El fiscal José Arias redobló su apuesta en post de lograr que el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos corrija procedimientos y decisiones que, a su entender, son irregulares e ilegales, en tanto y en cuanto vulneran tanto la transparencia como la imparcialidad del accionar del organismo en los concursos para seleccionar a los futuros fiscales anticorrupción.
Los primeros reclamos los formuló ante el propio Consejo de la Magistratura. No conforme con las respuestas efectuó presentaciones directamente dirigidas al gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet. Y este miércoles fue por más y denunció al presidente del organismo, Mariano Lino Churruarín, y al secretario, Hernán Jorge, ante la Oficina Anticorrupción y Ética Pública de la Fiscalía de Estado.
No deja de resultar paradójico que el órgano que debe elegir fiscales “anticorrupción” sea denunciado ante una oficina “anticorrupción”. Dicho de otro modo, Arias parece entrever un trasfondo “corrupto” en quien selecciona a los futuros responsables del combate contra la corrupción.
En la presentación formal, el fiscal concordiense atribuye a Churruarín y a Jorge la ejecución de una “serie concatenada de irregularidades” y, puntualmente, maniobras para impedir el acceso a “información pública” oportunamente solicitadas por Arias. Por ejemplo, “Actas de todas y cada una de las deliberaciones del pleno del CMER durante el año 2023” y “escritos, notas, correos electrónicos y/o cualquier otra documentación que contenga las renuncias, excusaciones y/o aceptaciones de cargo que hayan presentado los Jurados Técnicos que fueron designados y convocados en el marco de los Concursos N° 285, 286, 287 y 288”.
Al fundamentar su denuncia, el fiscal, que está inscripto en los concursos para la Fiscalía Anticorrupción, no solo invoca su “derecho subjetivo” sino que también se apoya en el artículo 13 de la Constitución Provincial y el Decreto 1169/2005, que consagran y reglamentan el acceso a la información pública, “derecho fundamental que coadyuva al funcionamiento del sistema democrático”.
“La finalidad del derecho al acceso a la información pública -explica José Arias- es permitir y promover la efectiva participación ciudadana a través de la provisión de la información completa, adecuada, oportuna y veraz (art. 4o del Decreto N°1169/2005), lo cual se encuentra francamente pulverizado por el accionar ilegítimo de los funcionarios Mariano Lino Churruarín y Hernán Jorge quienes no dan tratamiento a las tres peticiones realizadas tendientes a poder acceder a la información mencionada”.
A renglón seguido, insiste: “No puede hablarse de transparencia de la actividad administrativa del Consejo de la Magistratura si, como contrapartida, no se garantiza el acceso a la información pública como derivado del principio de publicidad de los actos de gobierno por lo que no tengo dudas en afirmar que el amañado manejo de estos funcionarios afecta elementales derechos democráticos dado que impide conocer cómo se han gestado y adoptado las decisiones adoptadas en el CMER (deliberación y votación) lo que sólo surge de las actas que se reclama conocer”.
En su presentación, Arias denuncia un llamativo cambio en los procedimientos rutinarios del Consejo de la Magistratura, introducidos justamente a partir de los concursos para fiscales anticorrupción: “Resulta oportuno resaltar que luego de iniciados los concursos públicos N°285, 286, 287 y 288 para cubrir los cargos de la Fiscalía Anticorrupción -dice- el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos ha dejado de publicar en su sitio web oficial las actas de sesión del Pleno del CMER siendo su conducta claramente contraria a la anteriormente mantenida durante largo tiempo lo que viene a incrementar las dudas sobre la transparencia de todo este proceso concursal”.
En la última parte del escrito que ingresó este miércoles a la Oficina Anticorrupción y Ética Pública de Fiscalía de Estado, Arias informa que ha “interpuesto recurso de queja por retardo (art. 72, LPA) ante el Poder Ejecutivo Provincial a fin de que subsane el ilegítimo accionar del Dr. Mariano Lino Churruarín y del Dr. Hernán Jorge como autoridades del Consejo de la Magistratura el cual tramita bajo el expediente R.U. N° 2.866.470, sin que a la fecha el Sr, Gobernador de la Provincia de Entre Ríos, Cdor. Gustavo Bordet, se haya pronunciado al respecto”.
(El Entre Ríos)
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