La docente la Escuela Rural Nº 66 “Bartolito Mitre”, de  Costa Uruguay Sur (Departamento Gualeguaychú), Estela Lemes, se refirió al importante fallo judicial que condenó al Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER) a cubrir el tratamiento de salud por los problemas que le causaron las fumigaciones con agrotóxicos.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Lemes admitió: “Todavía me cuesta creer porque este fallo sienta un precedente y además porque demuestra que tenía razón. Yo pensaba que pelear contra los poderosos me iba a dejar en el camino, y sin embargo fallaron a mi favor”.

Recordó que debe someterse “a un tratamiento de por vida, pero que el año pasado en pandemia hubo que suspender porque no se podía viajar y este año se está haciendo algo en Gualeguaychú pero es necesario retomar las internaciones y el tratamiento completo, que muchas veces me costó hacerlo porque debía solventar todos los gastos”.

Sobre el costo del mismo, mencionó que “la última vez, en 2019, una de las internaciones costó 30.000 pesos que es mucho dinero porque el IOSPER cubre el 70% del tratamiento dentro del Instituto y el otro 30% lo pago yo pero además hay que pagar estadía, comida, y todo lo demás en el lugar que es un hospital de día ubicado en Galarza”.

“Esto alivia un poco la situación, primero por el hecho de poder hacer mi tratamiento y mejorar mi calidad de vida y que se haga cargo la ART porque me expuse a los agrotóxicos en mi horario de trabajo y en el lugar de trabajo, y si bien no es una enfermedad que esté en la cartilla de riesgo de trabajo, ahora la tendrán que añadir. Pero más allá de eso que es muy importante, también está lo otro: que sienta un precedente, que le dice a la población que los agrotóxicos enferman y matan, que el glifosato no es agua bendita sino que son insecticidas y herbicidas que dañan la salud”, reflexionó la docente.  

Por otra parte, comentó que “los campos linderos a la escuela hace tres o cuatro años que están dedicados a la ganadería, creo que les asustó un poco el tema judicial o no les redituó tanto la soja como creían; pero desde otros campos cercanos a la escuela llegaron con su receta para decirme que van a fumigar fuera del horario de clases, pero los niños después de las clases vuelven a sus casas que también son en el campo y si la deriva está para el lado del caserío y la escuela voy a volver a denunciar”.

“Quieren que los directores controlemos la receta agronómica, pero a eso no debo controlarlo yo, por eso yo no firmé nada y me opuse porque no es trabajo que deba hacer yo, controlar si se cumplen las normas. Eso debe hacerlo el dueño del campo y la policía de última, pero no los directores de las escuelas”, cuestionó. Y advirtió: “Si bien los campos que están fumigando están a cuatro o cinco kilómetros, si la deriva lleva el veneno a la escuela voy a volver a hacer la denuncia”.

En este contexto, Lemes reiteró: “Lo que pedimos es que se legisle a favor de la gente que vive en el campo, están legislando ahora para una ley de agroquímicos que tenga en cuenta no solo las distancias sino todo lo demás, porque si alguien fumiga a la distancia permitida pero la deriva llega, estamos envenenando a la gurisada igual. Pedimos que piensen un poco y que no tengamos más gurises en escuelas fumigadas”.

Respecto de las posiciones de un sector de la producción que minimiza la problemática, recordó que “chocamos desde siempre con eso, que nos decían que el glifosato no era veneno, que cuestionaban porqué la escuela estaba en medio del campo y que vayamos a trabajar a la ciudad; hubo quienes decían que era mentira mi enfermedad. A toda esa gente que nos amedrentó y quiso asustarnos en su momento les muestro el fallo que dice que estos productos son nocivos para la salud”.

“Más allá de que como directores de escuela estemos expuestos, el productor debe tomar conciencia que tiene gente y niños viviendo en sus campos, que tiene aplicadores, peones que manipulan estos venenos, y que tengan en cuenta que es perjudicial para la salud. La batalla ganada es decir: los agroquímicos enferman y matan y con esa bandera seguir”, concluyó.  

La Justicia ordenó al IAPSER a cubrir los servicios médicos de una maestra fumigada