La Cámara de Casación analiza dejar firme el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa por el pacto con Irán, que el fiscal Alberto Nisman denunció como ilegal antes de aparecer muerto en su departamento, en enero de 2015.

Los jueces que debe resolver son Diego Barroetaveña, Ana María Figueroa y Daniel Petrone, que este martes realizaron una audiencia donde las querellas reclamaron revocar el sobreseimiento y hacer el juicio de inmediato, mientras que las defensas pidieron dejar firme el cierre del caso.

Aunque aún se desconoce cuál será el veredicto que los jueces dictarán sobre el final de año, fuentes cercanas a las defensas e incluso otras ligadas a las querellas aseguraron a La Nación que tienen la certeza de que el sobreseimiento quedaría firme. Ante este escenario, los abogados Tomás Farini Duggan y Juan José Ávila, que representan a Luis Czyzewski y Mario Averbuch, familiares de víctimas de la AMIA, abrieron el paraguas. “Si esta fuera una causa común, donde no hubiera intereses políticos, no existe ninguna posibilidad de que se confirme el sobreseimiento de los imputados. El juicio debería hacerse, es una deuda que tiene la Justicia con los familiares de las víctimas de la AMIA. Mis mandantes lo único que siempre quisieron es llegar al juicio oral. No somos dueños de la verdad, no sabemos cómo puede resultar un juicio oral, pero sí queremos que se haga”, dijo Farini Duggan.

Los abogados defensores están convencidos de que el tribunal va a fallar rechazando el recurso de los querellantes y va a dejar firme el sobreseimiento. Se basan en la idea de que durante la última etapa de la causa, cuando estaba en el tribunal oral, surgieron nuevas pruebas que no habían sido consideradas en la etapa de instrucción.

Entre esas evidencias señalaron un informe de Interpol Francia que indica que la firma del pacto con Irán no implicaba el levantamiento de las órdenes de captura contra los iraníes sospechosos de planificar el atentado y aclaraba que solo podía revocar esas circulares rojas el juez de la causa.

Los defensores entienden que este solo argumento basta para señalar que la prueba nueva introducida en el caso habilita a que el tribunal oral la analice en consonancia con el resto de las evidencias y decida que no había pruebas suficientes para realizar el juicio oral.

El Tribunal Oral Federal N°8, integrado por los jueces María Gabriela López Iñiguez, Daniel Obligado y José Antonio Michilini, entendió que no se debía realizar el juicio no solo por estas razones, sino porque analizaron que la firma del acuerdo internacional entre la Argentina e Irán, refrendado por el Congreso, era una decisión de política exterior ajena a las decisiones judiciales.

La misma interpretación tuvo el fiscal ante la Cámara de Casación Javier de Luca: entendió que no hay delito en la firma del Memorándum y por eso no sostuvo la apelación que hizo su colega de juicio, Marcelo Colombo.

No obstante, entre los querellantes prima la idea de que el último dictamen del procurador Eduardo Casal en el caso “dólar futuro” contra Cristina Kirchner, en el que se pronunció por reabrirlo para que se pueda realizar el juicio, puede aportar argumentos al tribunal.

En ese dictamen, Casal dijo que el tribunal había cerrado el caso privilegiando una prueba nueva obtenida en la instrucción suplementaria y no la había analizado en conjunto con el resto de la evidencia. Esa prueba nueva era un peritaje contable oficial que señalaba que no había perjuicio para el Estado.

Casal entendió que esa sola prueba, analizada de manera desconectada del resto de los testimonios que hablan de una maniobra supuestamente fraudulenta, determinó un análisis arbitrario y por eso dictaminó en favor de que se reabra el caso y se haga el juicio oral. Ahora debe decidirlo la Corte. Las defensas rechazan esta interpretación porque señalan que en el caso del pacto con Irán se analizó la prueba de manera integral.

Más allá de los paralelismos entre los dos casos, los jueces de la Casación aún deben realizar una nueva audiencia antes de resolver. La citaron para el 24 de noviembre y a partir de ese momento tendrán 20 días hábiles para dar a conocer el veredicto. Estos mismos jueces analizan en paralelo el caso Hotesur y Los Sauces, donde Cristina Kirchner está acusada, con sus hijos Máximo y Florencia, por lavado de dinero.

Una especulación que surge de los pasillos de los tribunales es que si en el caso del pacto con Irán los jueces dejan firme el sobreseimiento, no sucedería lo mismo en la causa Hotesur, donde el sobreseimiento dictado sin juicio por el tribunal oral dejó flancos muy débiles.

Lo expuso este jueves el fiscal ante la Casación Mario Villar, que destacó lo arbitraria de la sentencia de los jueces Daniel Obligado y Adrián Grünberg, que entendieron que la prueba nueva que los habilitó a sobreseer sin juicio era el auto de elevación a juicio del caso, que es la foja 1 del expediente. Villar recordó que pretende lo mismo que los familiares de las víctimas de la AMIA en la causa del pacto con Irán: no una condena, pero al menos un juicio.

En el caso del Memorándum con Irán, como el fiscal desistió de acusar, la única acusación que queda en pie es la de los familiares de víctima de la AMIA y la de la DAIA, que es el brazo político de la comunidad judía en la Argentina.

Por eso es que si los jueces de la Casación deciden dejar firme el sobreseimiento de Cristina Kirchner en esta causa, el único camino posible para revertir esta decisión es que los querellantes (familiares de víctimas y la DAIA) logren llegar con su caso ante la Corte Suprema de Justicia para que lo revise.

Los exfuncionarios y dirigentes que fueron sobreseídos junto a Cristina Kirchner son Eduardo Zuain, Carlos Zannini, Oscar Parrilli, Angelina Abbona, Juan Martín Mena, Andrés Larroque, Luis D’Elía, Fernando Esteche, Jorge Khalil y Allan Bogado.