El 11 de marzo, cuando el narcotráfico era la principal noticia de todos los medios de comunicación, la Revista Noticias publicó en tapa la nota “Fiscales en Peligro”. Allí se contaba la historia de cuatro funcionarios judiciales que investigan y acusan a las bandas más peligrosas y violentas del país. Y, sin embargo, tres meses después, vuelven a ser protagonistas, pero por un hecho indignante: la auditoría del Ministerio Público Fiscal les abrió un sumario por haber hablado.

Las declaraciones vertidas en aquel artículo no obstaculizan ninguna investigación en curso, apenas se ocupan de describir el clima en el que los fiscales deben trabajar. Aun así, decidieron poner en el banquillo de los acusados a Pablo Socca y Valeria Haurigot.

El inicio del sumario se realizó apenas aquella edición de Noticias salió a la calle. El jefe de prensa de la Fiscalía Regional de Rosario, Sebastián Carranza, pidió que se los investigara por las manifestaciones realizadas. Alegaba que el redactor de la nota se había contactado con él y, ante su negativa, había hablado directamente con los funcionarios judiciales, lo cual es una práctica habitual del periodismo.

La fiscal regional María Eugenia Iribarren dio curso al sumario y lo remitió a la Auditoría General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Allí se decidió la sanción de los dos fiscales nombrados. En el caso de Matías Edery y Franco Carbone, no tuvieron reproche porque se consideró que sus manifestaciones fueron previas al pedido de silencio que exigió el jefe de prensa.

Las manifestaciones que más molestaron no tienen que ver con causas puntuales, sino con sentimientos legítimos de los fiscales. “Los narcos están sacados. Tienen penas tan altas que condenarlos a 10 o 20 años más les parece un chiste”, le había dicho Haurigot a Noticias. Eso generó controversia. “Es increíble. En las audiencias se nos cagan de risa”, agrega después la joven fiscal. Esas fueron las declaraciones que tanto molestaron.

Por su parte, lo que se le reprocha a Socca es que dijo “no nos matan porque no quieren, no porque no pueden”. Para Iribarren, eso implicó devaluar la autoridad de los funcionarios que deben enfrentar a las bandas narco.

Por ahora, el gremio de los fiscales no se manifestó al respecto. Pero apenas la información fue publicada por el periodista Hernán Lascano en el diario La Capital de Rosario, dirigentes políticos y funcionarios judiciales comenzaron a hacerse eco y protestar por la decisión del Ministerio Público de la Acusación, órgano que pareció más preocupado por el silencio de sus subordinados que por darles contención y dotarlos de más herramientas para la lucha contra el narcotráfico.