El gobierno convocó esta noche a sesiones extraordinarias para tratar un paquete de leyes que propone las emergencias económica, social y sanitaria, que será enviado al Congreso en los próximos días y que genera cautela en la oposición por la letra fina de las iniciativas.

Según confiaron fuentes oficiales, el decreto con la convocatoria terminó de redactarse a última hora mientras Alberto Fernández, Sergio Massa, Santiago Cafiero y el diputado Máximo Kirchner mantenían extensas reuniones en el primer piso de Casa Rosada.

El presidente de la Cámara Baja y el titular del bloque del Frente de Todos dejaron juntos la Casa de Gobierno pasadas las 21. A los cinco minutos lo hizo el Presidente, acompañado por su vocero, Juan Pablo Biondi, y Juan Manuel Olmos, jefe de Asesores de la Presidencia.

La convocatoria para sesionar se lanzó entre el 13 y el 31 de diciembre. Para tratar el proyecto de ley de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia económica, que engloba el resto de las iniciativas mencionadas. Y otras cuestiones protocolares de rigor, como la ausencia del jefe de Estado durante el próximo año por “razones de gobierno”.

Como publicó Infobae, Alberto Fernández ya había conversado el miércoles durante un largo rato con Massa, y habían acordado el llamado a sesiones extraordinarias con un temario bien definido para empezar a avanzar con las principales urgencias que el Presidente delineó en su discurso inaugural ante la Asamblea Legislativa, el martes pasado. Aún no está definido si el Poder Ejecutivo buscará que haya sesiones legislativas o no en enero, como había trascendido la semana pasada. Había cierto rechazo de los empleados del Congreso.

Pero fuentes parlamentarias subrayaron que podría haber sesiones en la segunda quincena de enero, en pleno verano. La última vez que el Congreso abrió sus puertas en enero fue en 2002, después de la crisis que terminó con la salida del poder de Fernando de la Rúa.

Según confiaron fuentes del Poder Ejecutivo y del Parlamento, el presidente de la Cámara Baja conversó ayer informalmente con los jefes de los interbloques de Diputados, a quienes les adelantó la convocatoria a sesiones para la semana próxima. Les habló de las emergencias social, económica y sanitaria. Sobre esta última abundó el ministro de Salud, Ginés González García, en la conferencia de prensa en la que presentó el nuevo protocolo del aborto no punible. “Necesitamos las pocas monedas que nos quedan para cubrir las prioridades”, dijo.

La bancada de Cambiemos todavía no terminó de cerrar filas en torno de la posición del interbloque.

La principal inquietud se centra en la emergencia económica, que faculta al Poder Ejecutivo a la reasignación de partidas sin control del Congreso y que desde el oficialismo se habían comprometido a no impulsar. La última vez que estuvo vigente fue a finales del segundo mandato de Cristina Kirchner.

La Coalición Cívica, en ese sentido, ya oficializó su posición en contra de la medida. “Es nuestra posición histórica en torno a las delegaciones especiales”, explicaron en el bloque. Lo que está vigente ahora es una facultad votada durante el gobierno de Mauricio Macri, que facultó al jefe de Gabinete a reasignar partidas con un tope del 5%.

Distinto es el caso de las emergencias sanitaria y social. En especial de esta última, que está vigente desde el 2016 y que vence a fines de enero.

El plan del Gobierno, de todos modos, es que los proyectos se lleguen a discutir en el recinto el miércoles o el jueves próximos. Que el lunes se acerquen a Diputados los ministros vinculados con los temas a tratar para encontrarse con los jefes de bloque. El martes, según confiaron, los proyectos se discutirían en comisión. Y el miércoles, o a más tardar el jueves, en el recinto para darle media sanción y pasar al Senado para convertirlos en ley.

En su primer día de trabajo formal al frente de la cartera de Salud, González García preparó la iniciativa de declaración de la emergencia sanitaria.

El texto, como anticipó Infobae, faculta al Ministerio de Salud a “restablecer el suministro de medicamentos e insumos en las instituciones públicas”, “garantizar el suministro de medicamentos para tratamientos ambulatorios a pacientes en condiciones de alta vulnerabilidad social” y “el acceso a medicamentos e insumos esenciales para la prevención y el tratamiento de enfermedades infecciosas”.

El proyecto facultará al Ministerio de Salud a la compra de medicamentos e insumos sin licitación previa. Está previsto también crear un comité nacional de crisis del sector de salud, que estaría integrado por los ministros de Salud de las provincias, quienes establecerían los criterios de uso racional y asignación de los medicamentos e insumos, y de evaluación y control durante la emergencia sanitaria, que serán distribuidos por el ministerio de acuerdo con los indicadores que determine el Consejo Federal de Salud.

El gobierno pretende que el ministro de Salud tenga protagonismo en medio de la crítica situación social.