Desde los primeros días de noviembre el Ministerio Público Fiscal tiene el escrito presentado por la representación legal de la familia de Gusmán, a cargo de José Iparraguirre y Tejera, en el que solicitan que se proceda a dejar sin efecto el archivo de la causa que dispuso el fiscal interino Juan Francisco Ramírez Montrull y se requiera la declaración indagatoria de los uniformados Diego Íbalo y Rodrígo Molina.

Ambos policías participaron del operativo en el Barrio Capibá el 25 de septiembre en horas del mediodía. Del arma de alguno de ellos partió el disparo que impactó en la nuca del joven Gabriel Gusmán y acabó con su vida.

Debido al silencio de la Fiscalía, Iparraguirre y Tejera están planificando poner en práctica un mecanismo que está previsto en el Código Procesal Penal de Entre Ríos pero que nunca se ha utilizado. Si el Procurador García, en cuyas manos está el escrito de la querella, no ha respondido el planteo para desarchivar la causa al finalizar la feria judicial “seguiremos con la acusación privada sin el acompañamiento del MPF”, adelantó Tejera en declaraciones a Apf Digital.

Este resorte legal está previsto en el artículo 400 del Código que reza: “La querella, si la hubiere, podrá oponerse al sobreseimiento o al archivo de las actuaciones desde la apertura de causa, solicitando la continuación de la investigación en soledad o formulando directamente acusación. El Juez de Garantías fijará una audiencia y, luego de escuchar a las partes, resolverá”.

La letrada consignó que este apartado del Código nunca se ha puesto en práctica en la provincia. “Sería la primera vez, pero en otras jurisdicciones son muchos los antecedentes”, mencionó.

Este “caso testigo” permitiría, de concretarse, abrir una brecha en el monopolio de la acusación que hoy por hoy está en cabeza de García y habilitaría a quienes son víctimas de delitos avanzar en causas que no son de interés del Procurador.