni que esté dispuesta a garantizar impunidad por los escándalos de corrupción ampliamente conocidos.

Que durante los sucesivos actos de cierre de campaña de Mauricio Macri haya habido centenares de miles de personas marchando por numerosas ciudades de todo el país es un mensaje, avalado por el 40% en las urnas, que no puede ser desoído por el presidente entrante.

Fue un fuerte mensaje en favor de la institucionalidad, la transparencia y la libertad en su sentido más pleno. A tono con la ejemplar jornada cívica que ayer protagonizó toda la ciudadanía, en la que debe destacarse el relevante papel de quienes voluntariamente fiscalizaron la elección.

Llegar al recambio de autoridades en medio de un tembladeral es el peor de los escenarios posibles. Se espera que, desde hoy, los viejos contendientes trabajen de manera colaborativa, enfocándose en una transición ordenada, que se corone el 10 de diciembre con el traspaso de los atributos del mando. La convocatoria de Macri al presidente electo a desayunar hoy en la Casa Rosada es un paso positivo, revelador de una madurez política que no hemos podido ver en 2015 por acción de quien vuelve esta vez al poder, secundando a quien deberá conducir los destinos del país.