Los legisladores de Juntos por el Cambio analizaron el contenido del fallo del Superior Tribunal de Justicia ante la acción de amparo por acceso a la información pública. La postura del máximo órgano del Poder Judicial se conoció luego que los diputados requirieran conocer la nómina de funcionarios provinciales vacunados contra el Covid-19 por ser considerados “estratégicos”.

 “Es un fallo muy importante para la salud republicana de la provincia porque el Superior Tribunal le remarca al Poder Ejecutivo que no ha sido transparente con este tema y que hacer propaganda de su gobierno no equivale a ser transparente y tener una adecuada publicidad de sus actos de gobierno”, valoraron los legisladores de Juntos por el Cambio.

Desde el Interbloque manifestaron que “la sentencia no hace más que confirmar lo que veníamos sosteniendo, la ministra de Salud se equivocaba cuando ante la interpelación realizada por estos Diputados, se negaba a brindar información sobre los vacunados vips por considerarla una información confidencial”. “Los jueces confirman en el fallo que el pedido de acceso a la información por nosotros presentado hace referencia a un asunto de interés público que podría revelar un uso inadecuado de los fondos del Estado y que, por lo tanto, negar esos datos constituye un acto que atenta contra los principios de una sociedad democrática”.

En su pronunciamiento, el Superior ratificó además lo sostenido por el juez que en primera instancia hizo lugar a la acción de amparo considerando que  “tomar conocimiento respecto de las personas que se habrían vacunado (conforme las prioridades establecidas en el plan de vacunación por la autoridad) hace al interés público pues podría revelar un uso arbitrario o irracional de los recursos estatales, en detrimentos de aquellos quienes más lo necesitan, afectando un asunto de salud pública”.

Seguidamente cuestionaron la especulación por parte del gobernador para dar a conocer la nómina de los funcionarios vacunados. “La transparencia es sólo un discurso para el gobierno de turno porque de no haber mediado judicialización del pedido de información, no se habrían brindado los datos solicitados y aún así, la nómina informada resulta incompleta ya que ni siquiera fueron incorporados algunos funcionarios que públicamente reconocieron haber recibido la vacuna sin estar dentro de los grupos de riesgo. Esto habla de la falta de ética y transparencia en la gestión de asuntos tan sensibles como éste”, acusaron.

“El gobernador y sus ministros deben entender que todas las instituciones públicas deben estar comprometidas a respetar y garantizar el acceso a la información pública a todas las personas y en el marco de este compromiso debe actuar con rapidez y proveer los datos solicitados de manera completa. La transparencia se construye con acciones y no con discurso como lo hace el gobernador”, concluyeron.