Un estudio realizado por docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), agrupados en el espacio Unidad por la Universidad (UxU) y Surplus (Grupo de Estudios), ambos de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística, alertó sobre la grave situación actual de las universidades públicas y las proyecciones para 2025, según el presupuesto presentado por el presidente Javier Milei.

“Las reglas fiscales tienen por objetivo limitar la discrecionalidad en la administración de las cuentas públicas frente a los cambios de gobierno. Tanto países avanzados como emergentes poseen reglas fiscales en materia de gasto, deuda, ingresos y equilibrio fiscal (o al menos una de ellas). De hecho, Argentina posee la Ley 25.152 que en su artículo 2 enmarca determinadas reglas a seguir que, sin embargo, sistemáticamente se suspenden en cada presupuesto que se presenta (este último inclusive)”, señalaron a poco de iniciar el documento al que accedió ANÁLISIS.

Los docentes agrupados sostuvieron que el proyecto de gobierno del Ejecutivo nacional tiene que ver con “mostrar una tendencia a la baja del gasto público de manera sostenida y, así, blindar el equilibrio presupuestario independientemente de cuál sea la coyuntura de la economía, es decir, lleva a un concepto del gasto como “procíclico” desconociendo completamente todas las recomendaciones en términos de política fiscal que se suelen hacer en esta materia Es ampliamente sabido que las políticas procíclicas en contextos recesivos como el actual, irán en detrimento de la producción y el empleo, lo cual indefectiblemente redundará en una baja en la recaudación, lo que hará quebrar incluso el objetivo buscado de equilibrio. Esto es ignorado ciegamente por la política presupuestaria del gobierno nacional”.

“Podemos decir que el Presupuesto 2025 propone una significativa reducción en la inversión educativa, especialmente en la educación básica, priorizando funciones específicas como los comedores escolares y un nuevo Plan de Alfabetización (sumado a la política de vouchers en la educación privada), al mismo tiempo que elimina o reduce drásticamente otros programas educativos esenciales. Es fundamental advertir que la política de vouchers podría ampliar la brecha de recursos entre instituciones públicas y privadas, generando una transferencia de recursos que resulta muy injusta desde el punto de vista distributivo. Seguimos esperando la argumentación sobre cómo este ajuste mejorará los procesos de enseñanza y aprendizaje. Además, la tradición de las instituciones públicas como espacios de encuentro para todas las clases sociales, sin importar el ingreso y/o origen, es una característica propia de Argentina que consideramos crucial preservar”, manifestaron más adelante.

El grupo Unidad por la Universidad (UxU) y Surplus (Grupo de Estudios) analizó que el presupuesto “apunta a profundizar las políticas que viene llevando adelante el gobierno de Milei. El vaciamiento universitario a través del presupuesto tiene objeto de política no declarada privatizar la universidad, esto es algo que el presidente ha reiterado en varias ocasiones antes de llegar a la presidencia. Existen diversos antecedentes en el mundo que han ido en tal sentido. Uno que podemos mencionar es el caso chileno durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), cuando se implementaron reducciones significativas de financiamiento público de la educación. El sistema educativo fue descentralizado, se transfirió la administración de las escuelas públicas a los municipios, generando grandes desigualdades. Poco a poco se incentivó explícitamente la privatización del sistema educativo en general, con mayor fuerza en los niveles secundarios y universitarios, lo que derivó en un modelo de financiamiento basado en la competencia entre instituciones públicas y privadas a través del cobro de aranceles. Como resultado, aumentó la matrícula en instituciones privadas y el endeudamiento estudiantil se incrementó de manera significativa”.

Más adelante, en el documento los docentes destacaron que “en nuestro propio país esto ya se llevó a cabo durante la década de 1990, bajo la gestión de Carlos Menem, cuando se implementaron políticas neoliberales que incluyeron la descentralización del sistema educativo a través de la Ley Federal de Educación de 1993, con medidas como la transferencia de la administración de las escuelas públicas a las provincias sin garantizar el financiamiento necesario. Esto provocó un deterioro en la calidad de la educación pública y un crecimiento del sector privado, particularmente en áreas urbanas, exacerbando las diferencias socioeconómicas y regionales en el acceso a una educación de calidad”.

Sobre el final de trabajo, el espacio reflexionó: “Cada uno de los ejemplos mencionados anteriormente demuestra cómo el desfinanciamiento de la educación pública puede abrir el camino a procesos de privatización y mercantilización del acceso a la educación, con impactos negativos sobre la equidad y la calidad del sistema educativo. La privatización tiende a crear desigualdades, afectando especialmente a los sectores más vulnerables de la sociedad, que ven restringido su acceso a una educación de calidad”.

“La situación que atraviesa hoy el sistema educativo en su totalidad es sumamente grave. Los efectos a corto plazo de estas políticas pueden ser nefastos (pérdida de días de clases, caída en la calidad educativa, “fuga de cerebros”, fenómeno que ya sucedió en los 2000, donde numerosos científicos e investigadores debieron irse del país o abandonar sus carreras en búsqueda de otras alternativas que les permitieran sobrevivir), incluso con un adecuamiento de los gastos de funcionamiento -incluyendo salarios-, los efectos a largo plazo pueden ser completamente destructivos”, plantearon.

Y concluyeron: “A lo largo del presente documento hemos presentado un análisis exhaustivo del apartado educativo del presupuesto y las implicancias que tendrán la aplicación del mismo. No obstante, con todos los lineamientos de política educativa que consideramos muy nocivos para el pueblo argentino, queremos remarcar que no se trata la precedente argumentación de una corporativa o facciosa, como el presidente siempre parece remarcar a quienes formamos parte de las instituciones públicas. Argumentamos como lo hacemos porque creemos que en la Universidad -de la cuál somos parte- se encuentra uno de los baluartes de una Argentina con posibilidades de ascenso social, superación económica y elevación intelectual de todos los habitantes que deseen formar parte de este territorio. Todo es perfectible siempre, pero creemos fervientemente que vaciar la Universidad Pública y gratuita es vaciar el espíritu que hace grande esta nación. De esta forma, se borra toda posibilidad de una Argentina con más y mejores profesionales, con mejores empleos para sus ciudadanos y ciudadanas, pero sobre todo, la idea de una Argentina en donde la educación asegure la igualdad de oportunidades y no una donde todo se haga cada vez más dispar”.

A continuación, el informe completo: