El Tribunal Oral Federal Número 8 (TOF 8) aceptó a la asociación “Llamamiento Judío Argentino” como Amicus Curiae en la causa del Memorándum de entendimiento con Irán, en la que se investiga a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros exfuncionarios por encubrimiento del ataque terrorista que sufrió la sede de la AMIA en julio de 1994.

De esta forma, el Tribunal, integrado por los magistrados María Gabriela López, Daniel Horacio Obligadro y José Antonio Michilini, aceptaron la presentación efectuada por Marcelo Horestein y Pablo Gorodneff, en su calidad de presidente y secretario de esta asociación para formar parte de esta causa en la cual la AMIA actúa como querellante.

El Llamamiento Judío Argentino es una entidad que desconoce la representación que ejerce la DAIA-AMIA de la comunidad hebrea del país, y en función de esta decisión, podrá proporcionar argumentos y opiniones por terceros ajenos al proceso ante un tribunal, como una herramienta disponible al juzgador para colaborar en la tarea de clarificar la investigación.

“En virtud de que los nombrados han fundamentado su interés legítimo para participar en este incidente, en nombre y representación de una asociación civil sin fines de lucro, cuyo estatuto constitutivo expresa, en su art. 3 que su objeto social está conformado por “bregar por la vigencia de los DDHH universales, la paz, la libertad, la democracia, y la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia”, señaló el TOF 8 en una resolución a la que tuvo acceso Télam.

Para los jueces, en los fundamentos de su constitución como asociación, el “Llamamiento” está movido a “continuar la indeclinable lucha contra toda forma de fascismo, racismo, y específicamente el antisemitismo, como contra cualquier otra forma de discriminación y xenofobia”.

En ese sentido, la resolución indica que “tanto el resultado del presente proceso de naturaleza penal no les representará beneficio patrimonial directo ni indirecto, y siendo además que en la presente causa se ventilan, estrechamente vinculados al objeto procesal, asuntos de trascendencia colectiva e interés general”.

Al incorporar a integrantes de esta asociación, los jueces entienden que actúan en concordancia con el reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y acordadas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, referidos a “resguardar el amplio debate como garantía esencial del sistema republicano democrático y de enriquecer la discusión en cuestiones institucionalmente relevantes con argumentos fundados de carácter jurídico, técnico o científico”.

“Toda vez que el estatuto constitutivo de la asociación civil sin fines de lucro “Llamamiento Argentino Judío” se ajusta a las disposiciones de las Acordadas CSJN nro. 28/04 y nro. 07/13, habremos de tenerlos por presentados en calidad de 'Amigo del Tribunal'”, remarcó el fallo.

Audiencias por la nulidad de la causa

El TOF 8 lleva a cabo audiencias para determinar la nulidad de la causa, elevada a juicio oral y público, en la que se investiga a Cristina Fernández de Kirchner y otros funcionarios, en virtud de recursos que fueron presentados por las defensas.

La causa se inició tras una denuncia presentada en enero de 2015 por el fallecido fiscal Alberto Nisman, quien sostuvo que la firma del Memorándum con Irán fue una maniobra para encubrir la participación de funcionarios de la República Islámica acusados de haber participado en la autoría intelectual del ataque a la AMIA, publicó la agencia de noticias Télam.

La denuncia resultó desestimada por el juez federal Daniel Rafecas por inexistencia de delito, y reabierta en diciembre de 2016, por un fallo de Casación que firmaron los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, que en reiteradas ocasiones visitaron al entonces presidente Mauricio Macri, quien festejó públicamente esa decisión.

El miércoles pasado, el TOF 8 escuchó al fiscal Marcelo Colombo, quien pidió que prepara el juicio por la firma del Memorándum con Irán por el atentado a la AMIA que rechace un planteo de nulidad de las defensas.

No obstante, Colombo consideró “acreditadas” estas visitas a la quinta de Olivos y advirtió sobre su “gravedad” pero remarcó que no hay prueba de su directa relación con la reapertura del caso el 29 de diciembre de 2016, por parte de la sala I de la Cámara Federal de Casación, que integraban Borinsky, Hornos y la jueza Ana María Figueroa.

Al término de la exposición fiscal, la defensa de la vicepresidenta a cargo del abogado Carlos Beraldi, pidió derecho a responder para “demostrar que el fiscal se ha equivocado”.

“Advierto una notable, preocupante confusión entre lo que es un problema de imparcialidad y lo que significa un problema de falta de independencia de los que han actuado en el proceso, tomando decisiones dirimentes para que esta causa esté en juicio”, sostuvo Beraldi.