Como ya estaba previsto que sucediera, el Gobierno nacional anunció este martes que pagará en cuotas el aguinaldo correspondiente al mes de junio de todos los empleados públicos dependientes del Poder Ejecutivo Nacional. La medida se hizo efectiva a partir de la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 547/2020.

Según explicaron las autoridades, esta decisión es consecuencia de “las restricciones fiscales imperantes” en la Argentina, las cuales fueron agravadas “por la pandemia″ del coronavirus.

El documento, firmado por el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y todos los ministros, establece una nueva modalidad para “el pago de la primera cuota del sueldo anual complementario” de este año para “la totalidad de los trabajadores dependientes del Sector Público Nacional, cualquiera sea el régimen aplicable a la relación de empleo”.

De esta manera, se confirmó que “dentro del plazo legal previsto”, el Gobierno entregará “por dicho concepto hasta la suma de $40.000 brutos”, mientras que el “excedente de dicho valor, se abonará en dos cuotas iguales y consecutivas junto con las remuneraciones correspondientes a los meses de julio y agosto de 2020″.

No obstante, si el valor de estos últimos pagos “resulta inferior a mil pesos, deberá ajustarse el número de cuotas hasta alcanzar un valor próximo a esa suma”.

Por otra parte, en el Decreto se aclaró que esta norma alcanza a todos los empleados estatales, “incluyendo también al Sector Público Nacional Financiero, Bancario y No Bancario”.

Entre los considerandos, el Poder Ejecutivo señaló que “la evolución y dinámica de la pandemia han tenido un alto impacto en el funcionamiento de la economía y la sociedad”.

En este sentido, las autoridades remarcaron que “en atención a las restricciones fiscales imperantes” en el país y a “su agravamiento” por el la crisis sanitaria que causó el coronavirus, “se estima necesario establecer una modalidad de pago de la primera mitad del sueldo anual complementario” para el personal, con el objetivo de mitigar “su efecto financiero en el Tesoro Nacional”.

De esta manera, y tal como había adelantado Infobae días atrás, los trabajadores del sector público nacional cuyo aguinaldo sea de hasta 40.000 pesos brutos cobrarán el 100 % del aguinaldo, pero quienes deban recibir uno superior tendrán esa misma cifra en los tiempos legales y el resto lo percibirán fraccionado en cuotas. La cantidad de pagos dependerá de cuánto sea ese excedente.

Según los cálculos oficiales, del total de los agentes de la administración pública nacional (APN), el 63% percibirá el aguinaldo completo en julio (cerca de 270.000 empleados). En las empresas públicas o de propiedad mixta, ese mismo porcentaje alcanza al 38 por ciento.

Sólo un 11% de los agentes de la administración pública nacional percibirán menos de un 60% del aguinaldo al contado, aseguró el Gobierno, que destacó que este conjunto de trabajadoras y trabajadores percibe remuneraciones brutas superiores a los 140.000 pesos.

Esta medida afecta también a los empleados del Banco Central, el Banco Nación, la AFIP, el PAMI, el INCAA, la Unidad Especial de Transmisión Yacyretá, la Comisión Nacional Antidopaje y el Instituto Nacional de la Música (INAMU), entre otros.

Esta decisión había molestado a la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), que la semana pasada rechazó la medida del Gobierno, la consideró “una muy mala señal en un escenario tan complejo” y pidió que se deje sin efecto.

“Los trabajadores y las trabajadoras estatales mantienen en pie la administración pública nacional y respaldan las políticas del Gobierno en uno de los momentos más graves de la historia argentina”, destacó el sindicato en un comunicado de prensa.rgidos de un informe oficial basado en el concurso de acreedores y en información que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, presentó ante consultas de senadores la semana pasada, sin embargo, no dicen nada respecto del patrimonio de la empresa ni a si su capacidad de pago está afectada por una situación de insolvencia o de iliquidez.

Cafiero se presentó la semana pasada ante senadores y, como es habitual, respondió por escrito a preguntas de los legisladores que -entre otros puntos- le consultaron por Vicentin.

Según detalló el funcionario en el escrito de su último informe de acreedores, al 10 de febrero la empresa le debía $99.345.263.086,50 a 2.638 acreedores distintos. Dentro de ello, detalla que el Banco Nación, principal acreedor individual, tiene acreencias por $18.182.297.617. La deuda total informada por Vicentin está compuesta por acreedores bancarios locales, extranjeros y también por acreencias comerciales predominantemente locales.

La pregunta de los legisladores, que giraba en torno a qué medidas había tomado el banco público más grande del país para cobrarse la deuda de la empresa agroindustrial, logró como única respuesta al respecto que en diciembre del año pasado el Nación logró ejecutar una garantía por $412.183.062.

Con mucho más detalle que el de Cafiero trabajó Claudio Lozano, director del Banco Nación designado tras la llegada al gobierno de Alberto Fernández. En un informe, el tercero sobre el tema Vicentin (el ex legislador fue uno de las principales voces que pedían por la estatización de la empresa), detalló que entre los acreedores se destacan 37 entidades financieras que concentran el monto mayoritario de la deuda ($63.962 millones); y por otro, se ubican 1.895 productores que tienen acreencias por $25.657 millones millones de pesos, como el grupo más numeroso.

En medio de esos dos extremos, mientras tanto, se cuentan también sociedades relacionadas con la propia empresa como Diferol y Vicentin Paraguay, dos empresas controladas, y Renova, una empresa vinculada, combinan entre todas esas acreencias por $5.428 millones.

Proveedores de la firma firma -586 empresas proveedoras de la firma de tecnología, materiales, asesoramiento, logística, equipos y servicios (energía eléctrica, comunicaciones, etc.)- suman en total $2.292 millones en acreencias. En la lista también se anotan instituciones impositivas, con deudas por $1.655 millones y los propios accionistas de la empresa por $351 millones.

Lozano hace especial hincapié en las deudas de Vicentin con empresas relacionadas y sus propios accionistas, algo habitual en grupos empresarios compuestos por varias firmas, pero que revelan un cambio de foco importante en la mirada oficial sobre la caída en cesación de pagos de la empresa, antes enfocada más que nada en la asistencia del Banco Nación que por su volumen fue motivo de críticas.

“Se trata de acreedores que forman parte del mismo conglomerado que está en concurso preventivo. No es una masa menor en el total de deuda, son $5.428 millones que representan el 5,5% del total de la deuda bajo concurso. Del mismo modo, y como dato también notable es que aparecen 98 acreedores que son accionistas de la empresa”, señala Lozano. “Es decir, que los dueños de Vicentin, le reclaman deudas a su propia empresa. Casi digno de un cuento de García Márquez”, comenta.