Por Alejandro Bercovich (*)

La admisión de Gabriel Rubinstein no pudo haber sido más certera. Marginado del círculo inmediato en el que se apoyó Sergio Massa para sus primeras decisiones y refugiado hasta ahora en el silencio público al que lo forzó su propia verborragia previa, el único macroeconomista del Palacio de Hacienda desplegó en menos de un minuto un diagnóstico preciso del problema que sintetiza todos los conflictos de esta semana: la pulverización de los ingresos de los ocupados, asalariados o no. Lo hizo en el Congreso, al defender el proyecto de Presupuesto 2023, cuando advirtió que “los márgenes brutos empresarios están adelantados a nivel macro”, algo que vienen gritando los balances públicos de las empresas que cotizan en bolsa sin que nadie en el Gobierno les preste demasiada atención.

La lectura superficial de los portales y canales de noticias apenas atinó a contrastar sus palabras con la primera amonestación pública de Cristina Kirchner a Massa, que en rigor se produjo un par de horas después. Pero en su jerga técnica, como hasta ahora no lo había hecho ningún kirchnerista, el exconsultor enhebró los porqués de la escalada del conflicto en las fábricas de neumáticos, el repunte de la pobreza en el segundo trimestre, el nuevo acampe piquetero sobre la 9 de Julio y las tomas de escuelas contra el ajuste presupuestario. Todas situaciones que prometen repetirse y agravarse en los próximos meses, de la mano del ajuste comprometido ante el Fondo Monetario y plasmado en el proyecto de Presupuesto que ahora defenderán -aun a desgano- los diputados y senadores oficialistas.

Lo curioso fue que la teoría del viceministro chocase tan de frente con la práctica de su jefe, quien pocas horas antes había amenazado con abrir las importaciones de neumáticos en caso de el sindicato no aceptara la recomposición salarial que consideró insuficiente en 35 audiencias de conciliación desde que la paritaria se abrió cinco meses atrás. Para Rubinstein, “hay que buscar la manera de ser eficientes y que esos márgenes empresariales vuelvan a lo que eran un par de años atrás, o 4 o 5, porque se han desfasado”. Eso solo puede lograrse si los sueldos recuperan algo de lo perdido en esos años frente a la inflación, precisamente lo que reclama el SUTNA. Doblegar ese reclamo puede servirles políticamente a la CGT, a Massa o incluso a Cristina, pero es lo contrario a lo que hace falta para alcanzar el objetivo que planteó Rubinstein.

El caso de Pirelli, Fate y Bridgestone es ilustrativo. Entre 2015 y 2022, el precio mayorista de los neumáticos se multiplicó por 25 mientras los precios mayoristas se multiplicaron en promedio por 13. Los sueldos del sector, en el mismo lapso, se incrementaron 8 veces. Según cálculos del economista Claudio Lozano (IDEP-CTA), eso implicó un incremento del 223% del excedente empresarial en el sector.

Fate no publica sus balances pero sí lo hace su hermana gemela, Aluar, la fábrica de aluminio controlada por el mismo Javier Madanes Quintanilla. Sus ganancias representaron un 2,8% de sus ventas en 2019 y la pandemia la forzó a registrar pérdidas en 2020 por el equivalente al 3,4% de su facturación. En 2021 no solo recuperó todo lo perdido sino que embolsó utilidades por un 17,5% de lo que facturó, una proporción que no había alcanzado nunca en su historia. Fue el año de los “cuatro vivos” sobre el que advirtió públicamente la vicepresidenta antes que comenzara.

En las grandes usinas de alimentos la dinámica es similar, con el agravante de que cada punto de margen que conquista el capital empuja a miles de familias debajo de la línea de indigencia. Arcor no superó el 3,3% de margen bruto sobre ventas en ningún año del gobierno de Mauricio Macri, e incluso anotó en 2018 el segundo resultado en rojo desde su fundación en 1951. El anterior había sido en 2002. Con la inflación de alimentos del bienio 2020-2021, su rentabilidad se disparó: el año pasado fue del 15,7% y en lo que va de 2022 superó el 20%, siempre según sus balances. Su competidora Molinos Río de la Plata, que perdió plata en 2017, 2018 y 2019, volvió a los márgenes positivos en 2020 con un 4% sobre sus ventas y pasó al 4,5% en 2021 y a más del 10% en lo que va de 2022.

Los autos locos

La carrera precios-salarios, en realidad, es el velo que esconde la puja entre los sueldos y las ganancias empresariales. Con un poder relativo muy diferente, compañías y sindicatos tratan de ganarle a una inflación que, en paralelo, no para de subir. Es algo que ocurre este año en todo el planeta pero que en Argentina se monta sobre un ajuste salarial también inédito en la historia, con la única excepción de la última dictadura.

¿Por qué caen los sueldos en el mundo y por qué van a seguir cayendo? Lo explicó el premio Nobel de Economia Paul Krugman el fin de semana pasado en The New York Times: la suba de las tasas de interés en Estados Unidos y Europa (la más empinada en 40 años) está frenando en seco la actividad sin tocarle un pelo a la inflación, que no nace de una demanda recalentada sino del costo de la energía que disparó la guerra y del desacople entre oferta y demanda que dejó como herencia la pandemia. La obstinación de los bancos centrales en atacar al virus con un remedio inútil beneficia desproporcionadamente al capital frente al trabajo. Es la estanflación que aterroriza al norte global.

En Argentina eso se potencia por el vuelo a la calidad (salida de capitales) que genera ese subidón, por los seis años seguidos que lleva el salario real en el tobogán y por el ajuste fiscal al que se vio forzado el Gobierno después de repartir también de modo muy regresivo las reservas que pudo haber acumulado al calor de los precios récord de las commodities. El recorte de gastos de los últimos dos meses, elogiado por la oposición macrista en la virtual interpelación a la que se sometieron Massa y sus escuderos en el Congreso, augura un frenazo de la actividad que ya empezó a insinuarse en los primeros datos macro de agosto.

Lo novedoso del informe sobre pobreza de esta semana, por eso, ya no es que existan trabajadores pobres pese a tener empleos formales full-time, sino que eso se prolongue y agrave con el tiempo. Es un quiebre incluso respecto de la historia de las últimas grandes crisis. La hiperinflación de Alfonsín disparó la pobreza a niveles inéditos pero desde 1991 cayó sostenidamente, aun sin volver nunca al piso previo. El crac de la convertibilidad volvió a llevarla arriba del 50% y el kirchnerismo logró bajarla, sin perforar tampoco el escalón anterior. Ahora, como un amortiguador desvencijado, la creación de empleo dejó de reducir la pobreza. Entre 2017 y 2022, la desocupación bajó del 9% al 6,9%. Y sin embargo, la proporción de pobres saltó del 28,5% al 36,5% y la de indigentes del 6,2 al 8,8%.

Facturas

El Presupuesto promete acentuar esas tendencias sociales explosivas, con consecuencias políticas todavía imprevisibles. No es una contradicción que pueda achacársele a Rubinstein, que casi no tuvo injerencia en su redacción. El cierre de las cuentas estuvo a cargo casi exclusivamente del secretario de Hacienda, Raúl Rigo, con la supervisión palmo a palmo del staff del FMI. Tampoco es algo excepcional: según un informe publicado el miércoles de la Red Europea de Deuda y Desarrollo (Eurodad), la población de 143 países sufrirá las consecuencias de políticas de ajuste y austeridad en 2023. Entre ellos hay 94 países en desarrollo.

Rubinstein no dispone siquiera de una estructura para intervenir. Una de las dos subsecretarías que funcionaban bajo la órbita de la Secretaría de Política Económica fue absorbida por Jorge “el muerto” Neme, como apodaron por sus modales parcos en el Palacio de Hacienda al hombre de Juan Manzur. La otra está vacante. Su jefe de gabinete en la Secretaría, el misionero Germán Plessen, también prefiere el perfil bajo.

La certeza del ajuste, no obstante, empieza a catalizar decisiones previstas para más adelante. El ministro Juan Zabaleta, por ejemplo, les hizo saber a los movimientos sociales que se volvía a Hurlingham. Los rumores circulan desde abril y más de una vez generaron sobresaltos en el propio equipo del ministro, que mantiene igual que él un ojo en el territorio que disputan cuadra a cuadra con el camporista Damián Selci. Si había fondos, quizás le convenía quedarse un tiempo más. Pero las planillas del proyecto de Rigo lo convencieron de poner pies en polvorosa.

Massa ganó tiempo con el “dólar soja” pero la inflación no cede. Y con el fin del tipo de cambio promocional de $200 para los exportadores de soja aparecieron dos preguntas. Primero, qué hacer con los pesos que debió imprimir el Central para pagar esa promesa y que solo pudo reabsorber precariamente. Segundo, cómo seguir. Porque muchos dueños de explotaciones sojeras son los mismos que hacen maíz y trigo, y beneficiarlos otra vez agravaría el cuadro distributivo regresivo en el que Rubinstein identificó correctamente la raíz de la problemática inflacionaria.

La incógnita es más perentoria de lo que parece. ¿Por qué esos productores liquidarían la cosecha de trigo en diciembre si no les dan $200 por dólar? Ahora, además de estar sentados sobre divisas que necesita como agua el Banco Central, están repletos de pesos. No tienen el acicate necesitar pesos para sembrar.

¿Y Cristina? Su prosa es siempre lo suficientemente ambigua como para que cada tweet admita múltiples destinatarios. Algunos quisieron leer en su reclamo de un paliativo contra la indigencia una tarjeta amarilla para Massa, pensando ya en las PASO 2023. Otros entrevieron un guiño por izquierda a Patria Grande, el frente de Juan Grabois que estuvo a punto de abandonar el Frente de Todos y se quedó a cambio de una promesa todavía vaporosa. También fue un dardo para Matías Tombolini, el cuarto secretario de Comercio de un gobierno que solo cosechó fracasos en la política antiinflacionaria. Quizá fue todo eso a la vez. O simplemente un grito de impotencia frente a una deriva que se sale de cauce.

(*) Periodista y economista, publicado en Bae Negocios.